Bogotá — Cumplidos siete meses de la administración del Gobierno Petro todavía se siguen haciendo nombramientos en las instituciones que conforman el Estado.
En ese proceso, el Ejecutivo publicó la hoja de vida de Jhon Mauricio Marín Barbosa, quien hoy es investigado por la Procuraduría General de la Nación, para presidir una de las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda más relevantes: Fiduciaria La Previsora S.A (Fiduprevisora).
Una sociedad de economía mixta de carácter indirecto, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con control fiscal reglamentado por la Contraloría General de la República.
Bloomberg Línea estableció que la investigación que tiene en marcha Marín Barbosa en la Procuraduría es por presuntas irregularidades contractuales por más de $196.000 millones durante el ejercicio de su cargo como director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS), posición que ostenta desde 2018 y hasta la fecha.
Este Fondo, recordemos, es el encargado de administrar la salud de los portuarios y de los ferroviarios: actualmente son una población de 38.000 personas.
Lo que busca establecer el ente de control es la existencia o no de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la expedición de las Resoluciones 0811 y 2328 de 2019, en las que se declaró urgencia manifiesta y se celebraron contratos de manera directa para la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios de este Fondo.
Y es que de acuerdo con el informe preventivo realizado por la Delegada de Salud, Protección Social y Trabajo Decente de la Procuraduría, bajo la Resolución 0811 de 2019 se suscribieron cuatro negocios jurídicos por un valor inicial de $44.979 millones y un plazo de ejecución de tres meses para la atención de 39.093 usuarios del FPS. Estos contratos fueron prorrogados por 45 días hasta el 16 de septiembre de 2019 y adicionados hasta alcanzar un precio total de $67.364 millones.
Además, a través de la Resolución 2328 de 2019, el investigado declaró nuevamente urgencia manifiesta para suscribir cuatro contratos de manera directa por valor de $129.107 millones.
La Procuraduría también investiga un presunto detrimento al patrimonio público, toda vez que el valor de la Unidad de Pago por Capitación establecido en los contratos, se habría fijado de forma elevada.
Por otro lado, Bloomberg Línea también pudo establecer que en septiembre de 2022 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sancionó a Marín Barbosa, en su cargo de director de Ferrocarriles Nacionales, con una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes que debían ser pagados a favor de la Nación.
La razón: no respondió de forma oportuna, ni siquiera de forma parcial, a los requerimientos que le hizo este máximo tribunal de la justicia ordinaria en un proceso en el que le solicitó que le remitiera la historia laboral o el certificado de salarios de un hombre que prestó servicios para el extinto DAS.
Investigado pidió archivo de la investigación a la Procuraduría
Bloomberg Línea consultó a Jhon Mauricio Marín Barbosa, quien indicó que la investigación está en etapa de instrucción, que no hay un pliego de cargos y que, mediante su apoderado, ya solicitó el archivo del proceso.
“En 2020 la Superintendencia Nacional de Salud nos indicó que debíamos cumplir con las circulares 065 y 066, que prohíben la capitación y la subcontratación. Toda la vida, desde que existe el Fondo, funciona con licitaciones de cada cuatro años, en donde se contratan operadores del servicio de salud. Entonces, cuando la Superintendencia dio esa instrucción fue el ‘acabose’ más grande porque teníamos que salir, porque somos establecimiento público y no un régimen especial, al proceso de contratación y casi que los proponentes tenían que ser unos que armaran unas uniones temporales de 1.781 IPS, lo que es imposible. Estoy hablando de una población tan dispersa que en Pasto hay un afiliado. Armar eso desde el punto de vista técnico, desde lo jurídico, es imposible de cumplir”, explicó Marín Barbosa.
En esa línea, indicó que le manifestó tanto al superintendente de Salud y al ministro de Salud de ese entonces que no se iba a poder sacar la contratación. “Llegó el día de hacer la contratación y la Superintendencia atravesada conceptualmente... son servicios de salud, expuse a mi superior jerárquico absolutamente todo y nos fuimos por la urgencia manifiesta”.
A lo que agregó que “las declaratorias de urgencia manifiesta automáticamente tienen que ir a la Contraloría General, ambas pasaron allá. El ente de control señaló que están ajustadas a derecho y que no comprometen reglas para la contratación”.
Y enfatizó que el Consejo De Estado, después de proyectada una consulta técnica y normativa sobre el tema, “indicó que teníamos la razón y que lo que hay que hacer es ir al Congreso y reformar este Fondo”.
En cuanto a la sanción de la Corte Suprema de Justicia, expresó que obedeció a una certificación CETIL que no fue posible entregar en el término solicitado “debido a que dentro del expediente laboral del extrabajador de Ferrocarriles Nacionales de Colombia no se encontraba la información necesaria para elaborar la certificación, por lo que la entidad tuvo que disponer de un tiempo adicional para la consecución de los documentos”.
Y añadió que teniendo en cuenta el requerimiento del despacho judicial, el Fondo procedió a remitir el expediente laboral para conocimiento del mismo y, en cuanto obtuvo los documentos restantes, procedió a remitir la certificación. Por lo que “se iniciaron las acciones correspondientes frente a esta decisión: se interpuso acción de tutela que fue negada en primera y segunda instancia. Adicionalmente, se inició incidente de nulidad frente a la sanción impuesta y se encuentra actualmente pendiente de fallo”.
