Para la mayor parte de la población chilena debería ser evidente que el país no puede financiar el sistema de seguridad social que precisa. Sus ingresos fiscales ascendieron en 2021 al 22% del PIB de la nación. Esta cifra equivale, prácticamente, a las dos terceras partes de la media de los países avanzados que componen la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), lo que sitúa a Chile en el cuarto puesto al mirar desde abajo.
Esa recaudación es insuficiente para afrontar una situación de pobreza y desigualdad que ocupa uno de los últimos puestos entre los países desarrollados: uno de cada seis habitantes de Chile percibe menos de la ½ de la renta media del país, el umbral de pobreza definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En Chile, la desigualdad es elevada hasta en comparación con los parámetros de Latinoamérica.
No obstante, el Congreso se negó cuando el presidente Boric pidió que se incrementara el producto interno bruto en un 3,6% para ayudar a paliar estas carencias sociales, una iniciativa nada descabellada a raíz de los disturbios sociales que socavaron la imagen que los chilenos tenían de su país como “oasis económico”, afectaron a su gobierno de derechas y contribuyeron a la llegada a la presidencia de la de la alianza izquierdista de Gabriel Boric.
En parte, la culpa es de la incapacidad de los responsables políticos. Pocos días antes del voto, Mario Marcel, ministro de Hacienda, estaba seguro de que ganaría. Esta falta no es exclusiva de Chile. En América Latina, los ingresos fiscales medios solo alcanzan el 22% del producto interno bruto. No poder recaudar una cantidad suficiente de tributos para desarrollar una red de seguridad social estable es un verdadero problema en la mayor parte de los países de la zona.
Los gobiernos de Colombia y México recaudan incluso menos que Chile. Si bien la recaudación de impuestos de Argentina y Brasil está más cerca del promedio de la OCDE, gran parte del dinero se destina a pagar salarios y pensiones del gobierno. Como resultado, en toda la región queda poco para gastar en vivienda, educación, salud, pensiones y otros apoyos a los ingresos, que son una característica estándar en la mayoría de las democracias de mercado prósperas.
“Es imperativo generar consenso en torno a la necesidad de una reforma fiscal”, dijo Jorge Castañeda, excanciller de México, que codirige un grupo de políticos e intelectuales latinoamericanos que trabajan en una propuesta para construir sistemas de bienestar social. “Durante los últimos 25 años ha surgido una conciencia entre muchas de las izquierdas latinoamericanas de que debemos hacer política social y que ninguna política social es posible con una recaudación fiscal tan baja”.
Los países latinoamericanos enfrentan un obstáculo idiosincrásico para financiar el tipo de red de seguridad social que permitirá que sus sociedades prosperen: en la mayoría de los países, más de la mitad de los trabajadores trabajan en la informalidad, fuera del sistema contributivo de impuestos sobre la nómina de empleadores y empleados que financia las redes de seguridad social en países ricos como Estados Unidos.
La informalidad disminuye el número de trabajadores y empresas en la base imponible del impuesto sobre la renta, recortando la recaudación tributaria. Y muchos servicios sociales que normalmente se financian a través de deducciones de nómina se pagan en lugar de los impuestos generales. La combinación conduce a redes de seguridad social destartaladas financiadas en gran parte por impuestos al consumo (de los cuales, por ejemplo, Chile, Brasil y México dependen de manera desproporcionada).
Pero esto no es excusa para defraudar a los latinoamericanos. Hay recursos. El principal obstáculo para su despliegue siempre ha sido político. Los gobiernos de izquierda que han tomado el poder en la región ahora deben enfrentar esta realidad.
En Colombia, la reforma tributaria fue la máxima prioridad en la agenda del presidente Gustavo Petro, quien presentó un proyecto de ley al día siguiente de asumir el cargo. A pesar de todas las grandes esperanzas sobre la redistribución y el alivio de la pobreza, la reforma se diluyó para recaudar solo el 1,3% del PIB, una pequeña parte de la brecha de 14,5% entre los ingresos fiscales de Colombia y los del país promedio en la OCDE.
En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera lo ha intentado. A pesar de la angustia económica incalculable causada por la pandemia de Covid-19 en la sociedad mexicana, cerró los programas sociales establecidos por sus predecesores y mantuvo una de las políticas fiscales más estrictas del mundo. Los ingresos fiscales de México siguen estancados en la parte inferior de la clasificación de la OCDE.
Santiago Levy, un destacado economista mexicano que se desempeñó como asesor del presidente a principios de su mandato, se acercó a él con una propuesta para apuntalar la desvencijada red de seguridad social de México con un modesto nuevo seguro médico universal similar al Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña. El costo: alrededor del 1,5% del PIB, que se recaudaría mediante una combinación de impuestos sobre la renta e IVA. López Obrador vio el precio de la etiqueta y se alejó.
España hace una comparación interesante. Al igual que Chile, fue gobernado durante años por un dictador militar con mano de hierro. Sin embargo, durante las tres décadas que siguieron a la muerte de Francisco Franco en 1975, los ingresos fiscales de España crecieron del 16,6% al 36,4% del PIB. Eso es aproximadamente cuatro veces más de lo que crecieron en Chile durante los 31 años posteriores a la partida de Augusto Pinochet.
El dinero en América Latina claramente sigue sin estar convencido de que, como en España, un sector público sólido pueda ayudar a generar prosperidad. Pero la falta de voluntad de la élite latinoamericana para ayudar a pagar los bienes públicos tiene un costo económico directo. Las empresas que se mantienen fuera de la economía formal para evitar el pago de prestaciones tienen menos acceso a la financiación e invierten menos. Los trabajadores de estas empresas tienen pocos medios o incentivos para invertir en su capital humano. En ausencia de una red de seguridad, el espíritu empresarial y la asunción de riesgos sufren.
Los costos sociales son evidentes. Las fuerzas que impulsan los disturbios en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Bolivia comparten algunas características comunes: una es la evaporación de la confianza en una élite que se ha enriquecido sin lograr una prosperidad de base amplia.
En Chile, muchas de las personas que salieron a la calle en 2019 eran pensionados que de repente se dieron cuenta de que el sistema privado de pensiones promocionado como una maravilla de la gestión económica liberal era insuficiente para pagar una jubilación digna.
El presidente Boric ahora propone reemplazar el régimen de jubilación privado financiado en su totalidad por las contribuciones de los trabajadores con un sistema de pensiones público que también grava a los empleadores. Sin embargo, sus propuestas aún no han pasado por el Congreso. No sería sorprendente que las fuerzas políticas que bloquearon la reforma fiscal se interpusieran. (Parte de los ingresos fiscales de la reforma fallida estaban destinados a ayudar a financiar una pensión mínima universal).
Tal vez los esfuerzos por construir en América Latina el tipo de aparato de bienestar que caracteriza a las democracias de mercado más prósperas de Occidente, nunca superarán la resistencia de las élites adineradas indiferentes a los costos sociales impuestos a sus compatriotas por la falta de una red de seguridad. Y, sin embargo, Castañeda señala que la agitación social que ha acosado a la región en los últimos años, derrocando gobiernos y atrayendo a empresarios populistas a la contienda política, aún podría servir como un incentivo para el cambio. Desde los días de Otto von Bismarck, una motivación clave para el seguro social ha sido asegurar la lealtad de la gente y mantener a raya al comunismo.
La Guerra Fría ha terminado, pero, agregue algunas nuevas amenazas de convulsión social y ¿quién sabe? Tal vez el dinero chileno se convenza de que su fortuna irá mejor en un país con una distribución menos forzada de la prosperidad y, tal vez, con una red de seguridad que funcione.
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