Bogotá — La reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, radicada a mediados de marzo, ha tenido voces a favor y en contra. Aunque ayudaría a los que hoy en día cuentan con un empleo, dejaría en el olvido a 15,6 millones de colombianos que están en la informalidad y el desempleo.
Lo anterior va en línea con declaraciones del equipo técnico del Ministerio de Trabajo que se conocieron recientemente en las que se expone que el objetivo de la reforma laboral no es el de generar empleo, sino garantizar mejores condiciones laborales.
Precisamente dejar de lado el objetivo de incentivar la creación de empleo ha sido una de las constantes críticas que expertos han hecho al articulado que llegó al Congreso el 16 de marzo.
Los analistas han reiterado que la reforma laboral debería no solo mejorar las condiciones de los que mantienen un empleo, sino incluir a los desempleados e informales del país en la propuesta. Según datos del Dane, en febrero Colombia registro 2,8 millones de desempleados y entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 había 12,8 millones de ocupados informales.
Como contexto, vale decir que entre los principales cambios que el Gobierno propone en la reforma está un recargo mayor por el pago de trabajos dominicales y festivos, cambios en el horario nocturno para que empiece desde las 6 p.m. y no desde las 9 p.m. como está hoy en día, priorizar la contratación a término indefinido, hacer mucho más díficil los despidos, entre otros.
“La reforma deja por fuera a los informales. El año pasado solo el 39% de los ocupados cotizaron a salud y a pensión. Esta reforma privilegia a los que ya tienen un puesto de trabajo formal y hace difícil mejorar las condiciones de los informales. Además, estamos dejando por fuera al 44% que tiene ingresos menores a un mínimo”, comentó a Bloomberg Línea semanas atrás Laura Parra, analista de Corficolombiana.
De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes (Fenalco), “es un grave error aprobar una reforma que no dé solución a dos de los problemas más graves que afectan al país, como el desempleo y la informalidad, fenómenos que afectan especialmente a regiones caracterizadas por altos niveles de pobreza como Chocó, La Guajira y buena parte de la Costa Caribe”.
Dadas las declaraciones del Ministerio del Trabajo, Cabal dijo que “se debe hacer una reforma laboral, que recoja las nuevas tendencias demográficas, tecnológicas y digitales que viven los colombianos pero que sobre todo permita la creación de mecanismos que incentiven la contratación laboral formal”.
Por su parte, Gustavo Acero, economista senior del Banco de Bogotá, comentó que “la recuperación del empleo se ha estancado en los últimos meses y más allá de que el número de ocupados se ubique levemente por encima de los niveles prepandemia, esa recuperación del empleo no ha ido de la mano de la dinámica de crecimiento poblacional. Incluso, cuando uno revisa las expectativas de contratación en algunos sectores, se ve que se han debilitado”.
Por lo expuesto, Acero explica que más allá de que la reforma laboral no tenga como objetivo la generación de empleo, el proyecto de ley podría afectar la recuperación del empleo que se ha dado recientemente.
Algunas ideas para no dejar de lado a los informales y desempleados
De acuerdo con Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, “para reducir la informalidad, es necesario pensar en la posibilidad de un trabajo formal por horas; eliminar las inequidades que enfrentan los que ganan menos ingresos (tarifas más altas para los independientes, costos mayores para las microempresas, menores posibilidades de pensión) porque estas inequidades afectan más que proporcionalmente a los trabajos que tradicionalmente sirven como puerta de entrada a la formalidad”.
Según David Cubides, gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores, “se podría reducir el costo de contratación y simplificar los regímenes de tributación, mejorando las tarifas que pagan las empresas para incentivar nuevos puestos de trabajo”.
Otros expertos han reiterado que es necesarios desligar la seguridad social del mercado laboral para que los esquemas de aseguramiento se financien con impuestos en general, en lugar de sobrecargos a la nómina.
