Caracas — Una ola de detenciones en Venezuela por supuestos casos de corrupción que involucran a representantes del sistema judicial y la industria petrolera ha sido ejecutada durante las últimas horas, de acuerdo a información publicada por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, que cita un comunicado de la Policía Nacional Anticorrupción, bajo las órdenes de Nicolás Maduro.
En el documento firmado por el cuerpo policial se explica que fue solicitado al Ministerio Público el enjuiciamiento de una “serie de individuos” incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, con el propósito de llevar las investigaciones hasta las “últimas consecuencias”.
Joselit Ramírez, al frente de la Superintendencia de Criptoactivos en Venezuela (Sunacrip) desde 2018, e incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, se encuentra incluido en el grupo.
En el listado que fue formalizado este domingo a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), se hizo mención a la detención de Ramírez, la que se habría efectuado la noche del viernes. Mientras tanto, en la Gaceta Extraordinaria número 6.739, se había detallado la reestructuración de la Sunacrip durante un lapso de seis meses prorrogables, según medios nacionales.
Joselit Ramírez, una pieza clave en la economía digital de Maduro, ha sido aliado también del ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami; desempeñándose como director general de la Vicepresidencia de la República durante su gestión. Desde Washington se le había acusado de coordinar actividades ilícitas vinculadas a la minería digital, incluyendo el petro -criptomoneda venezolana sancionada por EE.UU.-, mientras que el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), le incluyó entre los más buscados por lavado de dinero y evasión de sanciones, con una recompensa de US$5.000.000 por su captura.
La cancillería venezolana emitió un comunicado en su defensa en julio de 2020, calificando las acusaciones de EE.UU. como “un mediocre guion hollywoodense”, parte de un nuevo ataque a las políticas económicas.
Otras detenciones
En el mismo procedimiento del fin de semana, las autoridades policiales también se ejecutó el arresto del alcalde del municipio Santos Michelena, en el estado Aragua, Pedro Hernández. La Tabla blog, un medio dedicado a la cobertura de datos del oficialismo en el país, acotó sobre este caso que la “reactivación de la violencia de bandas territoriales fue el catalizador para la acción punitiva”.
Jueces y militares asociados a la estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) igualmente han sido incluidos en la inusual actuación interna, entre ellos el coronel Antonio Pérez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos así como José Mascimino Márquez García, de 46 años, designado juez del Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, y el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas.
Márquez García estuvo al frente de casos como el del diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Freddy Guevara, el periodista Roland Carreño así como la “Operación Gedeón” en 2020, que buscaba la supuesta captura de Maduro.
