San Pedro Sula — El proyecto de Ley de Justicia Tributaria, impulsado desde el Poder Ejecutivo de Honduras y remitido recientemente al Congreso Nacional para su discusión, ha dividido a los distintos sectores de la sociedad.
La iniciativa pretende reformar el sistema tributario, basándose en el principio de progresividad que implica que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana.
También busca mejorar la distribución de la carga fiscal a través de la eliminación de exoneraciones que se han otorgado por décadas y otras acciones encaminadas a frenar la evasión fiscal.
Sin embargo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a través de su presidente Mateo Yibrín, considera que si bien están de acuerdo con los controles para evitar abusos en materia tributaria, “el proyecto, en la forma como está planteado, tendrá repercusiones en los empleos y las inversiones ya sean grandes o pequeñas”.
El martes 9 de mayo, unos 15.000 trabajadores del sector agroindustrial de la zona sur del país salieron a protestar en contra de la aprobación de la Ley. “Diputados, votar por la Ley Tributaria es empobrecer a nuestro pueblo”, se leía en una de las lonas desplegadas por un grupo de los manifestantes.
Al respecto, en un tuit, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, calificó la protesta como “pretensiones de anarquizar la sociedad e impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria”, por lo que convocó de emergencia para el día siguiente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
El CNDS es una instancia en la que participan los tres poderes del Estado más el Fiscal General, el secretario de Seguridad y el secretario de Defensa, todos subordinados a la Presidencia de la República, con base en una Ley Especial establecida en el decreto 239-2011.
Un sabor intimidatorio
En esa reunión, la mandataria dijo que “las provocaciones ocurridas” en Choluteca pusieron “en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado” y ordenó una investigación exhaustiva de los hechos.
Castro dijo que “empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados y seguidores para movilizarse en las calles en contra del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria para impedir que esta ley sea discutida y aprobada”.
La presidenta también ordenó identificar con los medios probatorios “a los responsables de instigar, manipular y financiar dichas conductas que afectan los derechos de la ciudadanía, contrarias a la Ley y que forman parte de una campaña para manipular información y desprestigiar las acciones del Gobierno”.
En respuesta, Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Cohep, dijo que “la empresa privada no está financiando marchas, no está financiando ninguna campaña relacionada con el desprestigio, con la desinformación o manipulación de la información sobre la Ley de Justicia Tributaria”.
El abogado y analista Raúl Pineda Alvarado dijo a medios locales que la instrucción al CNDS deja “un inevitable sabor intimidatorio” y que “definitivamente no se crea un ambiente favorable para la aprobación de la ley”.
Sobre ello, la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, apuntó que “la población puede salir a las calles a realizar manifestaciones, pero de manera pacífica” y aseguró que “en ningún momento se ha girado la instrucción de reprimir a alguien en el marco del ejercicio de protesta”.
Gobierno dice que hay desinformación
En un evento en Lepaera, Lempira (al occidente del país) el viernes 12, la presidenta Castro lamentó que “la empresa privada esté malinformando o distorsionando la realidad de lo que dice la misma Ley de Justicia Tributaria”, un criterio que afines del gobierno comparten.
Sin embargo, lo sucedido también derivó en la renuncia el 23 de abril del secretario de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, quien públicamente se había mostrado crítico a los planteamientos de la propuesta tributaria.
“Este proyecto así como está establecido tendrá un impacto negativo en la capacidad del país de generar empleo y reducir la pobreza, por eso es importante que no solo tenga énfasis en eliminar los abusos, pero hay que agregarle los elementos de competitividad”, dijo el ahora exfuncionario.
También instó a que tenga una “verdadera socialización. ¡No sigamos con las malas prácticas del pasado!”
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estableció una Comisión Dictaminadora del proyecto de ley la cual está compuesta por nueve diputados, tres de ellos, del oficialista Libertad y Refundación (Libre).
“Vamos a hacer los debates necesarios. Vamos a socializar como se debe socializar, porque esta Ley de Justicia Tributaria es una responsabilidad de nosotros en nombre del pueblo”, dijo Redondo.
Esta semana, la Comisión, acompañada de funcionarios del SAR, comenzó a socializar la Ley con diferentes sectores.
“Obviamente, como la Ley es de carácter fisca,l siempre tienden no solo a crear polémica, sino que afectan intereses y por eso ustedes han visto una oposición bastante fuerte”, dijo el presidente de la Comisión, Hugo Noé Pino.
El legislador del oficialista Partido Libre aseguró que el proyecto de Ley es objeto de la peor compaña de desinformación en los últimos 20 años. También funcionarios del SAR, a través de sus redes sociales, han etiquetado como “información falsa” noticias de medios nacionales referidas al tema.
Estos roces tuvieron otro giro a raíz de una publicación de El Heraldo, en la que informó sobre el desembolso de 142.000 lempiras (HNL), unos US$ 5.777, para el blindaje de una camioneta de uso personal por parte de un funcionario del SAR.
En reacción, la entidad dijo que se determinó reforzar las medidas de seguridad, incluyendo el blindaje del vidrio frontal y la instalación de luces y sirenas de una camioneta propiedad del Estado, a raíz de amenazas a muerte que recibieron el ministro (Marlon Ochoa) y el viceministro (Christian Duarte) del SAR por su trabajo en relación con la revisión de las exoneraciones y la auditoría a los contratos de energía eléctrica.
“Las denuncias públicas realizadas por el SAR afectan intereses de grupos económicos vinculados a actos de corrupción público-privada, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, que en el pasado ya han asesinado funcionarios públicos”, dijo el SAR en un comunicado emitido en redes sociales.
Entre tanto, las audiencias públicas entre la Comisión del Congreso Nacional, organizaciones de sociedad civil, académicas y diversos sectores de la empresa privada seguirán hasta el 19 de mayo, según el calendario.
