Bloomberg Línea — En una nueva presentación judicial, fiscales estadounidenses describieron cómo el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) presuntamente usó dinero del narcotráfico no solo para financiar sus campañas de 2013 y 2017, sino también para “corromper el proceso electoral” y “ganar fraudulentamente” una elección.
El exmandatario hondureño fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 acusado de tres delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. Días después, el 10 de mayo, Hernández se declaró inocente de todos los cargos y se quejó de las condiciones en las que está detenido.
Hernández (de 54 años) permanece en una cárcel de Brooklyn a la espera de su juicio previsto para septiembre de 2023.
En las pruebas hechas públicas este martes, previstas para presentarse en el juicio, los fiscales dicen que JOH le pagó a un funcionario del Partido Nacional para pagar a pandilleros para incitar y cometer actos de violencia en las protestas surgidas en rechazo a los resultados de las elecciones que daban a Hernández como ganador con una ventaja del 1% sobre Salvador Nasralla, quien inicialmente llevaba la delantera con el 57% de los votos escrutados, según el conteo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Como resultado, hubo numerosos enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que se saldaron con un alto número de muertos, señalan los documentos de la Fiscalía.
Antes de las elecciones de 2017, ningún presidente se había postulado para la reelección en Honduras porque las disposiciones de su Constitución limitan a las personas para servir un período presidencial.
En 2015, sin embargo, la CSJ —que controlaba Juan Orlando— emitió un fallo que declaró constitucionales estas prohibiciones de reelección no aplicables a las elecciones presidenciales. La decisión judicial, que de facto eliminó los límites del mandato presidencial, fue fuertemente cuestionada en Honduras.
Según el documento de la Fiscalía, de más de 90 páginas de extensión, durante la campaña de reelección de Juan Orlando, sus cómplices del narcotráfico volvieron a proporcionar millones de dólares de este lícito para asegurar de que se mantuviera en el poder y que la operación de cocaína permanecería protegida.
Las acusaciones de Estados Unidos contra JOH
Estados Unidos acusa específicamente a Hernández de aceptar millones de dólares en sobornos de narcotraficantes desde 2004, y específicamente del Cartel de Sinaloa, liderado en ese momento por Joaquín “El Chapo” Guzmán desde 2012.
Su hermano, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, fue declarado culpable de cargos de tráfico de drogas el 18 de octubre de 2019. En el juicio se conoció que utilizó los millones de dólares que ganó a través del tráfico de drogas y sobornos para ayudar a financiar el Partido Nacional de Honduras, dirigido por su hermano Juan Orlando.
Esto incluyó un soborno de un millón de dólares del exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A pesar de que JOH se comprometió a cooperar con las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos a cambio de ayuda económica a Honduras, también se descubrió que Tony había alertado a los narcotraficantes sobre las redadas nocturnas lideradas por Estados Unidos. Hernández fue acusado de ordenar el asesinato de varias personas.
El 30 de marzo de 2021, Tony fue sentenciado a cadena perpetua por el juez federal de distrito P. Kevin Castel, quien también está asignado al caso de Juan Orlando y de Juan Carlos “Tigre” Bonilla, quien se desempeñó como director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013, y quien fue extraditado en mayo de 2022 para enfrentar cargos de narcotráfico y armas en un esquema similar al del exmandatario hondureño.
Aceptó sobornos de narcotraficantes
La carrera política de Juan Orlando abarcó más de 20 años. En 1998, Juan Orlando fue elegido como congresista por Lempira. Según la Fiscalía, para 2005, cuando aún era congresista, aceptó decenas de miles de dólares en sobornos de Víctor Hugo Díaz Morales, un narcotraficante hondureño que ahora coopera con el Gobierno.
En cambio, Tony Hernández y sus asociados proporcionaron a Díaz Morales información de las fuerzas del orden para facilitar los envíos de drogas.
Por ejemplo, informó sobre operaciones de la Armada de Honduras; esfuerzos de los Estados Unidos para entrenar pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para volar de noche para realizar operaciones antinarcóticos; radar militar capacidades para que los envíos de cocaína en aviones eviten ser detectados; y los esfuerzos de interdicción por ciertos funcionarios de la Policía Nacional.
Basado en parte en la información a cambio de su sobornos, Díaz Morales, junto con Tony Hernández trabajaron juntos para transportar 140.000 kilos de cocaína con destino a EE.UU. a través de Honduras entre 2004 y 2016.
Ni un solo kilogramo de esos 140.000 fue incautado por la policía hondureña y Díaz Morales tampoco fue investigado o arrestado por las autoridades hondureñas a pesar de ser ampliamente conocido por ser un traficante de drogas despiadado, que ahora ha admitido como parte de su cooperación su participación en 18 asesinatos.
En 2009, Juan Orlando comenzó una campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras y Porfirio Lobo Sosa, “Pepe Lobo”, su estrecho aliado político y miembro del Partido Nacional, comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras.
Juntos trabajaron para obtener US$ 2 millones en ganancias del narcotráfico para sus respectivas campañas de Amílcar Alexander Ardón Soriano, alcalde de El Paraíso, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en 2019 tras conocer los señalamientos en su contra por este delito.
