Bogotá — El cofundador de la plataforma de domicilios Rappi, Simón Borrero, advirtió que si se aprueba la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, y que busca la formalización de los repartidores de estas aplicaciones en Colombia, podrían incrementar los costos de los domicilios hasta los $18.000 (unos US$3,8 de hoy).
La reforma laboral del Gobierno está encontrando una férrea oposición dentro del gremio de las aplicaciones digitales y principalmente dentro de las de domicilios, en donde compite el unicornio colombiano Rappi.
De acuerdo a cifras de 2021 del centro de pensamiento independiente Fedesarrollo, el número de colaboradores brutos que las plataformas digitales ocupan es del orden de 200.000 y estas generan el 0,23% del PIB.
El proyecto de la reforma laboral del Gobierno establece que las plataformas digitales o de reparto deben responder por la seguridad de sus trabajadores.
De acuerdo al documento, en caso de que los trabajadores tengan el carácter de autónomos, las plataformas digitales de trabajo contratante deberán verificar que dichas personas estén afiliadas a la seguridad social, en sus subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales y cumplan con sus obligaciones de realizar aportes.
De lo contrario, deberán asumir directamente el pago del 100% de los aportes como si fuesen empleadores.
Y en caso de que se concrete un riesgo protegido por la seguridad social, deberán responder por sus consecuencias en los mismos términos en que lo haría la entidad de seguridad social.
Frente al proyecto de reforma laboral, el cofundador de la plataforma dijo en entrevista con Semana que los costos de cara al consumidor podrían incrementarse.
“Por la actual situación económica y por la inflación, entiendo que muchos clientes estén insatisfechos porque Rappi se ha vuelto más costoso, pero con la reforma tendríamos que cobrar $18.000 por un domicilio y eso restringiría el servicio a unos pocos, destruyendo el modelo de negocio y dejando sin ingresos a muchas personas”, dijo el empresario.
“No estamos en Suiza ni en España, estamos en un país donde la gente necesita oportunidades. Ayudemos a que los que estamos construyendo esas oportunidades lo podamos seguir haciendo de forma sostenible”, ahondó.
En una reciente entrevista con Bloomberg Línea, el director Ejecutivo de la agremiación de las plataformas digitales Alianza In, José Daniel López, dijo que la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro no solo podría generar afectaciones en estas compañías, sino que también marcaría varios precedentes para todo el ecosistema y amenazaría 80.000 empleos en Colombia.
Desde la agremiación de aplicaciones proponen al Gobierno y a los congresistas que se avance “en la protección de los repartidores logrando concurrencia entre trabajadores y empresas de plataformas para el pago de la Seguridad Social”.
Ven un modelo en el que “las empresas de plataformas se encargan del pago de los riesgos laborales, cuando los repartidores ganen más del salario mínimo o, de seguros de accidentes y de responsabilidad civil cuando su ingreso mensual por dedicar menos horas sea menor al salario mínimo”.
López reiteró que “la propuesta de vincular a los repartidores mediante contrato de trabajo con subordinación, con horario, con inflexibilidad absoluta tendría la consecuencia de la destrucción de alrededor 80.000 empleos en Colombia”.
Consideró además que “es una propuesta innecesaria, ya que es posible avanzar en la formalización y la protección de los repartidores a través de modelos inteligentes e innovadores y no a través de la figura forzosa del contrato de trabajo”.
Los domiciliarios de Rappi han protestado en múltiples ocasiones por mejores condiciones en el país y la justicia ya ha sentado varios precedentes.
En septiembre del 2020 el Juzgado Sexto Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá declaró por primera vez en la legislación colombiana que la relación entre un repartidor y la plataforma del sector Mercadoni era de naturaleza laboral.
De acuerdo con una encuesta de 2019 del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, en la que se entrevistó a 318 rappitenderos, el 91,2% sostuvo no estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales.
Asimismo, el 63,2% reconoció haber sufrido accidentes de trabajo y el 66,7% haber contraído enfermedades laborales en los últimos años. Del total de la muestra, el 57% señaló ser migrante venezolano.
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