Bloomberg — Aunque las autoridades estadounidenses están registrando cifras históricas de llegada de migrantes a la frontera con México, no se ha producido una disparada tras la expiración de las restricciones fronterizas de la época de la pandemia, conocida como Título 42.
“Seguimos encontrando altos niveles de no ciudadanos en la frontera, pero no hemos visto un aumento sustancial durante la noche ni una afluencia a medianoche”, declaró el viernes a la prensa Blas Núñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza y de Inmigración.
Nuñez-Neto declinó dar el número concreto de encuentros que se produjeron el viernes después de que se levantaran oficialmente las restricciones. No obstante, las autoridades dijeron que en los últimos días el número se situó en un máximo histórico de 10.000 diarios.
Los funcionarios de la administración Biden expresaron su preocupación por que una serie de cuestiones legales, entre ellas un juez federal de Florida que impidió que se liberara a los migrantes de la custodia de la Patrulla Fronteriza sin avisos judiciales, pudieran sobrecargar aún más los recursos e impedirles ejecutar sus planes.
Núñez-Neto dijo que la administración acataría la sentencia, pero está evaluando sus próximos pasos, que podrían incluir una apelación.
La decisión judicial “provocará un hacinamiento inseguro” en las instalaciones de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos “y mermará nuestra capacidad de procesar y expulsar eficazmente a los migrantes, con el riesgo de crear condiciones peligrosas”, afirmó.
La situación en la frontera amenaza con asestar un duro golpe al presidente Joe Biden. Apenas dos semanas después de anunciar su candidatura a la reelección, Biden ya está lidiando con bajos índices de aprobación, un enfrentamiento con los republicanos sobre el aumento del límite de la deuda estadounidense y dudas sobre si el presidente estadounidense de más edad de la historia es capaz de guiar a la nación durante otros seis años.
La inmigración ha sido un albatros político para Biden, con los republicanos e incluso algunos compañeros demócratas cuestionando si la Casa Blanca estaba preparada para gestionar la afluencia de inmigrantes.
El gobierno de Biden ha rechazado la idea de que se le haya pillado desprevenido, promocionando medidas diseñadas para frenar el número de personas que viajan a la frontera.
El martes, Biden reconoció que “va a ser caótico durante un tiempo”, pero subrayó que él y su administración han hablado con los líderes regionales, incluido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuyo país ha acordado aceptar cierto número de migrantes expulsados de Estados Unidos.
El miércoles, la administración ultimó un importante cambio en la política de asilo, facilitando a los agentes estadounidenses la expulsión de los solicitantes de asilo que no soliciten primero protección en un país por el que hayan viajado, no concierten una cita con las autoridades de inmigración estadounidenses y no cumplan otros requisitos. Esto permitiría a las autoridades expulsar rápidamente a los inmigrantes tras perder su capacidad de devolverlos rápidamente en virtud del Título 42.
Sin embargo, la normativa se enfrenta a una impugnación judicial por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, que afirman que viola la legislación estadounidense e internacional que protege el derecho de las personas a solicitar asilo.
Las autoridades estadounidenses también están trabajando para establecer centros de tramitación en países latinoamericanos y se han coordinado con organizaciones internacionales para examinar a los migrantes. Sin embargo, esos centros aún no están en funcionamiento.
La administración permitió a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicitar un estatus temporal conocido como libertad condicional humanitaria, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años. Texas y otros estados liderados por los republicanos han interpuesto una demanda para detener el programa.
En la frontera, se enviaron 1.000 agentes de asilo más a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza para tramitar las solicitudes de asilo y 1.500 militares estadounidenses estarán allí para ayudar en las tareas logísticas. También se están enviando a la frontera suroeste unos 1.400 miembros del personal médico y 1.100 coordinadores de tramitación.
Biden ha estado al tanto de los acontecimientos en la frontera. El jueves se reunió con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y con otros funcionarios para hablar de la situación. Mayorkas ha desempeñado un papel destacado en la respuesta, viajando a la frontera del sur de Texas y advirtiendo repetidamente a los migrantes de que no emprendan el peligroso viaje hacia el norte en una serie de comparecencias ante los medios de comunicación.
La directora saliente de política interior de Biden, Susan Rice, ha supervisado las medidas de política de inmigración de la administración. La vicepresidenta Kamala Harris, a quien se encomendó la tarea de abordar las causas profundas de la migración procedente de Centroamérica, ha sido informada regularmente de los preparativos para el fin del Título 42, según un funcionario de la Casa Blanca.
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