La Corte Suprema de los Estados Unidos se debate entre poner fin o no a la acción afirmativa en la admisión de los alumnos a las universidades. Esta herramienta que busca promover la diversidad y la inclusión en la educación superior, podría limitar la posibilidad de que los hijos de ex alumnos y atletas sean admitidos por dicho status.
La acción afirmativa, implementada en 1978, busca corregir las desigualdades (género, raza, orientación sexual, discapacidad, entre otros), para que ciertos grupos tengan acceso a la educación superior.
Esta herramienta se puede aplicar de diferentes maneras: a través de un número mínimo de plazas para ciertos grupos desfavorecidos; el otorgamiento de puntos extra en el proceso de selección; y programas de orientación para encarar un proceso de admisión tradicional.
Sin embargo, en 2014, el grupo Students for Fair Admissions presentaron demandas contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte argumentando que la acción afirmativa provocó que dichas universidades discriminaron a blancos y asiáticos al dar preferencias a los estudiantes negros, hispanos y nativos americanos.
La mayoría conservadora de la Corte sostuvo y confirmó en una audiencia de octubre que la acción afirmativa, siga su curso. Sin embargo, la audiencia arrojó dudas sobre las políticas que los partidarios dicen que son esenciales para garantizar cuerpos estudiantiles diversos en las instituciones más selectivas de la Nación.
De acuerdo a un estudio de la Universidad de Georgetown, difundido por Bloomberg, la proporción de estudiantes afroamericanos y latinos admitidos en escuelas selectivas bajo un proceso de admisión alternativo que tiene en cuenta el nivel socioeconómico, por ejemplo, solo superaría los niveles actuales si las escuelas eliminaran las preferencias por los hijos de ex alumnos y atletas.
El impacto de la decisión de la Corte Suprema
Expertos en educación dicen, según el portal Derecho en zapatillas, que tal decisión no solo podría conducir a cambios en quién es admitido, sino también poner en peligro las estrategias establecidas desde hace mucho tiempo que las universidades han utilizado para crear clases diversas, programas destinados a grupos raciales y étnicos específicos para becas, programas de honores y reclutamiento.
El estudio de Georgetown analizó cuatro escenarios diferentes para tratar de medir el impacto del fallo de la Corte Suprema de anular la consideración basada en la raza, desde modelos en los que las universidades solo usaban el mérito académico hasta aquellos que consideraban el rango de clase de la escuela secundaria y el estatus socioeconómico de los estudiantes. Asimismo, “el análisis asume la eliminación de esas admisiones preferenciales y heredadas, un resultado poco probable dada la dependencia financiera de las escuelas en ellas”.
Según el relevamiento, los estudiantes indígenas, los que son indios americanos, nativos de Alaska, nativos de Hawái e isleños del Pacífico, representan poco menos del 1% de los estudiantes de secundaria y alrededor del 0,3% de los estudiantes universitarios en universidades selectivas. En muchos de los escenarios en los que ya no se considera la raza, se reduciría al 0,1% de los estudiantes universitarios, según mostraron los datos. En algunos escenarios, los estudiantes afroamericanos e hispanos, que representan el 5,9% y el 14,1% de los estudiantes de esas universidades, podrían mostrar ligeras mejoras cuando se reduzcan las inscripciones heredadas y se considere el estatus socioeconómico.
“Las ganancias podrían ser aún mayores si las escuelas intentaran diversificar sus grupos de solicitantes para reflejar mejor la composición de las clases que se gradúan de la escuela secundaria”, dice el estudio.
Cambiar de raza a nivel socioeconómico será más costoso que el enfoque basado en la raza, porque mientras aproximadamente dos tercios de los estudiantes seleccionados en función de la raza o el origen étnico también son de bajos ingresos, todos los estudiantes seleccionados por su posición económica necesitarían asistencia financiera adicional para pagar la universidad, dijo Anthony Carnevale, autor principal y director del Centro para la Educación y la Fuerza Laboral. E incluso el enfoque socioeconómico puede eventualmente enfrentar un desafío legal si los opositores a la acción afirmativa ven como eludir el fallo anticipado de la Corte Suprema, dijo.
Por otro lado, la solución puede ser volver al sistema educativo K-12 y trabajar para garantizar que los estudiantes subrepresentados se gradúen mejor preparados para la universidad, lo que llevará más tiempo y será más difícil, dijo Carnevale.
