Ciudad de Panamá — No se trata de un asunto ecológico ni científico, la adaptación climática o asegurar la resiliencia a los eventos de la naturaleza, cada vez más fuertes y la mitigación requiere de un tratamiento integral y transversal, así coincidieron expertos de siete países y el jefe de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Graham Watkins, durante un conversatorio efectuado en Panamá, en la Asamblea de gobernadores organizada por el banco.
Watkins lidera los esfuerzos del Banco para apoyar la planificación climática en los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC), aumentar la disponibilidad de financiamiento para impulsar la transformación climática, integrar el clima en las operaciones bancarias y promover conocimiento sobre infraestructura sostenible, riesgo climático y descarbonización.
“Si estamos construyendo una carretera y no consideramos el impacto de cambio climático, la vamos a perder”, apuntó el experto en la entrevista con Bloomberg Línea.
El otro elemento para trabajar es la mitigación o cómo reducimos las emisiones, añadió. Para ello, el mayor enfoque estratégico es el cambio en la matriz energética, seguido del transporte, el agua, saneamiento, la economía circular, combatir la deforestación y los cambios en la agricultura.
A su juicio se están dando los pasos adecuados y dio como ejemplo que la demanda de los vehículos eléctricos ha aumentado el 12% solo en China, una cifra importante que implica cambios exponenciales, y a nivel global se gastó un trillón de dólares en energías renovables en 2022 “es un monto enorme, la primera vez que llegamos a ese número” y que superó el gasto en combustibles fósiles.
Para todos estos cambios se requiere de financiamiento, para el 2022 lo destinado en préstamos para cambio climático para la región fue de US $5,9 billones, “parece mucho pero no es suficiente ni cerca para los cambios que queremos ver”, acotó Watkins.
Luis Miguel Galindo, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), investigó el costo de América Latina para cumplir con el Acuerdo de París -un tratado internacional vinculante en el que 196 países se proponen recudir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo- y es de US $470.000 millones.
Con esta suma se contrarrestarían los problemas de adaptación de climática y se darían pasos importantes para la descarbonización. Watkins explicó que se tienen que pensar en modelos para trabajar con el sector público y cambiar políticas fiscales para que se mueva la agenda del gasto público y privado en esta dirección.
No tomar las medidas de adaptación y mitigación traería peores consecuencias. Solo en el Caribe, los desastres impactan un promedio del 3.6% del PIB cada año, estima el BID.
“El impacto de los países de no avanzar con esta agencia es quedarse atrás mundialmente, no se tendrán acceso a mercados, los países que no consideren estos cambios no serán parte de cadenas de valor”, explicó Watkins.
En tanto hay otros costos, además de ambientales del beneficio de la descarbonización. El BID, explicó el experto, efectuó este análisis en Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y se demuestró que los costos son menores que los beneficios en cada caso.
Por ejemplo, un sistema de transporte público eficiente disminuye las emisiones de combustibles fósiles de autos particulares y a la vez se incrementa la productividad.
En tanto, hay otras proyecciones económicas en este sentido. El camino hacia la descarbonización podría generar un crecimiento económico adicional del 1% para el 2030, indicó el panel del BID que abordó la implementación climática de América Latina y el Caribe.
Se estima, por ejemplo, que se podría perder la tercera parte del PIB entre 2050 y 2070 de no implementar los cambios para ser carbono neutral, según explicó el profesor Galindo, de la Unam, por lo que sugirió que los cambios de los gobiernos se consideren en ajustes de políticas públicas de infraestructura, limitar los subsidios al combustible y pensar en una economía sostenible.
A su turno, la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, explicó que la captación de CO2 o manutención de los bosques nativos se ha convertido en su país en una certificación tan importante como la conocida declaración de zonas de “libre de aftosa” del ganado, y con esto se consideran tasas de interés más bajas por parte de los organismos multilaterales al momento de emitir sus bonos soberanos.
Por su parte, Max Puig, del Consejo Nacional para el Cambio Climático en República Dominicana, mencionó que en su país el tema de cambio climático está dentro de la ley de presupuesto del Estado y que según un estudio, la viabilidad económica de la descarbonización y el uso de energías renovables generaría un ahorro de US$ 2 mil millones, al año 2050.