Bloomberg — Durante décadas, Suiza se ha presentado a sí misma como un refugio con ciertos niveles de certidumbre legal para los inversores en renta fija y variable. No obstante, el colapso de Credit Suisse AG (CS) reveló algunas verdades incómodas.
En el frenesí para asegurar la compra del banco por parte de UBS Group AG, el gobierno habló de la necesidad de estabilidad y una legislación de emergencia para pasar por encima de dos aspectos clave de los mercados abiertos: las leyes de competencia y los derechos de los accionistas. Luego, los tenedores de bonos descubrieron que unos US$17.000 millones de los llamados Additional Tier 1 pasaban a no valer nada.
Más allá de la vergüenza que llevó el colapso del banco, observadores legales dicen que estas sorpresas presentan preguntas clave sobre la primacía de la ley bancaria suiza y genera dudas a los inversores sobre ingresar dinero al país.
No es bueno para Suiza “que los inversores crean que sus derechos pueden ser anulados”, afirma Kern Alexander, catedrático de Derecho y Finanzas de la Universidad de Zúrich. “La forma en que se está llevando a cabo la gestión de la crisis es de pánico, y ha socavado el Estado de Derecho y debilitado a Suiza”.
Al anunciar la venta de Credit Suisse a su rival de Zúrich el domingo por la noche, el Gobierno suizo citó un artículo de su Constitución que le permite dictar ordenanzas temporales “para contrarrestar amenazas existentes o inminentes de alteración grave del orden público o de la seguridad interior o exterior”. En este caso, esto incluía anular las leyes sobre fusiones en las votaciones de los accionistas.
Esa misma tarde, en una rueda de prensa, la presidenta de Finma, Marlene Amstad, fue preguntada si el Gobierno estaba ignorando los problemas de competencia al impulsar la fusión. Juntos, Credit Suisse y UBS tendrían 333.000 millones de francos suizos (US$360.000 millones) en depósitos de clientes, 115.000 millones de francos más que su rival más cercano, Raiffeisen, según una presentación de UBS a los inversores.
Pero el mayor rechazo de los inversores al acuerdo se refiere a la decisión del regulador bancario suizo Finma de reducir a cero los bonos AT1 emitidos por Credit Suisse.
Los bonos AT1 se introdujeron tras la crisis financiera mundial para garantizar que las pérdidas fueran asumidas por los inversores y no por los contribuyentes. Se supone que actúan como colchón de capital en momentos de tensión. En la mayoría de los demás bancos europeos y británicos, la deuda de este tipo cuenta con muchas más protecciones, y sólo los bonos AT1 emitidos por Credit Suisse y su antiguo rival suizo UBS incluyen en sus condiciones un lenguaje que permite la liquidación total en lugar de una conversión en capital.
Incluso si los riesgos de esos bonos AT1 se explicaron claramente a los inversores en el momento en que los suscribieron, este claro ejemplo de excepcionalismo suizo marca una ruptura con la norma general de que los obligacionistas están antes que los accionistas.
“De todo esto saldrán muchas demandas, que pondrán de relieve el comportamiento errático y egoísta de las autoridades suizas en esta saga”, afirmó Jacob Kirkegaard, investigador principal del Peterson Institute for International Economics.
La Fundación Ethos, cuyos 246 miembros de fondos de pensiones representan a 1,9 millones de personas con 370.000 millones de francos suizos en activos, ha amenazado con lo mismo sobre la cuestión del bloqueo de las votaciones de los accionistas.
“Frente a este fracaso sin precedentes en la historia del centro financiero suizo, Ethos seguirá defendiendo los intereses de los accionistas minoritarios, empezando por los fondos de pensiones suizos”, dijo la fundación con sede en Ginebra y Zúrich en un comunicado el lunes.
“En los próximos días se examinarán todas las opciones, incluidas las jurídicas, para determinar las responsabilidades de esta debacle”, añadió.
--Con la colaboración de Dylan Griffiths e Irene García Pérez.
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