Bogotá — El primer trimestre de 2023 será recordado por la quiebra de dos aerolíneas de bajo costo: Ultra Air y Viva Air, que de un día para otro suspendieron sus operaciones dejando a miles de viajeros varados y con la incertidumbre de si podrán cumplir o no sus itinerarios.
En medio de esta crisis, está sobre la mesa la pregunta de si estos sucesos hubieran podido prevenirse o, por lo menos, mitigar sus efectos de alguna forma. Más aún cuando estamos hablando de un servicio público esencial.
Y ahí es donde entra el papel de las autoridades del sector transporte: el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil. ¿Fallaron estas entidades en el manejo de las situaciones de Ultra Air y Viva Air?
Lo primero es aclarar que de acuerdo con la ley colombiana, la vigilancia subjetiva sobre las aerolíneas está a cargo de la Supertransporte, con dos funciones principales: velar porque haya continuidad del servicio de transporte aéreo y que su prestación sea adecuada, y la protección de los consumidores, en línea con evitar prácticas abusivas.
La Aeronáutica Civil, por su parte, es la encargada de revisar y hacerle seguimiento a la parte financiera y societaria de las aerolíneas, porque es esta entidad la que da o no permisos de operación.
Y el Ministerio de Transporte, según la regulación colombiana, no tiene la función de vigilancia de las aerolíneas ni las regula. Su función principal es la de fijar políticas.
¿Entonces?
Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, le dijo a Bloomberg Línea que la Supertransporte, con base en la solicitud de integración por empresa en crisis de Viva Air, “debió haberla intervenido hace meses. Además, leer el mercado aeronáutico y haber ejercido una supervisión de estas aerolíneas y tomar decisiones frente a lo que encontraran”.
Recordemos que la Superintendencia de Transporte tomó el control de Viva Air siete días después de que suspendiera operaciones. Lo que significa que la aerolínea de bajo costo está impedida a ejercer venta de bienes, modificar estatutos, entre otros, sin la autorización previa de esa entidad.
Asimismo, el exsuperintendente señaló que “parte del problema es precisamente que en la Aeronáutica Civil y en la Supertransporte le piden permiso al Ministro de Transporte. Esas autoridades deben actuar por sí solas, sin pedirle permiso a nadie. Entonces, las decisiones se vuelven políticas e inoportunas y no técnicas y oportunas. Yo nunca le pedí permiso a nadie como superintendente, ni siquiera al Presidente, yo explicaba después las decisiones pero nunca pedí permiso”.
A lo que agregó: “la responsabilidad del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, es que ha invadido la independencia de esas autoridades. Una cosa es la tutoría sectorial y otra cosa inmiscuirse en sus decisiones”.
Por otro lado, un exministro de Transporte que prefirió no ser citado indicó que “problablemente uno no puede salvar a una empresa de la quiebra, pero en el caso de Viva Air me sorprende la demora en el proceso de la solicitud de integración con Avianca. La decisión final que tomó la Aerocivil ¿por qué no la tomó en noviembre? Sí creo que hubo negligencia en el manejo del proceso porque se debe pensar en el usuario, son decisiones con prioridad”.
En cuanto a este proceso, vale recordar que Avianca y Viva Air pidieron su integración oficialmente en agosto de 2022. Tres meses después, en noviembre, la Aerocivil anunció que objetaba la integración porque representaba efectos nocivos para el mercado.
Sin embargo, en enero la Aeronáutica informó que debido a que en el análisis que hizo de esta operación no tuvo en cuenta el régimen especial de la libre competencia, cometió un error procedimiental, por lo que dejó sin efecto todo lo decidido hasta el momento.
Para ya este mes, marzo, anunciar su decisión (sujeta a recursos de reposición y apelación) y en el sentido de aprobar la integración pero de forma condicionada.
El exministro citado añadió que en el caso de Ultra Air, esta aerolínea desde el año pasado pidió ayuda al Gobierno y lanzó diferentes propuestas para lograr subsistir, por lo que se pudieron haber tomado acciones de apoyo de una forma más rápida y oportuna para evitar el aumento del perjuicio a los consumidores que hoy se está viendo.
Las medidas que ha tomado la Supertransporte
Esta Superintendencia exigió a Ultra Air que ejecute, sin excepción alguna, la totalidad de las medidas planteadas en el plan de contingencia: reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten, reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air, contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares y contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.
También les exigió un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.
Y le solicitó a la Superintendencia de Sociedades que se inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006.
“La Supertransporte reforzará su presencia en los aeropuertos del país para atender a los pasajeros que resulten afectados por la suspensión de operaciones anunciada por la aerolínea Ultra Air, generando canales de articulación con las empresas que cubren las rutas donde operaba la aerolínea en mención”, sostuvo esta entidad.
Adicional a eso y en medio de esta contingencia, el presidente Gustavo Petro anunció que ordenó que todos los aviones de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana), incluido el avión presidencial, sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados. “Suspenderé todos mis viajes para que el avión presidencial sea utilizado en medio de la crisis. Junto al equipo de Mintransporte y Supertransporte evaluaremos las medidas a tomar para atender la emergencia aérea”, indicó el jefe de Estado.
