Bloomberg — George Santos, el asediado congresista republicano de EE.UU., fue acusado formalmente por fiscales de lavado de dinero y fraude, así cómo robo de fondos públicos y declaraciones falsas.
La acusación sigue a una investigación de cinco meses de duración que comenzó poco después de su elección en noviembre del año pasado. Echa algo de luz sobre los misterios que rodean al funcionario de 34 años, quien logró la victoria en base a lo que decía era un historial lleno de logros en Wall Street, pero que resultaron ser casi todos falsos.
Santos comparecerá el miércoles por la tarde ante el tribunal federal de Central Islip, Nueva York.
Santos “utilizó contribuciones políticas para llenarse los bolsillos, solicitó ilegalmente subsidios de desempleo que deberían haber ido a parar a neoyorquinos que habían perdido su trabajo a causa de la pandemia, y mintió a la Cámara de Representantes”, declaró en un comunicado Breon Peace, Fiscal del Distrito Este de Nueva York.
Los fiscales alegan que Santos solicitó fondos a donantes supuestamente para su campaña y los utilizó en su lugar para gastos personales, incluida ropa de diseño. También que Santos participó en dos planes delictivos -uno para solicitar contribuciones políticas fraudulentas a sus partidarios y otro para cometer fraude en el seguro de desempleo- y engañó a la Cámara de Representantes y al público sobre sus finanzas en relación con cada una de sus dos campañas al Congreso.
De la pobreza a la riqueza
La improbable historia de Santos hizo saltar las alarmas en el North Shore Leader, un semanario local que cuestionó un “inexplicable aumento” de su patrimonio. Cuando se presentó a las elecciones de 2020, Santos declaró un patrimonio nulo y unos ingresos de US$55.000. Dos años después, aseguró que la cifra era de nada menos que US$11,2 millones, con un sueldo de US$750.000.
No fue hasta después de ser elegido cuando el New York Times desmontó su inventada historia de vida. No trabajó en Goldman Sachs ni en Citigroup, como afirmaba, informó el Times. Nunca se graduó en el Baruch College ni jugó en su equipo de voleibol. Y no era judío.
Mentir a los votantes no es ilegal, y Santos ha calificado las falsedades de meros “adornos” de su currículum.
Pero las declaraciones supuestamente falsas en los informes financieros de su campaña ayudaron a llamar la atención del Departamento de Justicia. Santos declaró que había prestado US$705.000 a su campaña, sin revelar el origen último de esos fondos.
Sus gastos también fueron objeto de escrutinio, ya que su campaña declaró gastos por valor de US$199,99 en 37 partidas. El umbral para exigir recibos es de US$200.
“Ponzi clásico”
Santos declaró que sus ingresos procedían de su salario como director gerente de la Organización Devolder, que, según dijo, era una empresa de introducción de capital que llevaba el nombre de la familia de su madre. Antes de eso, trabajó para Harbor City Capital, una firma de Florida clausurada por la Comisión de Bolsa y Valores de Valores en 2021 por ser un “clásico esquema Ponzi.”
Santos es el quinto miembro del Congreso acusado de delitos federales desde 2017, todos ellos republicanos. Los cargos llegan en un momento precario para los republicanos de la Cámara de Representantes, que controlan la cámara por un margen de solo cinco escaños. Santos es visto como un voto leal para el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, quien, no obstante, dijo el martes que pediría a Santos que dimitiera si era declarado culpable. Santos también podría ser expulsado por dos tercios de los votos de la Cámara, pero hasta el martes una resolución de expulsión sólo tenía 37 copatrocinadores, todos demócratas.
Si Santos es expulsado, su escaño se cubriría en unas elecciones especiales en un plazo de tres meses, en una fecha que fijaría la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Su distrito, que incluye parte de Queens en Nueva York y la mayor parte del condado de Nassau, es de tendencia demócrata.
--Con la colaboración de Bob Van Voris.
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