En la noche del martes 25 de abril cuatro altos funcionarios de la entidad financiera boliviana, Banco Fassil, fueron detenidos por la presunta comisión de delitos financieros. El presidente ejecutivo, el gerente general y dos ejecutivos más fueron llevados a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Santa Cruz.
La orden de detención fue emitida por la fiscal Carmen Guzmán Sandías, después de una denuncia presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). De hecho, ASFI intervino el organismo esta mañana.
Según informó el diario El Deber, el Ministerio Público informó los ejecutivos que son investigados por autorizar una línea de crédito a una joven de 18 años de edad, que desde 2021 hasta la fecha logró acceder a un monto de más de Bs 9 millones en crédito bancario.
Asimismo, oficiales indicaron que se dispuso la intervención porque el banco incurrió en la causal establecida en el inciso a) artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros, por el incumplimiento en el pago de obligaciones.
Entre los aprehendidos se encuentra el presidente ejecutivo Ricardo M. O.; el gerente general Jorge Arturo Ch. V.; y los ejecutivos Hermes Hugo S. C. y Hernán S. V. D.
La intervención estatal
ASFI ya venía siguiendo de cerca el caso de Banco Fassil y, de hecho, la entidad había asegurado a los ahorristas que nadie perdería sus tenencias. Luego de la intervención, ASFI colocó a Carlos Alberto Colodro como interventor del Estado ante la entidad financiera.
El nombramiento fue llevado a cabo por el director nacional de la ASFI, Reynaldo Yujra Segales, en la oficina central del Banco Fassil. Yujra Segales anunció que el organismo decidió disponer la intervención del Banco Fassil al haberse verificado que incurrió “en la causal de intervención establecida en el inciso a, artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas y exigibles contraídas con sus clientes financieros, depositantes, conforme a los fundamentos de la resolución”.
A partir de la intervención, las operaciones financieras del banco serán suspendidas por un periodo “no mayor” a 30 días, prorrogable por una sola vez.
Además, la resolución de intervención señala que: “Durante la intervención quedarán suspendidos automáticamente los derechos con relación a la entidad intervenida de los accionistas y de sus acreedores”.
