Bogotá — La incertidumbre política en Colombia derivada de los cambios propuestos podría afectar la confianza empresarial y por ende los niveles de inversión incluso si las reformas del Gobierno de Gustavo Petro no se materializan, alertó la agencia de calificación de riesgo Moody’s en un informe divulgado este lunes.
“Un deterioro de la confianza empresarial hacia Colombia debido a la incertidumbre política podría afectar a los niveles de inversión, perjudicando el crecimiento potencial del PIB”, indica el reporte.
Añade que, “aunque el Congreso de Colombia ha rechazado algunas de las propuestas del Gobierno, los posibles cambios políticos y normativos siguen pesando en el ánimo de los inversores y han contribuido a la volatilidad de los tipos de cambio y las finanzas. El peso colombiano (COP) fue una de las monedas de mercados emergentes con peor comportamiento a principios de 2023, y las primas de riesgo se han ampliado, añadiendo presiones a corto plazo a la asequibilidad de la deuda”.
No obstante, los autores del informe matizan que el Gobierno Petro no cuenta con la mayoría en la Cámara Legislativa y “los entornos institucionales sólidos actuarán como frenos y contrapesos, lo que limitará el riesgo de cambios radicales”.
Además, en abril “su coalición gobernante se rompió tras no llegar a un acuerdo sobre la reforma a la salud, lo que compromete las posibilidades de aprobación” de las mismas.
Con el propósito de acelerar en la aprobación de estas reformas, Petro también hizo cambios en siete Ministerios, incluyendo al jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo.
Sobre la transición energética, Moody’s señala que el plan tendría “implicaciones crediticias sustanciales, positivas para los sectores de infraestructura a largo plazo, aunque también crearía nuevos riesgos y compensaciones”.
La agenda incluye invertir más en energías renovables y menos en infraestructuras de gas natural, y financiar una transición energética con cánones y la eliminación de beneficios fiscales para las empresas petroleras y mineras, recuerda.
“Si la agenda avanza, estas medidas crearían oportunidades de negocio para las empresas eléctricas, pero también implicarían mayores riesgos crediticios para las centrales eléctricas de gas y las empresas de transporte de gas”, explicó.
Se refiere a la estatal petrolera Ecopetrol (ECOPETL) al indicar que “las medidas para acelerar la transición energética pesarían sobre las exportaciones del país” y los ingresos públicos relacionados con el crudo.
De hecho, opina que “los aspectos negativos superarían a los positivos a corto y medio plazo”.
Según cifras entregadas por Moody’s, el petróleo y sus derivados representaron el 33,4% de las exportaciones colombianas en 2022.
Ese mismo año el sector representó US$2.800 millones en inversión extranjera directa (IED).
Además de las reformas en el campo energético, también lanza advertencias sobre los cambios en las empresas de servicios públicos y la intervención en los precios de rubros como la energía, los peajes, entre otros, que “afectan a los costes y entornos operativos de las empresas en diferentes grados”.
Se concentra especialmente en la reforma pensional al considerar que “perjudicaría la disponibilidad de financiación para los bancos y podría aumentar los pasivos por pensiones para el Gobierno a largo plazo”.
“Aunque el gobierno crearía un fondo para neutralizar el impacto de la reforma en el mercado local de bonos, el cambio desplazaría al sector privado en Colombia, limitando la disponibilidad de financiación local para los bancos y restringiendo la oferta de crédito. Sin embargo, un aspecto positivo de la reforma de las pensiones sería la ampliación de la red de seguridad social mediante una transferencia a la población de edad avanzada extremadamente pobre”, dice.
Moody’s considera que “los tribunales judiciales han actuado en el pasado como un control institucional adicional” en Colombia.
“La fortaleza de las instituciones colombianas se refleja en nuestras puntuaciones de gobernanza, con una credibilidad y eficacia de las políticas soberanas y una estructura institucional superiores a la media latinoamericana”, dice.
Pero aun así considera que “algunas de las ambiciosas reformas explican las preocupaciones de los inversores” en la actualidad.
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