Bloomberg — Tras una contundente derrota en el Congreso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, está ahora bajo una intensa presión para resolver la próxima crisis política del país, un sistema de salud privado que está al borde del colapso.
Las aseguradoras conocidas como Isapres se están atrasando cada vez más en los pagos a los proveedores de servicios médicos y advierten que se declararán en bancarrota, al tiempo que rechazan una orden judicial que les exige compensar a los clientes por años de sobrecargos, lo que, según dicen, acabaría con los utilidad de toda la industria en los últimos 33 años. Los médicos advierten sobre las terribles consecuencias y afirman que a corto plazo podría interrumpirse la atención a millones de chilenos.
Boric, el líder de izquierda que llegó al poder con la promesa de combatir la desigualdad y reforzar los servicios públicos, se encuentra ahora en la incómoda situación de tener que apuntalar un sistema de salud privado que atiende a los ricos.
Funcionarios gubernamentales propusieron esta semana un cronograma ampliado de reembolso por los sobrecargos y una adopción gradual de reglas más restrictivas para fijar tarifas. Sin embargo, necesitan la aprobación de los legisladores para el plan, que parece cada vez más incierto después de que el Congreso rechazara el 8 de marzo un proyecto de ley tributaria clave, un bochornoso golpe para la Administración de Boric.
“No hay espacio en este momento para que podamos cometer errores en la solución de este problema”, dijo Patricio Meza, presidente de la asociación de profesionales médicos más prominente de Chile, el Colegio Médico. “Lo importante es el sentido de urgencia que esto tiene. Que tenemos que resolverlo lo antes posible”.
Apoyar a las empresas privadas es una concesión difícil para Boric al final de un primer año en el poder que se vio empapado por altos índices de desaprobación y lentos avances en las propuestas políticas. Su Gobierno no quiere el papel del salvador de un sistema con fines de lucro con raíces en la dictadura de Augusto Pinochet y vínculos con firmas internacionales como UnitedHealth Group Inc. y British United Provident Association Ltd. Aun así, transferir a 3,1 millones de usuarios, equivalentes al 16% de la población, a la atención médica pública paralizaría un sistema que ya está desbordado.
Sistema de Salud Nacional
Reforzar el sistema de salud es un desafío al que se enfrentan los Gobiernos de todo el mundo al tiempo que lidian con las secuelas de la pandemia de covid-19 y el envejecimiento de la población. En febrero, el primer ministro Justin Trudeau se comprometió a destinar 46.200 millones de dólares canadienses (US$33.400 millones) a apuntalar el sistema canadiense. Por otra parte, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Gran Bretaña está en crisis por la falta de dinero, personal y camas.
Este también es un tema candente en Colombia, donde el presidente, Gustavo Petro, envió al Congreso el mes pasado una ley que busca reducir las aseguradoras privadas y convertir al Gobierno en el principal administrador del sistema de salud de US$15.000 millones al año. Dos semanas después, un asesor clave que se oponía a la propuesta dejó la Administración.
El sistema de salud mixto de Chile data de 1981, cuando Pinochet allanó el camino para un sistema privado que, para quienes están dispuestos a pagar por él, a menudo cuenta con mejores instalaciones, tiempos de espera más cortos y al menos la percepción de una atención de mayor calidad que en las instalaciones públicas. A lo largo de los años, a medida que Chile se convertía en uno de los países más ricos de América Latina, las compañías de seguros ampliaron su base de clientes para incluir a muchos profesionales de clase media que buscaban un mejor servicio.
Cobertura del seguro
La solución no puede llegar lo suficientemente pronto para personas como Cristina Rivera, profesora de una escuela técnica y madre de dos hijos en Santiago. Ha oído rumores de que su aseguradora privada es una de las que están en peor situación financiera.
Rivera afirma que las condiciones preexistentes dificultarían el cambio a otro proveedor. Uno de sus hijos nació prematuro y desde entonces ha sufrido problemas crónicos de salud.
“Me siento absolutamente atada de manos”, dijo. “Estoy condenada a esperar a ver qué pasa. No tengo muchas alternativas y eso es lo que me da mucho susto”.
Las aseguradoras privadas aseguran que se han visto abocadas al borde de la insolvencia por los altos costos en medio del aumento global de la inflación, así como la combinación de un congelamiento temporal de las primas y una mayor demanda de atención durante la pandemia.
En los primeros nueve meses del año pasado, las Isapres registraron pérdidas por 128.000 millones de pesos (US$160 millones), según los datos más recientes del regulador de salud chileno. La cantidad de dinero que las aseguradoras privadas debían a las clínicas privadas ascendió a 567.000 millones de pesos en noviembre, frente a los 307.000 millones de pesos de marzo de 2022.
Eso fue antes de que un fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre determinara inconstitucional la forma en la que las empresas habían fijado las primas en función del género y la edad. Además, dijo que las aseguradoras no podrían cobrar nada por cubrir a niños menores de 2 años, dado que su cuidado está sujeto a un conjunto de leyes que otorgan garantías específicas a todos los ciudadanos.
Sobrecargos
La Corte ordenó a las Isapres reembolsar a los usuarios los sobrecargos a partir de 2020, cuando el Gobierno hizo cumplir su propia tabla de factores de riesgo para fijar precios que las aseguradoras privadas deberían haber adoptado. Ahora, los reguladores tienen hasta mayo para diseñar un sistema para que las empresas devuelvan los cobros en exceso que el Ministerio de Salud estima que pueden sumar hasta US$1.400 millones.
En términos más generales, Chile también corre el riesgo de socavar la confianza y la inversión de las empresas extranjeras, según Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres.
“El país lo que necesita es cubrir brechas de oferta que existen en infraestructura, días cama y tecnología”, dijo. “Eso se hace con inversión”.
De hecho, Banmedica, una unidad de UnitedHealth, con sede en Minesota, y Bupa, con sede en el Reino Unido, han advertido que podrían solicitar una compensación por sus negocios en Chile en virtud de acuerdos internacionales con el país sudamericano. Sostienen que el Gobierno chileno ha cambiado las reglas sobre el sistema de salud de una forma tan drástica que ha socavado el valor de sus inversiones.
Retrasos en el servicio
Durante su campaña en 2021, Boric presentó planes para avanzar hacia un sistema nacional de salud unificado en el cual no existirían las Isapres. Sin embargo, la realidad es que el sistema de salud pública de Chile, que se conoce como Fonasa y atiende a la gran mayoría de los 19 millones de habitantes del país, fracasa a la hora de satisfacer la demanda.
Aproximadamente 2 millones de usuarios del servicio de salud público están en lista de espera para visitas a médicos especializados, mientras que 300.000 esperan cirugías, según un informe de Clínicas de Chile, una organización paraguas de proveedores de salud privados.
Dadas las posibles consecuencias de la quiebra de las Isapres, es fundamental que sigan operando, según el senador Javier Macaya, quien también es presidente del partido opositor Unión Demócrata Independiente.
“Hay inversionistas extranjeros grandes que han cumplido con las instrucciones del regulador al momento de hacer inversiones en Chile. Ahora, el Estado de Chile está diciendo que lo hizo mal”, dijo Macaya al comité de Salud del Senado esta semana. “Hay que preocuparse de la responsabilidad del Estado en esta materia”.
