Bloomberg — Los límites de seguridad impuestos por la FDA a la píldora abortiva seguirán vigentes, al menos temporalmente, en 17 estados y en Washington, D.C., mientras un juez federal del estado de Washington estudia una decisión definitiva sobre una impugnación de las restricciones liderada por el estado demócrata.
El juez Thomas O. Rice, del Tribunal del Distrito Este de Washington, dictaminó el viernes que no estaba claro si los estados, encabezados por el fiscal general Bob Ferguson (demócrata), tendrían éxito en su argumento de que las restricciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a la mifepristona son excesivamente onerosas y no tienen base científica.
La sentencia supone un duro golpe para los defensores del aborto que han pedido al gobierno de Biden que defienda el acceso a la píldora en medio de las prohibiciones estatales del aborto y otras restricciones después de que el Tribunal Supremo anulara el derecho constitucional al aborto.
Las restricciones de la FDA, denominadas estrategia de evaluación y mitigación de riesgos, incluyen el requisito de que los profesionales sanitarios y las farmacias estén certificados para recetar y dispensar la píldora, respectivamente. Varios médicos y grupos de médicos, así como defensores del acceso al aborto, han afirmado que las pruebas existentes que defienden la seguridad y eficacia de la píldora hacen innecesarias las limitaciones impuestas a la mifepristona.
Los fiscales generales estatales demócratas argumentaron en su demanda de febrero que el programa REMS “sólo sirve para hacer que la mifepristona sea más difícil de recetar para los médicos, más difícil de dispensar para las farmacias, más difícil de acceder para los pacientes y más gravosa de dispensar para los Estados demandantes y sus proveedores de atención sanitaria”.
Mientras tanto, un juez federal de Texas anuló la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA, que había durado décadas. No está claro qué significa la decisión del juez para el caso de Washington.
El caso de Texas se sienta ante el juez Matthew Kacsmaryk, un designado por Trump que ya ha emitido decisiones en contra de las políticas de la administración Biden sobre derechos de los inmigrantes, reproductivos y LGBTQ. Abogados y analistas políticos advirtieron que una decisión en el caso de la píldora abortiva podría tener impactos duraderos en la autoridad de la FDA para medir la seguridad y eficacia de un medicamento.
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