Caracas — Las cajas de ahorro operativas en Venezuela, que daban una oportunidad a los trabajadores de acceder a préstamos laborales, han quedado sin margen de acción desde hace al menos tres años. El sistema Patria, controlado por el gobierno venezolano, no ha adjudicado los aportes patronales designados para ello, que han recibido desde las distintas instituciones gubernamentales.
A mediados de 2021, la presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela (Ancahoven), Yolanda Clavijo había denunciado la apropiación indebida de los ahorros de más de 1.400.000 trabajadores del sector público, muchos de ellos de ministerios y otros organismos públicos que no habían recibido el aporte desde 2019, asignados por sus entes de trabajo al Sistema Patria.
La administración de Nicolás Maduro había solicitado en 2018 el registro de los trabajadores de todo el país en la plataforma del Carnet de la Patria, con el objetivo de efectuar los pagos correspondientes a sus salarios y honorarios profesionales, a través del sistema por el que ya venían asignándose bonos sociales.
Con este mecanismo, las instituciones gubernamentales empezaron a entregar al sistema Patria los recursos contemplados para el pago de trabajadores, incluyendo los aportes patronales establecidos para las cajas de ahorro, lo que debía ser adjudicado al organismo encargado. Una fuente del Ministerio del Trabajo que prefirió no ser identificada aseguró que el segundo paso no se ejecutaba desde finales de 2019.
“Las cajas de ahorro estuvimos prácticamente paralizadas desde septiembre de 2020 hasta marzo de este año sin recibir ningún tipo de recursos. Ni las retenciones que son lo que pone el trabajador, ni lo que pone el patrono (...) La deuda con las cajas de ahorro alcanza ya los US$100 millones”, dijo Clavijo durante una entrevista radial en noviembre del año pasado.
El cierre técnico de la asociación y sus afiliados, supervisados por la Superintendencia de Caja de Ahorros, parece ser más cercado desde entonces, pese a encuentros sostenidos entre el Ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, representantes de Sudeca y presidentes de las cajas de ahorro del sector público en septiembre, con la promesa de encontrar soluciones y dar respuestas.
Los fondos retenidos hasta el 2019, que es el cálculo que se le ofrece al trabajador ahorrista, se encuentran además desfasados, de acuerdo a responsables de nómina de algunas de las instituciones gubernamentales. La devaluación del bolívar, que pese a haber experimentado una estabilidad el año pasado, retomó la tendencia negativa, ha ocasionado una pérdida del poder adquisitivo con un salario mínimo integral de US$5 al mes.
El gobierno venezolano que no ha aplicado un ajuste en el ingreso de los trabajadores desde marzo de 2022, ha intentado disipar las protestas laborales en el país, intensificadas desde enero con pago de bonificaciones asignadas a través del mismo sistema Patria.
El supuesto desvío de los aportes patronales tanto como el aporte de los trabajadores para las cajas de ahorro, por parte del sistema también ha sido parte de las denuncias que ha hecho Ancahoven. Son alrededor de 7 millones de trabajadores de la administración pública afectados, que además desconocen el fin de los fondos.
“A la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA) le deben más 800 mil dólares por cajas de ahorro (...) No llegan los aportes y retenciones a las cajas de ahorro, entonces la situación está muy crítica a nivel nacional (...) ese monto se lo queda o la Oficina Nacional de Presupuestos, la Plataforma Patria o el Estado venezolano”, denunció recientemente el vicepresidente de Ancahoven, José Jara en una entrevista a Fe y Alegría.
