Bloomberg Línea — El proyecto de ley Naín-Retamal cuenta con un gran apoyo entre quienes creen que es necesario darle mayores herramientas de actuación a los Carabineros, pero también cuenta con férreos detractores. En los últimos días, organismos internacionales y abogados locales coincidieron en sus reparos.
El propio presidente de Chile, Gabriel, Boric, escribió un tuit pidiéndole a los legisladores que tengan en cuenta las críticas de 80 letrados chilenos al proyecto. La iniciativa fue despachada a tercer trámite legislativo, luego de aprobación de la Sala del Senado el martes, incluyendo la indicación del Gobierno sobre la legítima defensa privilegiada.
“Graves consecuencias para los derechos humanos”, según Amnistía
La aprobación del proyecto de ley de legítima defensa privilegiada, conocida como ley Nain Retamal, tendría graves consecuencias para los derechos humanos, advirtió la organización Amnistía Internacional.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, aseguró que avanzar en el refuerzo de las policías y la prevención del delito en el país es necesario, pero advirtió que un problema “tan complejo” requiere ser abordado con “seriedad, responsabilidad y en base a estándares internacionales de derechos humanos”.
Según Bustos, la tramitación “exprés” del llamado proyecto Naín Retamal, “lejos de atender los problemas estructurales que aquejan a Carabineros y que afloraron de manera dramática en la crisis de 2019, es una respuesta oportunista, que implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos”.
Estas son las principales críticas de Amnistía Internacional al proyecto de ley:
- “En su forma actual, el proyecto Nain Retamal valida un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad y la jurisprudencia internacional en el tema tanto de los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos”.
- “La nueva causal de legítima defensa puede limitar el ejercicio de las garantías judiciales para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, debido a que la redacción de la normativa es muy ambigua y privilegia la interpretación subjetiva del funcionario involucrado en los hechos, a la hora de establecer si se legitima o no la defensa propia”.
- “La aprobación de este proyecto incrementará el riesgo de abusos policiales y violaciones de derechos humanos y de que éstos queden impunes. Si bien es necesario contar con mecanismos de protección para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estos deben estar basados en la protección de los derechos humanos, estableciendo límites claros y dotando al personal de herramientas adecuadas para realizar su trabajo”.
La carta que compartió Gabriel Boric
“Invito a los parlamentarios a leer esta carta de penalistas y criminólogos sobre debate legislativo actual. Insisto: seguridad, justicia y derechos humanos van de la mano y se fortalecen recíprocamente”, tuiteó el Presidente y compartió las duras advertencias de 80 especialistas en materia penal.
¿Qué plantea la misma?
- Los expertos manifiestan en primer lugar la preocupación que genera el principio de legítima defensa privilegiada. A juicio de los firmantes, este concepto afecta “radicalmente la claridad de las reglas que rigen la labor policial aumentando los niveles de confusión que actualmente afectan su función”.
- “Nos preocupa especialmente la segunda hipótesis de la ‘legítima defensa privilegiada’ en donde se extiende en demasía el alcance del permiso, pues la norma presume, por ejemplo, que los empujones a un funcionario policial, de parte de dos personas que resisten una detención, configuraría una agresión legítima si a juicio del policía o militar tuvieran el potencial de lesionar o matar”, reseña la carta.
- Los especialistas califican como “extremadamente preocupante” la alteración que puede conllevar la aprobación del proyecto en lo referente a los delitos de tortura y apremios ilegítimos. “Esta indicación limita la aplicación de dicho delito de diversas maneras, por ejemplo, circunscribiéndolo a conductas cometidas exclusivamente con malicia y no con simple dolo como ocurre en la generalidad de los delitos, limitándolo a conductas en las que se infrinjan reglamentos, eliminando la agravación de penas cuando las víctimas de apremios se encuentran bajo custodia, y alterando la actual regulación y delimitación entre torturas y apremios ilegítimos”, agrega el documento.
Duras críticas del Partido Comunista
El exministro, académico y dirigente del partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, también formuló duras declaraciones en contra del proyecto de ley Naín - Retamal.
“Lo que se está instalando es una ley de amnistía para el futuro respecto de violaciones de derechos humanos”, indicó el dirigente izquierdista.