David Boies había cumplido 76 años y pensaba en jubilarse cuando recibió una llamada de un viejo amigo, un inversionista llamado Bill Duker, sobre una oportunidad potencialmente lucrativa. Duker había aceptado recientemente financiar un audaz pleito, y quería que Boies, quizá el abogado de más alto perfil de Estados Unidos, se uniera a él. Duker le comentó a Boies que había recibido pruebas de que las subastas que Venezuela utiliza para vender su petróleo habían sido sistemáticamente arregladas durante una década o más, privando al país económicamente asediado de miles de millones de dólares. Entre los beneficiarios de la trama, según Duker, se encontraban Glencore, Trafigura y Vitol, las tres mayores empresas de comercio de materias primas del mundo, con unos ingresos anuales combinados de US$1 billón. Duker y sus socios planeaban demandarlas, en lo que sería una de las mayores acciones civiles privadas de EE.UU.
Duker explicó que el caso giraba en torno a una vieja computadora portátil que había pertenecido al presunto cerebro de la conspiración, Francisco “Squito” Morillo, un venezolano desaliñado que se había impuesto como una especie de intermediario no oficial entre la petrolera estatal venezolana y algunos de sus principales clientes. La computadora contenía material explosivo, como conversaciones en aplicaciones de mensajes instantáneos en los que se discutía información confidencial y extractos de cuentas de empresas extranjeras que habían efectuado pagos cuantiosos e inexplicables a familiares de ejecutivos petroleros venezolanos. Había llegado a manos de Duker a través del acérrimo rival de Morillo, Wilmer Ruperti, un magnate venezolano que lucía medallones y fumaba puros y que la había obtenido de la exesposa de Morillo.
La invitación de Duker llegó en marzo de 2017, en un momento difícil para Boies. Alguna vez aclamado por ayudar al Gobierno a dividir a Microsoft Corp. y liderar el caso civil que dio paso al matrimonio entre personas del mismo sexo, Boies había empezado a adquirir otro tipo de fama cuando Theranos, la startup de análisis de sangre en la que formaba parte del consejo de administración, fue expuesta como un fraude. Poco después, Harvey Weinstein, uno de sus clientes, sería exhibido como depredador sexual. En ambos casos, Boies fue criticado por acosar a periodistas y denunciantes en un esfuerzo por suprimir la cobertura mediática. Los colegas de su bufete, Boies Schiller Flexner, le aconsejaron mantener un perfil bajo pero mientras más envejecía, más abrazaba la controversia.
Aun así, incluso para alguien del talante de Boies, había razones para ser cauteloso. Por un lado, Duker, un antiguo colega de Boies en Cravath, Swaine & Moore, había perdido su licencia legal y pasado tres años en prisión en la década de 1990 por inflar honorarios. Y el propio Ruperti, impulsor del plan, había sido declarado culpable de fraude en el Reino Unido. Por si fuera poco, el cliente sería el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, un régimen cuya corrupción, brutalidad y hostilidad a la democracia le habían hecho objeto de sanciones estadounidenses.
Boies no pestañeó. “Si estuviera influenciado por percepciones externas, no habría aceptado la mitad de los casos que he tomado”, dijo a Bloomberg Businessweek en el transcurso de dos llamadas de una hora de duración. “Este era un caso extremadamente importante, no solo para el pueblo venezolano, cuyos recursos estaban siendo saqueados, sino que también era una oportunidad para exigir responsabilidades a empresas que violaban toda norma civilizada de comportamiento.”
También había otras motivaciones en juego. Tras bambalinas, Boies, Duker y socios de Ruperti estructuraron la demanda de tal manera que, si tenían éxito, se llevarían dos tercios del botín, una posible suma de diez dígitos. Después de 50 años representando a empresas multinacionales, titanes de Wall Street y aspirantes a la presidencia, Boies se enfrentaba a un encargo que podía ser el más rentable para él a nivel personal.
La demanda aterrizó en los juzgados de Miami en marzo de 2018. Entre los más de 40 acusados de uso de información privilegiada, soborno, crimen organizado y lavado de dinero se encontraban empresas de la talla de Glencore Plc y Trafigura Group Pte, así como altos cargos de las compañías. Ambas partes contrataron a más de 70 abogados, muchos de ellos socios principales de bufetes prestigiosos, preparando el escenario para un juicio explosivo. Pero un año después el caso fue desestimado entre acusaciones de avaricia e incompetencia por parte de Boies y su equipo. Con el sobreseimiento murió la oportunidad de desenterrar la verdad sobre las subastas de Venezuela y recuperar miles de millones de dólares para un país que sufre una crisis humanitaria.
Esta investigación sigue el desenlace del caso Boies y lo retoma donde lo dejó. A partir de material de la computadora de Morillo que no había sido revelado antes, documentos inéditos recopilados por los investigadores, registros financieros filtrados y más de un centenar de entrevistas, cuenta la historia de cómo Morillo construyó su imperio a la sombra del régimen socialista de Venezuela y cómo lo destruyó una mujer que creía haber sido agraviada. Muchas de las personas entrevistadas pidieron no ser identificadas debido a las investigaciones en curso o por temor a repercusiones, pero sus relatos —combinados con las pruebas disponibles—respaldan la afirmación central de la demanda: que durante muchos años, Venezuela fue saqueada en beneficio de Morillo y de un puñado de sus clientes en algunas de las empresas más ricas del mundo. Hasta ahora, nadie ha rendido cuentas.
Francisco Henrique Morillo nació en 1980 en el seno de una familia acomodada de la región petrolera de Zulia, al noroeste de Venezuela. Su abuelo, del mismo nombre, fue presidente de un banco, vicerrector de una universidad y miembro del Tribunal Supremo regional. Su padre era ejecutivo de una empresa constructora. Cuando ambos fallecieron en rápida sucesión y su madre se volvió a casar, Morillo fue enviado a la academia militar Riverside en Gainesville (Georgia), donde recibió un corte de pelo al ras y novatadas brutales. Se adaptó y no tardó en ganar dinero comprando cigarrillos en cajas en una gasolinera y vendiéndolos a US$5 el paquete.
Dos años más tarde, Morillo regresó a Caracas para cursar el bachillerato y se enamoró de Vanessa Acosta Friedman, una rubia llamativa y seria con una firmeza a la altura de la suya. Con sus compañeros de clase, Morillo podía ser violento y revoltoso, según contaba Acosta Friedman a los miembros del equipo de demandantes, pero con ella era cariñoso, incluso sensible.
La trayectoria profesional de Morillo se forjó durante un encuentro fortuito en un campo de golf cuando tenía 19 años. Mientras esperaban para dar el primer golpe, él y Acosta Friedman se fijaron en un hombre de unos 40 años que surcaba el campo con rabia. Era Ruperti. Los tres se hicieron amigos, y Ruperti ofreció a Morillo un trabajo en su pequeña empresa de transportes. “Eran como una extensión de mi familia”, dice Ruperti (Morillo declinó ser entrevistado para este reportaje o hacer comentarios sobre una lista de datos facilitada por ).
En 1998, el año en que Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez, la industria petrolera venezolana volaba, produciendo el 5% del suministro mundial. Ruperti se coló a la acción pidiendo favores para ayudar a una entonces modesta empresa holandesa llamada Trafigura —hoy en día la segunda mayor comercializadora de petróleo del mundo— para asegurar el acceso a los puertos de Venezuela. Impresionada, la empresa contrató a Ruperti para ampliar sus operaciones en Caracas. Morillo se fue con él.
Trafigura acabó separándose de Ruperti luego de que éste organizara demasiadas fiestas lujosas. Morillo se quedó, pero siguió trabajando con su mentor, incluso —y según consta en registros judiciales— en un acuerdo que traería un conflicto legal a Ruperti. En 2002, Ruperti consiguió que una empresa rusa arrendara barcos a la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Los rusos pensaban que suministraban los buques a PDVSA directamente, pero en realidad su contrato era con una empresa de nombre similar que Ruperti había creado. Según un juez británico, Ruperti ganó US$60 millones cobrando más de lo que facturaba. “Los altos directivos de Novoship y PDVSA, así como los Gobiernos ruso y venezolano, estaban al tanto de mi estrategia para contratar buques de esta forma”, afirma Ruperti, que llegó a un acuerdo no revelado con la empresa rusa.
Es difícil exagerar la importancia de PDVSA para la economía venezolana: representa aproximadamente el 95% de los ingresos del país procedentes del extranjero. Cuando Chávez llegó al poder, trató imponer control sobre la empresa sustituyendo a sus directivos por leales al partido. En respuesta, miles de directivos de PDVSA se retiraron y barcos petroleros bloquearon un crucial canal marítimo. Durante este tiempo, Morillo consiguió un trabajo en el enclenque departamento de comercio de PDVSA, donde hizo conexiones que apuntalarían su éxito futuro. Ruperti, por su parte, ayudó al Gobierno a romper la huelga trayendo gasolina de Rusia, ganándose el favor de Chávez y adelantándolo en la fila de los contratos para transportar petróleo venezolano por todo el mundo.
Morillo era un negociador nato: audaz y persuasivo, con una antena para detectar las debilidades y deseos de la contraparte. Un socio lo describe como una persona camaleónica, que se sentía tan cómodo en la alta sociedad de Caracas como hablando sucio con un grupo de comerciantes mientras fumaba un cigarrillo. Se ganó el apodo de Squito, diminutivo de mosquito, porque zumbaba hasta sacar sangre. En 2004, Morillo dejó PDVSA para montar su propio negocio, junto con un antiguo operador de PDVSA e ingeniero químico de formación llamado Leonardo Baquero. Se instalaron en el apartamento de Morillo y Acosta Friedman, y eligieron el nombre de Helsinge —una ciudad de Dinamarca— de una lista de sugerencias provista por un abogado. Solo más tarde, cuando un amigo les pidió que pronunciaran la palabra en español en voz alta, se preguntaron si se habían equivocado pues en Venezuela “el singe” tiene una connotación sexual.
Helsinge, que tenía menos de una docena de empleados, se presentaba como una empresa de consultoría que asesoraba a empresas extranjeras sobre cómo navegar por el complicado terreno político de Venezuela y obtener acceso al petróleo del país. Se hizo con una cartera de clientes que incluía a poderosas figuras de los mayores comerciantes de materias primas del mundo, como José María Larocca, jefe de petróleo de Trafigura durante muchos años, y Tony Maarraoui, jefe para América Latina de Vitol.
A medida que el dinero entraba a raudales, Morillo y Acosta Friedman compraban propiedades, alquilaban aviones y se relacionaban con grupos sociales de Caracas y Miami que vivían al máximo. En un momento dado, Morillo trabajó como representante de ventas para un fabricante de yates, lo que le daba acceso a embarcaciones de lujo cuando no estaban en uso. En 2005, la pareja se casó en la Quinta Esmeralda, famosa por acoger fiestas de la burguesía caraqueña. En las fotos aparecen radiantes, Morillo con el pelo peinado hacia atrás como un ídolo de matiné, Acosta Friedman con el cuello cubierto de diamantes. Antes de la ceremonia, ella firmó un acuerdo prenupcial.
Una de las personas no invitadas a la boda fue Ruperti, que en un par de años pasó de ser una figura paterna para Morillo a su enemigo. Ruperti creía que Morillo había sido desleal por independizarse; Morillo le dijo a sus amigos que quería librarse de la influencia de un hombre más viejo que él. Los operadores que antes recurrían a Ruperti para hacerse de petróleo venezolano, ahora se dirigían a Morillo. Unos años después de la boda, los hombres y sus respectivos séquitos se liaron a golpes en la pista de baile de una fiesta de Nochevieja en República Dominicana, mientras una banda tocaba merengue.
A medida que el negocio de Morillo crecía, su relación con Acosta Friedman se derrumbaba. En 2012, la pareja se divorció y Acosta Friedman se quedó con su apartamento de Caracas, en el que aún había algunas pertenencias de Morillo. Creyendo que él había ocultado el verdadero alcance de su riqueza, ella contrató abogados para obligarle a pagar, pero no lo logró. Se percató del valor potencial de la computadora, según dijo a Boies y a sus socios, cuando los amigos y enemigos de Morillo empezaron a preguntar por su paradero. Acosta Friedman la mantuvo oculta incluso después de que unos desconocidos la descarrilaron de un empujón en una calle. Cuando dos hombres se presentaron en la casa de su madre haciendo preguntas sobre Morillo en 2016, decidió hacerle una visita a Ruperti.
A esas alturas, Ruperti era extremadamente rico, permanecía rodeado de guardaespaldas y vivía en una mansión junto a un campo de golf. Se había convertido en una figura reconocible en Venezuela, un melancólico sobreviviente que le regaló a Chávez un par de pistolas de US$2 millones que una vez pertenecieron a Simón Bolívar, el libertador del siglo XIX. Cuando Acosta Friedman llamó a su puerta llorando, Ruperti encendió un puro y prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarle.
Uno de los mensajes tenía como asunto “chamo borra estos archivos más tarde por favor”
Seis semanas después, una nerviosa Acosta Friedman se registró en un hotel tranquilo de la isla de Aruba, a 32 kilómetros al norte de Venezuela, con una maleta negra. En su interior llevaba la computadora portátil de Morillo, algunas carpetas de papel manila y uno de los viejos teléfonos de Morillo. Al día siguiente se lo entregó todo a un contacto de Ruperti, un detective de la Policía londinense convertido en investigador privado llamado John Brennan, alias Blondie. Blondie, cuyo pelo había encanecido hacía tiempo, se encargó de que los objetos fueran catalogados y analizados en EE.UU. Cuando —unos meses más tarde— Boies revisó el botín que constituiría la base de su denuncia, quedó asombrado. “En cuanto a la calidad de las pruebas, el alcance de la conducta indebida y la cantidad de dinero, era lo máximo que había visto en mi carrera”, afirma. “Demostró realmente una conspiración de larga duración, masiva y muy sofisticada”.
Morillo había realizado gran parte de sus primeros negocios a través de Yahoo! Messenger, y su ordenador contenía una caché de conversaciones que abarcaban de 2003 a 2008. revisó conversaciones de cuatro meses de 2006, un voluminoso archivo que muestra que Morillo mantenía un diálogo casi constante tanto con sus clientes como con personas de PDVSA.
En una serie de conversaciones del 14 de marzo de 2006, Morillo, usando el sobrenombre George White, guió a tres prominentes operadores de materias primas —Maarraoui de Vitol, Gustavo Gabaldón de Glencore y Maximiliano Poveda de Trafigura— a través de subastas de combustóleo y un producto llamado gasoil de vacío, que se usa para hacer gasolina. A las 9:51 a.m., nueve minutos antes del vencimiento de las ofertas, Morillo compartió detalles de las ofertas que PDVSA había recibido por el gasoil de vacío, información que PDVSA dice que se supone que es confidencial. Cinco minutos después informó a los tres operadores, a través de conversaciones por separado, de una oferta tardía por el combustóleo.
Los operadores no participaban en todas las subastas, pero cuando pujaban, la información que Morillo les proporcionaba les permitía saber a qué precio hacerlo. El 20 de marzo de 2006, tras conocer las ofertas de BP Plc y otras dos empresas, Maarraoui presentó una oferta para comprar gasóleo a 0,8 centavos por galón por arriba del siguiente mejor postor. Dos días después, Poveda ganó una subasta de gas de petróleo licuado tras conocer dos ofertas rivales y superarlas en un centavo.
Estas conversaciones, un puñado entre miles, demuestran lo valioso que era el servicio de Helsinge para sus clientes y lo potencialmente devastador que era para los venezolanos. Si los clientes de Morillo se hubieran visto obligados a entrar en el mercado a ciegas, probablemente habrían realizado algunas pujas a US$5 o US$10 por tonelada métrica por encima de lo necesario, como muestran las conversaciones que hicieron sus competidores. En lugar de ello, los operadores ganaban las subastas en las que participaban por un dólar o menos, ahorrando hasta US$1,5 millones en un cargamento típico de 150.000 toneladas. Según la denuncia de Boies, pagarían a Helsinge unos US$300.000 por un cargamento de ese tamaño. PDVSA declinó proporcionar datos a sobre el resultado de sus subastas, o a hacer comentarios para esta nota, pero dado que la compañía llevó a cabo docenas de subastas cada mes como comprador y vendedor, y que Helsinge estuvo en el negocio durante 15 años, es concebible que Venezuela perdiera varios miles de millones de esta manera.
Morillo no se limitaba a asesorar a sus clientes sobre cómo ganar las subastas de petróleo de PDVSA. También les ofreció que pudieran darle forma a los acuerdos. Cada vez que PDVSA vende petróleo, emite lo que se denomina un documento de licitación, una descripción detallada de sus preferencias en cuestiones como la fecha de entrega, el modo de transporte y las condiciones de pago. Cualquier comprador capaz de dictar estos términos podría casi garantizar el éxito, por ejemplo, asegurándose de que es el único postor con acceso a una compañía naviera en particular en un día determinado.
El 23 de agosto de 2005, Morillo envió un correo electrónico a un grupo de operadores de Trafigura, entre los que figuraba el actual director ejecutivo de la empresa, José Larocca, en el que decía: “Algo que podría gustarles... tenemos la oportunidad de redactar los términos de la licitación de crudo a nuestra conveniencia siempre que todo sea justificable dentro de lo razonable”.
“Excelente”, respondió uno de los operadores de Trafigura, y añadió: “Si llegamos a redactar la licitación, deberemos asegurarnos de que no se mencione NINGUNA de las opciones que sugerimos. Queremos que la gente piense que es directo... si publicamos las opciones entonces regalamos la ventaja”.
Los documentos indican que Morillo tomó entonces las peticiones de Trafigura y se las pasó a un informante de PDVSA al que le pagaba. “Tan pronto como me lo envíes, lo enviaré para que le echen un último vistazo y lo volveremos a hacer hasta que quede perfecto”, escribió Morillo el 1 de septiembre.
El intercambio se incluye entre las pruebas en poder de los fiscales de Ginebra que han investigado a Helsinge y PDVSA. El grupo editorial suizo Tamedia lo compartió con . Trafigura fue el mayor cliente de PDVSA entre 2004 y 2017.
Operadores de dos compañías petroleras dijeron a que habían dejado de participar en las subastas de PDVSA porque estaban hartos de perder contra los mismos licitadores. “Elaborar una oferta lleva tiempo. Tienes que calcular la economía, el flete, el seguro, la cobertura, luego presentarla a tu (área de) cumplimiento, obtener firmas de quien sabe quién antes de que puedas presentar un número”, dice una de las personas, que pidió no ser identificada. “Al cabo de un tiempo nos dimos por vencidos. Nos quedó claro que algo raro estaba pasando”.
Maarraoui, que dejó Vitol en 2019, no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo. Un portavoz de Vitol escribió: “La relación de Vitol con Helsinge ha sido examinada por las autoridades pertinentes y no se han encontrado pruebas de un esquema corrupto”. El abogado de Poveda dice que su cliente, que ahora trabaja en Novum Energy, no hará comentarios debido a los procedimientos legales en curso, pero niega cualquier delito. Trafigura declinó hacer comentarios concretos, pero afirmó lo siguiente en un comunicado: “El intento de emprender acciones legales ya ha sido rechazado en múltiples ocasiones. Además, creemos que la acción legal carece de fundamento y seguiremos defendiendo enérgicamente nuestra posición”. Glencore declinó hacer comentarios. Gabaldón no respondió a las solicitudes de comentarios; tampoco lo hizo Baquero, el socio de Morillo.
Mientras Morillo y sus colegas ofrecían sus servicios a los operadores, también enviaban miles de dólares a personas con información privilegiada sobre PDVSA, según muestran los documentos de la computadora portátil. El principal de ellos era René Hecker, gerente de la unidad comercial y de suministros, que manejaba las compras y ventas de PDVSA. Además de transmitir información de forma rutinaria, Hecker hablaba con Morillo sobre la necesidad de encriptar sus conversaciones y sobre una empresa offshore que había creado en Panamá. En un mensaje, Hecker le envió a Morillo información bancaria de su suegro, conocido como Gigante, y escribió en el asunto “chamo, elimina estos archivos después por favor”. Antes de la Navidad de 2004, Gigante recibió dos pagos por un total de US$400.000, según reflejan los extractos bancarios de Morillo. Hecker, acusado en el caso estadounidense, no respondió a las solicitudes de comentario.
Las carpetas que Acosta Friedman entregó en Aruba contenían documentos de constitución de siete sociedades fantasma que Morillo y Baquero habían creado entre 2002 y 2006 en Panamá y Barbados. Los registros bancarios del portátil muestran que estas entidades recibían pagos de los clientes de Helsinge y se los hacían llegar a Hecker y sus compañeros. Al cruzar las transacciones con los resultados de las licitaciones de PDVSA, el equipo de Boies identificó un patrón. En octubre de 2004, por ejemplo, Vitol transfirió US$461.267 a Hornberg Inc., una de las entidades panameñas de Morillo. Dos días después, US$104.522 pasaron de Hornberg a la empresa de Hecker en Panamá. En las dos semanas posteriores a los pagos, Vitol obtuvo cinco contratos de PDVSA por un valor total de US$44,2 millones. En un solo día de marzo de 2005, entraron a Hornberg US$49.997 procedentes de Trafigura y se pagaron US$115.000 al suegro de Hecker. En un periodo de dos semanas antes y después de los pagos, Trafigura obtuvo siete contratos de PDVSA por valor de US$48,6 millones.
Entusiasmados por las pruebas en su poder, varias combinaciones de Boies, Ruperti, Blondie (el investigador privado) y Duker (el hombre del dinero) se reunieron durante el verano de 2017 en varias oficinas y en el velero de 70 metros de Duker, llamado así por la antigua ciudad griega famosa por sus excesos. Había varias cuestiones que resolver, entre ellas quién debía ser el demandante. Una posibilidad era interponer una demanda en nombre de las empresas petroleras que no hubieran participado en las subastas arregladas, como BP Plc o Chevron Corp, pero el grupo decidió que esto limitaría el alcance de cualquier acción y ofrecería pocos incentivos a los venezolanos para cooperar. La mejor opción, acordaron, era hacer que la propia PDVSA fuera la demandante, aunque varios de sus empleados estuvieran implicados.
El problema, según los miembros del grupo de demandantes, era que tanto PDVSA como la República de Venezuela tenían una larga lista de acreedores que harían fila para reclamar los beneficios de cualquier demanda estadounidense. En su lugar, Boies propuso presentar una demanda en nombre de una nueva entidad jurídica, establecida en Nueva York y denominada PDVSA US Litigation Trust. Boies dice que esto era para evitar la interferencia de políticos corruptos en Venezuela, pero tenía el beneficio añadido de mantener cualquier indemnización lejos de los acreedores.
Primero tuvieron que persuadir al Gobierno de Maduro para que les permitiera presentar una demanda en nombre de PDVSA. Habían oído que a algunos miembros del régimen no les gustaría la idea de poner en la mira los asuntos del país. Pero Venezuela se encontraba en una situación económica desesperada, con una inflación galopante y escasez de alimentos, y esta era una oportunidad para recuperar mucho dinero sin hacer gran cosa.
Ruperti presentó a Boies y Duker con Nelson Martínez, el recién instalado ministro de Petróleo de Venezuela, y con Reinaldo Muñoz Pedroza, fiscal general del país. El 12 de julio de 2017, las partes llegaron a un acuerdo: Blondie, Duker y los abogados se quedarían con el 66% de las ganancias, dejando el 34% para PDVSA. Boies dice que dio a PDVSA otras dos opciones: financiar la investigación por sí misma y pagar los honorarios legales, o financiar la investigación y, en lugar de honorarios, dar a su firma el estándar de un tercio de cualquier recuperación. Los venezolanos rechazaron estas opciones. “Los riesgos inherentes a este tipo de litigios son elevados”, afirma Boies. “No vas a conseguir que los abogados lo acepten a menos que cobren o tengan una ventaja sustancial”.
El acuerdo, publicado posteriormente en los tribunales, no contiene ningún detalle sobre si Ruperti o Acosta Friedman, los instigadores del caso, serían indemnizados, o si los funcionarios venezolanos Martínez y Muñoz saldrían ganando personalmente con la firma del papeleo. Acosta Friedman y Blondie declinaron hacer comentarios para este artículo. Ruperti dice que su única motivación es “ayudar a Vanessa” y hacer “justicia a PDVSA” (aunque uno de sus hijos, aspirante a abogado, consiguió un trabajo de asistente jurídico en Boies Schiller Flexner).
Más allá de los acuerdos financieros, había otra cuestión que considerar. Por llamativa que fuera la evidencia aportada por Acosta Friedman, esta terminó abruptamente en 2008. En 2011, Helsinge había obtenido una licencia para comerciar directamente con PDVSA, lo que significaba que ya no era únicamente un asesor de empresas como Vitol y Trafigura, sino también un rival. Desde entonces, a pesar de ser un pez relativamente pequeño, había participado en operaciones por valor de US$4.000 millones. Los demandantes querían averiguar si la supuesta estrategia de la empresa de pagar a personas con información privilegiada había continuado.
En octubre de 2017, el grupo envió a un experto forense digital a la sede de PDVSA en Caracas, donde, con el respaldo de Martínez, se le dio acceso a una sala de servidores bajo la apariencia de ser un contratista. El experto escribió en una declaración jurada que en un servidor descubrió “huellas digitales” que indicaban que dos empleados de Helsinge habían accedido a datos de las subastas tan recientes como la primavera de ese año (un experto de la defensa escribió que el informe no ofrecía ningún “apoyo o documentación objetiva” para sus afirmaciones).
Mientras tanto, Boies Schiller Flexner encargó a un bufete suizo que presentara una querella criminal contra Helsinge en Ginebra. Helsinge, Trafigura, Vitol y Glencore tienen oficinas en Suiza; la esperanza era que las autoridades europeas encontraran material incriminatorio que pudieran utilizar para apuntalar la demanda estadounidense.
En febrero de 2018, los demandantes se enteraron que Helsinge celebraba una reunión de trabajo en Ginebra. Morillo y Baquero no acudieron, pero varios empleados más de Helsinge se registraron en un hotel situado frente a las oficinas de la empresa. El 28 de febrero, Blondie prestó declaración ante la unidad de delitos financieros de la ciudad, instándoles a actuar. Tres días después, a las 4 a.m., la Policía entró al hotel y empezó a hacer detenciones.
“¿Encarcelado? ¿Escuché encarcelado?”, preguntó el juez, tratando de seguir el ritmo.
El caso de PDVSA US Litigation Trust fue presentado en el Distrito Sur de Florida el 3 de marzo de 2018. Además de Morillo y Baquero, nombró a 42 acusados, entre ellos Glencore, Trafigura, Vitol, Colonial Group y Lukoil; operadores individuales que trabajaban en esas empresas; y muchos banqueros predominantemente suizos. Además de uso de información privilegiada, soborno y lavado de dinero, la demanda acusaba a las empresas operadoras de pagar sistemáticamente menos a Venezuela por cargamentos de petróleo y de inducir a funcionarios corruptos a hacerse de la vista gorda. En entrevistas con la prensa, Boies estimó las pérdidas en US$10.000 millones, y varios de los 24 cargos de la demanda implicaban la posibilidad de una indemnización triple.
Entre las personas detenidas por los suizos se encontraba el contador de Helsinge, un exmarino de unos 70 años llamado John “Jack” Ryan. Durante el interrogatorio, Ryan dijo a los fiscales suizos que guardaba un servidor con los registros de Helsinge en su casa de Florida. A cambio de su liberación, consiguió que su marido enviara el dispositivo a Ginebra por FedEx. Cuando el bando de Boies se enteró de que podían estar perdiéndose pruebas fundamentales, presentó una solicitud de emergencia para impedir que el servidor saliera del país, pero ya era demasiado tarde: el dispositivo ya había desaparecido, junto con la mejor oportunidad que tenían los demandantes de averiguar qué había estado haciendo Helsinge en los últimos años.
De vuelta al tribunal de Miami, antes de que el proceso pudiera entrar en la cuestión de si Helsinge y sus clientes habían cometido algún delito, Boies tenía que demostrar que el fideicomiso se sostendría, es decir, que tenía derecho a presentar una demanda. En la mayoría de los pleitos, la parte perjudicada presenta una denuncia y las dos partes discuten sobre el fondo de la cuestión. En este caso, un vehículo opaco de Nueva York afirmaba representar a la compañía petrolera estatal de Venezuela, controlada a su vez por un dictador corrupto sujeto a sanciones. Más allá de eso, no estaba claro en las presentaciones preliminares quién controlaba el fideicomiso y quién se beneficiaba. En julio de 2018, los demandados presentaron una moción para que se desestimara el caso alegando que el fideicomiso era ilegítimo.
Lo que siguió fue una especie de farsa judicial, ya que los esfuerzos cada vez más desesperados de Boies Schiller Flexner por demostrar la buena fe del fideicomiso se vinieron abajo bajo el escrutinio. Los abogados defensores trataron de interrogar a los signatarios venezolanos del acuerdo de litigio entre las distintas partes, pero no fue posible localizar a ninguno. Uno de ellos simplemente desapareció. Otro, Martínez, el ministro de Petróleo, había sido detenido recientemente en Venezuela y acusado de corrupción. “¿Encarcelado? ¿Escuché encarcelado?”, preguntó el juez, tratando de seguir el ritmo. Cuando el asesor general de PDVSA se comprometió finalmente a viajar a EE.UU. para declarar, dos docenas de abogados reservaron vuelos y hoteles, pero el testigo se retiró en el último momento, al parecer por orden del propio Maduro.
La posición de los demandantes se vio aún más perjudicada por la pobre repercusión del litigio en Sudamérica. Como parte del proceso de presentación de pruebas, se ordenó a Boies Schiller Flexner que entregara la carta de acuerdo en la que se establecía el reparto del 66%-34%. Fue ridiculizado en la televisión estatal venezolana. El 24 de abril de 2018, la Asamblea Nacional, sede de lo que queda de la oposición del país, publicó un decreto en el que describía el fideicomiso como “un mecanismo para desviar los fondos y recursos” de Venezuela.
Maduro, que no respondió a las solicitudes de comentario, exigió que se volviera a redactar el acuerdo. Boies y Duker volaron a República Dominicana para reunirse con los representantes del presidente y acordar un nuevo conjunto de términos. Los venezolanos recibirían ahora el 45% de los primeros US$1.000 millones recuperados, porcentaje que aumentaría al 55% posteriormente. Aun así, había indicios de que la Administración ya no estaba totalmente comprometida con la demanda, o al menos mantenía abiertas sus opciones. Infodio, un blog bien informado sobre la corrupción venezolana, informó que PDVSA siguió celebrando reuniones sobre posibles acuerdos con uno de los demandados, Trafigura, incluso durante la discusión del caso en la corte.
Lo que quizás fue el golpe fatal llegó a principios de 2019, cuando la Administración Trump intensificó las sanciones contra Venezuela, declarando a PDVSA una “empresa corrupta.” El abogado defensor aprovechó la oportunidad para reforzar su moción para desestimar el caso. Suponiendo que Boies pudiera incluso demostrar que tenía un mandato, dijo la defensa, dejarle llevar el caso ahora “socavaría la política exterior de EE.UU. al fortalecer la mano de Maduro”.
Para el 8 de marzo de 2019, la decisión del juez estaba tomada. Al desestimar el caso, escribió: “Si bien el Tribunal es consciente del sufrimiento del pueblo de Venezuela y de la gravedad de las acusaciones contra los demandados, no puede crear legitimación donde no la hay”. En un agravio final, se ordenó a los demandantes pagar US$209.732 a los abogados de la defensa por el tiempo que habían perdido preparándose para las declaraciones canceladas.
Morillo celebró desde México el colapso de la demanda. A sus ojos, todo el caso había sido un intento de venganza de su exesposa y antiguo mentor. En cualquier caso, las pruebas estaban ahí y las investigaciones continuaron. En Ginebra, los fiscales obtuvieron rápidamente registros bancarios que ofrecían información sobre las actividades más recientes de Helsinge. Las transacciones citadas por los fiscales muestran que las cuentas suizas vinculadas a Hecker, el infiltrado de PDVSA, recibieron pagos por un total de US$960.000 de empresas propiedad de Morillo y Baquero, el más reciente en marzo de 2017. Una hermana de Maarraoui, ejecutivo de Vitol, recibió más de US$3 millones de las mismas entidades entre 2009 y 2012.
Aun así, el impulso decayó. En la primavera de 2019, el fiscal principal del caso abandonó la causa para convertirse en juez. La situación política cambiante de Venezuela complicó aún más las cosas. Tras unas elecciones generales amañadas, el líder de la oposición Juan Guaidó respondió al aumento de los disturbios civiles proclamándose presidente. Cuando EE.UU. lo respaldó y se negó a negociar con Maduro, Morillo aprovechó la ocasión para argumentar que la investigación debía desestimarse porque PDVSA era una entidad ilegítima. Al final, los tribunales suizos no estuvieron de acuerdo puesto que ya se habían invertido dos años en la cuestión. Un portavoz de la Fiscalía de Ginebra dice que la investigación, ahora en su sexto año, está en curso, y declinó hacer más comentarios.
En EE.UU., la sección de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional embargó las pruebas de la computadora portátil de Morillo. Desde entonces, varias personas relacionadas con el caso han sido entrevistadas por esta oficina, así como por diversas ramas del Departamento de Justicia de EE.UU. Portavoces de estos organismos declinaron hacer comentarios sobre el estado de las investigaciones.
Las entrevistas realizadas por corroboran algunas de las acusaciones de las denuncias suizas y estadounidenses. Varios operadores afirman que Helsinge les dijo que podía garantizarles el éxito en las subastas de Venezuela si se convertían en clientes. Un acusado en el caso, que habló bajo condición de anonimato, niega haber pagado sobornos —su empresa pagó a Helsinge “honorarios de consultoría”— pero afirma que el intercambio de información sobre ofertas y licitaciones rivales era “la forma de hacer negocios” en Sudamérica en aquella época. En los últimos años se han descubierto escándalos similares en Brasil y Ecuador. Glencore y Vitol han pagado en conjunto US$1.300 millones para zanjar amplias investigaciones sobre su presunto uso de intermediarios y sobornos en todo el mundo.
Establecer cuánto dinero ganaron Morillo y sus colegas es difícil, pero el año pasado el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP por sus siglas en inglés) llevó a cabo una investigación llamada “Suisse Secrets”, basada en una filtración de los registros bancarios de Credit Suisse Group AG. La información compartida con por el OCCRP muestra que Morillo y Baquero tenían una cuenta conjunta en Credit Suisse con un saldo de US$71 millones en 2012. Una empleada de rango medio de Helsinge tenía US$4 millones en su cuenta en 2015. Las entidades relacionadas con Helsinge utilizaron al menos otros cinco bancos, según muestran los registros.
Boies Schiller Flexner apeló sin éxito el sobreseimiento de Florida en 2019. Luego, en mayo de 2021, la firma volvió a presentar la demanda con PDVSA, en vez del fideicomiso, como demandante. El juez rechazó la sustitución, diciendo que debería haberse hecho “mucho antes”. Una apelación de esa decisión fue rechazada por el Tribunal del Undécimo Circuito el mes pasado, sobre la base de que el Departamento de Estado todavía considera a Maduro como un líder ilegítimo. “Es decepcionante que un país que se enorgullece del Estado de derecho haya hecho casi imposible que un litigante haga valer reclamaciones de fraude contra el pueblo de Venezuela”, dice Duker, quien financia el litigio.
Duker y Boies dicen que esperan que el reciente deshielo de las relaciones entre EE.UU. y Venezuela lleve algún día al Gobierno estadounidense a reconsiderar su postura y abra así la puerta a que se vuelva a presentar la demanda. “Una cosa que puedo decir es que somos pacientes”, afirma Boies.
Su disposición a tomar clientes como Maduro y Harvey Weinstein sigue teniendo repercusión en su bufete. Desde 2020 decenas de socios de Boies Schiller se han marchado, varios citando públicamente la percibida falta de ética y transparencia del fundador. Boies, que ahora tiene 82 años, parece no inmutarse por las críticas, que sostiene que siempre han sido más importantes para los medios que para sus clientes. “La gente olvida lo controvertidos que son los casos”, afirma. “Si te enfrentas a ellos y los ganas, la gente se olvida”.
Hoy, tras dos décadas de régimen autoritario y seis años de sanciones, Venezuela está en la miseria. Un tercio de la población ha huido. Las instalaciones petrolíferas están en ruinas. El país sigue acosado por la corrupción. En los últimos dos meses, el Gobierno ha arrestado a más de 50 empleados de PDVSA como parte de una investigación sobre sobornos desde 2017.
Los antiguos clientes de Helsinge, mientras tanto, disfrutan de los frutos de su éxito. Gustavo Gabaldón, otrora con Glencore, posee un apartamento de US$8 millones en Manhattan adornado con arte popular venezolano. Se puede ver a miembros de su familia en las redes sociales celebrando la buena vida en islas caribeñas. Tony Maarraoui se retiró de Vitol en Houston hace cuatro años con más de US$100 millones, según fuentes de la empresa. José Larocca, de Trafigura, es saltador olímpico en su tiempo libre y tiene una cuadra con algunos de los mejores caballos del mundo. Ahora forma parte del consejo de Trafigura. —
--Con la colaboración de Fabiola Zerpa y Hugo Miller.
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