Bloomberg — Un nuevo informe del Banco Mundial advierte que la selva amazónica se acerca a un punto de inflexión crítico, más allá del cual partes de su ecosistema dejarán de recibir suficiente lluvia para mantenerse. El hecho, dice el banco, podría costar a la economía de Brasil US$184.000 millones de aquí a 2050.
Según el banco, el cambio climático, la deforestación ilegal y la expansión de las áreas de pastoreo para el ganado dentro de la selva tropical podrían amenazar la producción agrícola, el suministro de agua y la energía hidroeléctrica del país. Los fenómenos meteorológicos extremos ya le cuestan a Brasil una media de US$2.600 millones al año y podrían provocar que entre 800.000 y 3 millones de brasileños cayeran en la pobreza extrema a partir de 2030, según el informe.
El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha comprometido a invertir la tendencia al aumento de la deforestación a medida que la Amazonia se acerca al punto de no retorno. El presidente ha buscado ayuda internacional y ha conseguido que la Casa Blanca se comprometa a destinar US$500 millones al Fondo Amazonia, una iniciativa mundial liderada por Brasil para proteger la selva.
Brasil está actualmente en conversaciones con el Reino Unido, Francia, Japón y la Unión Europea para unirse al fondo, que se inició con Alemania y Noruega en 2008. Sin embargo, el Banco Mundial advierte de que Brasil corre el riesgo de superar el umbral crítico, y el costo previsto de hacerlo equivale a casi el 10% del producto interior bruto del país de 2022.
“Cumplir la promesa del gobierno de frenar la deforestación ilegal y alcanzar las emisiones netas cero en 2050 podría suponer una reducción significativa del dióxido de carbono, lo que ayudaría a preservar ecosistemas vitales para los sectores agrícola, energético y urbano”, señala el informe.
El equipo económico de Lula está estudiando actualmente una propuesta de reforma fiscal, y el Banco Mundial sugiere que Brasil considere un impuesto sobre el carbono para las actividades económicas relacionadas con la minería y la extracción de combustibles fósiles. Estima que un impuesto sobre el carbono podría aportar 150.000 millones de reales (unos US$30.000 millones) anuales a las arcas públicas hasta 2030.
El país también podría impulsar su producción de hidrógeno verde, aumentar sus energías renovables, ampliar las zonas protegidas para incluir a las comunidades indígenas y mejorar las infraestructuras relacionadas con el regadío, entre otras propuestas.
Pero tendrá que seguir recurriendo a fondos privados e internacionales, ya que la necesidad de inversión se eleva al 3,7% de su PIB cada año hasta 2030 sólo para cumplir las promesas de infraestructuras sostenibles, según las proyecciones del banco.
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