Bloomberg Línea — En la tarde de este miércoles se registro un tiroteo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada al occidente de Honduras. El hecho tiene lugar un día después de que el gobierno de Honduras anunciara la intervención en los centros penales,
El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, dijo a medios locales que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario confirmaron que hubo disparos dentro del centro penal y que “ya se enviaron miembros de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para dar protección”.
Al mediodía del martes, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, anunció un “desarme real” de los presos y el bloqueo de señales telefónicas con el objetivo de reducir la violencia en cárceles.
El anuncio llegó tras semanas donde se vio un incremento de la violencia en estos establecimientos. El sábado 8 de abril, en pleno feriado de Semana Santa, se registraron amotinamientos y tiroteos simultáneos en cuatro centros penales de Honduras, incluyendo dos cárceles de máxima seguridad.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad dijeron que integrantes de las pandillas 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) comenzaron a agredirse con armas blancas, de fuego y hasta explosivos.
De inmediato comenzaron a circular videos en redes sociales desde el interior de las cárceles La Tolva, El Pozo, Támara y El Porvenir, donde se mostraban los enfrentamientos en el que resultaron heridos varios reos.
A raíz de los acontecimientos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó un plan de intervención en los centros penales. “Voy a poner mano dura y orden en las cárceles hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, dijo Villanueva.
“Este problema lo vamos a manejar de acuerdo con estándares internacionales, copiaremos cosas sí son buenas y las aplicaremos a nuestra realidad”, dijo la funcionaria.
Intervención en las cárceles de Honduras
Villanueva dijo que en la última década las cárceles han sido un “refugio” y “escuela” del crimen. Por ello, el plan de intervención pretende desmontar a las estructuras criminales para “reducir a cero” sus acciones.
De esa manera, la Solución Contra el Crimen (SCC) consta de 10 puntos:
- Desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanente en el 100% de las instalaciones físicas.
- Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.
- Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación personal y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir.
- Instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistema de monitoreo y vigilancia digital con control central las 4 horas del día.
- Traslados y reubicación de los privados de libertad en los cuartos centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados).
- Reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.
- Revisar los expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores.
- Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles.
- Aumentar el número de los agentes penitenciarios y policiales, dotarlos de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación, revisión y ajuste salarial.
- Crear el banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad.
Villanueva dijo que las condiciones de vida en los recintos penitenciarios son preocupantes, por lo que el plan también buscará la reinserción social. “La cooperación internacional puso a mi disposición expertos en reinserción, requisas, derechos humanos y otras ramas”, explicó.
