Bloomberg Línea — El gobierno de Honduras ha comenzado esta semana con la socialización del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, el cual contempla la derogación de beneficios fiscales conocidos como exenciones, exoneraciones y otros incentivos.
Según han dicho las autoridades de gobierno, el nuevo sistema tributario aspira a detener “los abusos de las exoneraciones y hacer más equitativo el sistema tributario al cobrar más impuestos a los que más ganan”.
El gobierno asegura que desde el golpe de Estado de 2009, cuando se derrocó a José Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro, “se concedió un feriado tributario para los ricos”, con la creación de regímenes de exoneraciones fiscales a las grandes empresas, ampliación de beneficios fiscales y condonación de deudas tributarias.
“Los años de privilegios para los ricos, y de pobreza para los que menos tienen, se terminaron”, dice un post de redes del Servicio de Administración de Rentas (SAR), y su director Marlon Ochoa, refirió tras salir de una reunión con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que en 12 años se otorgaron 451.000 millones de lempiras (HNL), unos US$ 18.289 millones, en exoneraciones, un monto 116% superior al de la deuda pública.
El gobierno asegura que Honduras se encuentra a las puertas de ser declarado formalmente paraíso fiscal, por lo que la ley busca evitarlo y generar los recursos necesarios para combatir la desigualdad y propicie un desarrollo sostenible.
Según el análisis oficial, durante 11 años no se reclasificó al 78% de las grandes y medianas empresas que estaban como pequeñas, ni tampoco se ejecutaron acciones concretas para evitar el flujo ilícito de capitales a paraísos fiscales, ni para derogar el secreto bancario.
“A esto se debe sumar la negligencia, lentitud y corrupción del Poder Judicial que impide al Estado cobrar sus deudas tributarias: entre 2017 y 2022, estas crecieron en 242%”.
Al respecto, el Gobierno dice que los impuestos a los ricos apenas representan 3 de cada 10 lempiras que cobra el Estado en impuestos, pero el 20% más rico recibió el 98,62% de las exoneraciones y exenciones en impuestos sobre rentas y el 40% de las exenciones en canasta básica.
También, unos 25 grupos económicos (a través de 142 empresas) acumularon dos terceras partes (66,7%) de las exoneraciones fiscales y, de acuerdo a los Pandora Papers, 146 grandes empresas blanquearon capitales y evadieron impuestos utilizando paraísos fiscales, señala la propuesta de ley.
10 claves para entender la Ley de Justicia Tributaria
Las autoridades del SAR resumen la Ley de Justicia Tributaria en 10 puntos:
- Reconocer a nivel constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana.
- Derogar los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes: ZOLI, RIT, Call Center, Energía Renovable, Energía Térmica, Agroindustrial, Fomento al Turismo, Transporte Terrestre, ZOLITUR y APP.
- Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente, según constate en sus resoluciones de inscripción al régimen.
- Establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas. Con la reforma, Secretaría de Finanzas, SAR y Aduanas realizarán auditorías para cancelar exoneraciones a empresas que han abusado de estas y a empresas cuyo monto exonerado exceda el beneficio retribuido a la sociedad.
- Crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
- Cambiar el principio de renta de territorial a mundial “para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales”. Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.
- Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal.
- Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario.
- Ratificar la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), firmada en julio de 2022, para intercambiar información con 146 países.
- Aprobar la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad.
Sectores reaccionan a la propuesta
En conferencia de prensa, representantes del Cohep dijeron que los mensajes que está dando el gobierno al declarar que recibió un país en ruinas y por convertirse en un paraíso fiscal, “no son para atraer inversión”.
El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, dijo que el director del SAR no ha hecho ningún análisis sobre el impacto que tendrá la nueva ley tributaria para la economía, los empleos y los hogares.
Por su parte, el gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera, defendió a los inversionistas al decir que sí pagan la Tasa de Seguridad, el impuesto al petróleo, a la canasta básica, el impuesto selectivo al consumo. “Esto es una masacre contra las empresas, una masacre contra los mayores empleadores, una masacre contra el pueblo”.
Agregó que las reformas tributarias también atacan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
También la Fundación para la Libertad Económica, a través de su Centro de Estudios y Litigio Estratégico, dijo que la nueva ley “pretende eliminar regímenes especiales que han viabilizado cientos de millones de dólares de inversión extranjera a Honduras y generado cientos de miles de empleos”.