Bloomberg Línea — El Gobierno de Costa Rica presentó recientemente una estrategia en materia de finanzas públicas, llamada Hacienda en acción: Trazando la prosperidad fiscal, que busca “ordenar y hacer más progresivo el pago de tributos” en el país centroamericano.
La iniciativa solo cuenta con el apoyo de la fracción oficialista de la Asamblea Legislativa, y la oposición, representada por Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberal Progresista y el Frente Amplio, ha dicho estar en contra de aumentar los impuestos a la clase media, esto a pesar de que el presidente Chaves asegura que la propuesta no plantea aumentar más los impuestos.
En cadena nacional el domingo 21 de mayo, Chaves recordó que durante su campaña se comprometió, entre otras cosas, a combatir la evasión fiscal, a luchar contra la desigualdad del ingreso y a no subir impuestos.
“Cumplo con mi palabra, pero les vengo a advertir que ya salieron las voces del odio, mentirosas y serviles de los ricos de este país”, dijo el mandatario, quien estuvo acompañado del ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
El gobierno asegura que pretenden revertir la concentración de la riqueza que, según Chaves, “destruyó la equidad en los últimos 40 años y nos hizo uno de los países más desiguales del mundo”.
Desde el anuncio de la propuesta, diferentes sectores se han pronunciado, entre ellos, la Cámara de Comercio de Costa Rica, gremio que recomendó al Ejecutivo buscar los mecanismos que eviten que las empresas sigan operando en la informalidad, y evitar medidas que buscan siempre la fiscalización del sector formal y no del informal.
“Es necesario aumentar la base de contribuyentes para sacar de la informalidad a aquellas empresas que operan al margen de las obligaciones tributarias y, en vez de pensar en incrementar, se debe disminuir la carga tributaria y social a aquellas que cumplen con sus obligaciones y generan el 87% del empleo del país”, dijo en un comunicado.
La propuesta fiscal de Rodrigo Chaves
El plan integral de la propuesta fiscal se basa en tres pilares principales: la contención y reducción del gasto público, un plan de financiamiento de largo plazo y la equidad, y eficiencia del sistema tributario.
Para ello, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, presentó cinco proyectos de ley:
1.- Proyecto de nueva ley (expediente 23.760) que reforma la Ley del impuesto Sobre la Renta, enfocada en gravar la capacidad económica real de las personas, mediante tres tributos: impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre la renta de personas jurídicas e impuesto sobre la renta de no residentes.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este tributo gravará las rentas de fuente costarricense derivadas del trabajo personal dependiente, pensiones, ejercicio de actividades económicas, así como las rentas pasivas generadas en el territorio nacional y fuera de este, y será aplicado a personas residentes en el país.
Impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Este tributo gravará las rentas de personas jurídicas y entidades que sean residentes fiscales en el país. El gravamen recae sobre las rentas de fuente costarricense, incluyendo aquellas resultado de una actividad económica, las rentas y ganancias de capital.
Impuesto sobre la renta de no residentes. Se propone un impuesto que recaiga sobre las rentas de fuente costarricense, obtenidas por los contribuyentes que sean no residentes fiscales en el país.
2.- Proyecto de ley para reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (expediente 23.759), con el que se pretende “ampliar los supuestos de responsabilidad tributaria para el cobro efectivo de deudas”.
Además, se buscará simplificar el procedimiento fiscalizador, principal mecanismo para la lucha contra la evasión y fraude fiscal. También, se pretende fortalecer las normas que regulan las facultades de control tributario y se ajustan algunas sanciones.
Finalmente, se mejorará el acceso a las facilidades de pago y se establece un proceso de cobro ejecutivo sin intervención judicial”.
3.- Proyecto de ley para modificar la forma en que, anualmente, se estima el cargo del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves (principal monto del marchamo), y tiene como objetivo establecer nuevas reglas con respecto a cada uno de los elementos estructurales de este impuesto.
4.- Proyecto para la evaluación de algunas exoneraciones fiscales (expediente 23.763) que pretende darle herramientas al Poder Ejecutivo para evaluar de forma periódica las exoneraciones en boletos aéreos, alquiler de vehículos, así como la tarifa reducida en el equipo médico y la exoneración de la madera en troza.
5.- Proyecto para crear una sola dependencia del Ministerio de Hacienda que centralice las funciones de gestión de la deuda pública a través de la Dirección de Gestión de la Deuda Pública (expediente 23.762).
