Bloomberg Línea — El gobierno remitió esta semana al Legislativo la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, preparada por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), “para combatir la corrupción, los abusos y los privilegios de pocos, a costa de todos”, dijo Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de la Presidencia de Honduras.
Según el gobierno, la iniciativa busca romper “el hilo de la corrupción de los abusos que ha tejido la historia de las exoneraciones durante 150 años”, pero el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) rechazó “de manera contundente cualquier acusación de malas prácticas, y siempre exigiremos el respeto de los derechos consagrados en la Constitución de la República y en la Convención Americana de los Derechos Humanos”.
Al momento de hacer pública la propuesta de Ley, el SAR alertó que Honduras podría convertirse en un paraíso fiscal formalmente declarado, si no toma las medidas necesarias para revertirlo.
En la actualidad, funcionan 18 regímenes de exoneraciones fiscales, incluido el derogado régimen de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), “que permiten a las empresas realizar prácticas de planificación y evasión fiscal”, dijo Marlon Ochoa, secretario director del SAR. El funcionario agregó que cada año el Estado de Honduras perdona a estas empresas exoneradas un monto cercano al 8% del PIB, uno de los más altos del continente.
¿Qué propone la Ley de Justicia Tributaria?
Según el subdirector del SAR, Christian Duarte, “la normativa vigente en el país fue construida para permitir la fuga de capitales y la evasión de impuestos”.
El funcionario agregó que las empresas exoneradas están exentas de presentar declaraciones de precios de transferencia según el decreto legislativo 117-2021, persiste el secreto bancario, el país comparte información tributaria con apenas cinco jurisdicciones extranjeras y no cuenta con un marco normativo adecuado que permita la gestión e intercambio expedito de información con más jurisdicciones extranjeras.
También, desde 2019, la Administración Tributaria no realiza fiscalizaciones de precios de transferencia ni investigaciones tributarias internacionales sobre planificación fiscal y erosión de la base imponible.
La Ley de Justicia Tributaria propone la creación de dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales: el régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (RINDE) y el régimen de Zonas Francas.
El primero “orientado a fomentar el crecimiento de la industria y el mercado nacional”, y el segundo “destinado a atraer inversiones extranjeras y fomentar la participación de la industria nacional en los mercados externos”.
El funcionario dijo que “ambos regímenes se concatenan con los 15 rubros priorizados, lo cuales identifican actividades productivas generadoras de empleo como la agricultura, construcción y los talleres de reparación, o que son estratégicas para el desarrollo económico del país, como la infraestructura y la energía”.
En una conferencia de prensa reciente, Duarte dijo que el RINDE generará empleo y atraerá inversión privada, al ofrecer dos beneficios principales: la posibilidad de realizar una depreciación acelerada de bienes y maquinaria en un período reducido de 5 años, en segundo lugar, una súper deducción del 200% del gasto en salarios.
En tanto, el régimen de Zonas Francas fomentaría la inversión extranjera directa (IED); promovería las exportaciones y aumentaría la competitividad del país; generaría empleo; y se obtendría una mayor generación de divisas.
Análisis del Cohep a la Ley de Justicia Tributaria
En un comunicado de prensa emitido esta semana, el Cohep dijo que el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional coloca a Honduras “en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región”.
También denunció la “constante hostilidad” del gobierno hacia la empresa privada, que “sólo genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra economía y en Honduras como destino de inversión”.
La cúpula empresarial reconoció que el país demanda reformas tributarias profundas, “pero estas deben de ir acompañadas del esfuerzo de la empresa privada que permita dinamizar la economía en cuanto a su formalización, ampliando con ello la base de obligados tributarios que permitiría al Estado obtener más ingresos fiscales por medio de las inversiones”.
