Bloomberg — El Reino Mágico está repleto de huellas reales, desde el Castillo de Cenicienta hasta los actores pagados que dan vida a las famosas princesas, príncipes y reinas malvadas de Walt Disney Co. (DIS). Ahora, en la vida real e ha lanzado al combate.
La junta recién nombrada del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, que rige los servicios municipales en el área turística de Disney en Florida, dijo en una reunión esta semana que sus poderes se vieron obstaculizados por un contrato promulgado en febrero antes de que asumieran el cargo. El acuerdo limita la autoridad de la nueva junta sobre aspectos como la publicidad y las revisiones de diseño. Los términos existen a perpetuidad, o si eso no es legal, “hasta 21 años después de la muerte del último sobreviviente de los descendientes del Rey Carlos III, Rey de Inglaterra que vive a la fecha de esta declaración”.
Se llama una cláusula de vida real, y tiene menos que ver con la obsesión de Disney con los cuentos de hadas y todo lo que tiene que ver con extender un contrato por el mayor tiempo posible. Tales cláusulas se remontan al siglo XVII y fueron diseñadas para eludir las reglas que impiden que las personas impongan restricciones a la propiedad privada a perpetuidad. Algunas cláusulas invocan a los hijos y otros descendientes de la persona en el centro de un fideicomiso. Dado lo grandes y ricas que son las familias reales, la lógica era que vivirían vidas más largas que cualquier otra persona y, por lo tanto, extenderían la duración del acuerdo.
El rey Carlos tiene cinco nietos. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina tienen tres hijos de entre 4 y 9 años, y el príncipe Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, tienen dos hijos. La menor, Lilibet Diana, tiene 1 año.
La pelea de Disney es la última de una guerra en curso entre la compañía y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se aceleró cuando la compañía se opuso a una ley que limitaba la discusión sobre la identidad de género en las escuelas primarias el año pasado. DeSantis y los legisladores estatales disolvieron el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, que había gobernado los servicios municipales en la región desde la década de 1960, y lo reemplazaron con un nuevo distrito encabezado por personas designadas por el gobernador.
Los nuevos miembros de la junta del distrito dijeron que pelearán el contrato en los tribunales. “El acuerdo delega ilegalmente la autoridad legislativa del distrito a una corporación privada, subvierte las disposiciones de la nueva ley y vincula las manos de la nueva junta”, dijeron los abogados que representan a la junta en un comunicado.
La empresa lo niega. “Todos los acuerdos firmados entre Disney y el Distrito fueron apropiados, y se discutieron y aprobaron en foros públicos abiertos y notificados de conformidad con la ley Sunshine del Gobierno de Florida”, dijo Disney.
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