Bloomberg Línea — Cada año, Centroamérica pierde US$ 13.000 millones a causa de la corrupción, es decir, cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según un estudio del INCAE Business School.
También el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (IPC) de Transparencia Internacional, que clasifica a 180 países según las percepciones dentro de sus instituciones públicas, mostró que el 95% de las naciones analizadas, incluyendo a Centroamérica, avanzó muy poco en la lucha contra la corrupción en los últimos años.
Ante los desafíos del combate contra la corrupción, han surgido diferentes propuestas tecnológicas para prevenir y erradicar este flagelo en el sector público y privado.
Una de ellas la lidera la empresa costarricense Capacita, que recientemente lanzó la primera plataforma mundial de servicio streaming de suscripción mensual de contenido anticorrupción.
En entrevista con Bloomberg Línea, André Barrantes, CEO de Capacita, explicó que esta plataforma tiene como objetivo que el acceso al conocimiento para combatir fenómenos como el fraude organizacional y otros ilícitos.
“Ofrecemos un servicio que sea universal y accesible para todas las personas que estén interesadas y que puedan conocer qué es la corrupción y cómo se puede prevenir. El esfuerzo para erradicar la corrupción es un trabajo que todos los ciudadanos debemos tener una cuota de responsabilidad”, dijo Barrantes.
Según el ejecutivo, una estrategia de prevención es clave para mitigar el costo económico que implica la corrupción y potencializar a las instituciones y empresas de Latinoamérica desde el aseguramiento.
De Costa Rica también surgió la startup Snap Compliance, cuyo modelo de negocios busca que todas las empresas, sin distinción de tamaño, puedan contar con una solución que integre la gestión de riesgo operativo, el monitoreo para prevención de lavado de activos, el canal de denuncias, los procesos de verificación en listas de sanciones internacionales y la gestión de sistemas bajo procesos centralizados y colaborativos.
La empresa también tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Chile, con clientes del sector financiero, bancario, seguros, fintech, fideicomisos y otros.
La corrupción en Centroamérica
La región se mantiene estancada en el IPC más reciente de Transparencia Internacional.
En Nicaragua, que ocupó el puesto 167, las violaciones de derechos humanos son desenfrenadas, en medio de una crisis que se acentuó tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron “reelegidos” para un quinto mandato, dice el reporte.
Honduras se mantuvo en el puesto 157, pero hay expectativas por parte de la administración pública ante el convenio de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), del cual prevén tener finiquitado en julio próximo.
A ello se suma la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros para que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) investigue cuentas y patrimonio individual de los Secretarios de Estado.
Guatemala cayó un puesto al lugar 150 y en este año de proceso electoral, programado para junio próximo, la comunidad internacional ha criticado la poca independencia y credibilidad en la inscripción de candidatos, los ataques a la prensa y el hostigamiento a los defensores de derechos humanos.
Caída histórica de Costa Rica
República Dominicana se ubicó en el puesto 123, tras subir dos lugares, gracias a una campaña anticorrupción que mostró algunos resultados positivos, pero aún así se mantiene en situación de estancamiento.
Por su lado, El Salvador también bajó un escalón hasta el puesto 116 y en apariencia el panorama es retador, según la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), al señalar en un informe que no se puede garantizar que la corrupción en el país se enfrentará “venga de donde venga”, con instancias cooptadas totalmente por el gobierno.
Panamá siguió en el puesto 101, y Costa Rica, que recibió su segunda calificación más baja de la historia, mostró la caída más significativa de cualquier país de la región, al caer cuatro puntos y ubicarse en el puesto 48.
En esta baja tuvo influencia las acusaciones de financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves y la exposición de escándalos de corrupción que involucran la presunta malversación de fondos públicos, así como un esquema de soborno que involucró a funcionarios del gobierno.
