Caracas — La huida de decenas de venezolanos hacia Trinidad y Tobago, tanto por vía aérea como marítima durante los últimos años, registraba una elevada cifra de 40.000 migrantes residiendo en la isla caribeña para 2019, cuando las autoridades implementaron nuevas normativas, incluyendo un permiso de trabajo y estadía, el que se encuentra estancado actualmente.
Representando el 3% de la población actual en el país insular, cuyo gobierno ha mostrado fuertes alianzas gasíferas con la administración de Nicolás Maduro, más recientemente aupado por la flexibilización de sanciones desde Estados Unidos y la permisología para retomarlos, los venezolanos en la isla se mantienen en un limbo jurídico.
El permiso aprobado en 2019 por las autoridades de Puerto España para la regularización de 9 mil venezolanos en ese país, sumado a otros 4 mil con estatus en evaluación, sería sometido a una nueva extensión en enero de este año, que a pesar de haber sido anunciada por el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, no se llevó a cabo.
La falta de renovación de las miles de tarjetas de trabajo vencidas se traduce en desventajas laborales para los migrantes venezolanos, con un costo de vida alrededor de los 8.000 dólares trinitenses (US$1.178), de acuerdo a habitantes en la capital como Carlos Ortega, de 49 años, oriundo de El Tigre, en Venezuela.
“Con el permiso renovado se podría buscar un mejor trabajo a nivel de empresa o industrial, pero vencido no quieren contratarnos”, comentó en una encuesta elaborada por Bloomberg Línea.
La ausencia de validez de los permisos les ha costado el puesto de trabajo a muchos de estos migrantes en la isla, que han recurrido a otros trabajos de menores ingresos desde principios de año, calificados de irregulares e inestables, con salarios de TT$200 (US$29,49) diarios.
“Las oportunidades se reducen a un 50%. Ganar TT$200 diarios ya no es rentable. Hubo aumento de gasolina, pasaje, comida, rentas, y todo se adjunta a mayores complicaciones de supervivencia”, explicó María Parra, madre soltera de 36 años, quien hizo mención a los casi 6.400 dólares trinitarios que requiere para cubrir otros gastos de su hijo.
En la embajada venezolana aunque existe la recepción de los casos, es irrelevante la atención que puedan dedicarle. Algunos afectados consideran que las relaciones bilaterales entre ambos países detiene o retrasa los avances que se puedan alcanzar en cuánto a los migrantes venezolanos en la nación caribeña, sin embargo, la situación económica que atraviesa el gobierno de Keith Rowley tras la pandemia, ha tenido una significativa influencia.
La economía de T&T, fuertemente dependiente del procesamiento del gas, podría marcar un nuevo y mejor camino este año, tras la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) de una licencia para el desarrollo de yacimiento de gas no asociado, “Dragón”, ubicado en aguas venezolanas. La adquisición del gas a Venezuela no será transada con dinero en efectivo, y se limitará a pagos con medicinas y alimentos.
Las expectativas en torno a la estrategia que buscará la mayor participación del grupo internacional Shell por encima de la estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), reposa más en los avances que pueda permitir para el poder económico y adquisitivo en la isla, repercutiendo en sus migrantes, quienes dejaron atrás la crisis económica en Venezuela.
