Ciudad de Panamá — Luego de tres meses de zozobra tras la orden del gobierno a First Quantum de cesar las operaciones mineras y la gestión de dos arbitrajes por parte de la minera, Panamá anunció que llegó a un acuerdo con la trasnacional canadiense y acordaron el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá por 20 años prorrogables.
“El contrato garantiza un reparto equitativo de regalías e impuestos por los recursos naturales de Panamá, en línea con otros países de la región. Tal como lo anunció el Presidente [Laurentino] Cortizo Cohen en enero 2022, se espera alcanzar unos ingresos mínimos para el Estado de US $375 millones en cada año de vigencia del contrato”, cita el comunicado de la Presidencia de la República.
Panamá espera recibir aproximadamente 10 veces más de lo que recibía bajo el contrato de 1997 y garantiza que Minera Panamá recibirá un rendimiento comercial por su inversión en Panamá, según el la nota oficial.
Cabe mencionar que durante la negociación, efectuada a puerta cerrada, se han mantenido herméticas las clausulas y modificaciones al contrato original, lo que ha sido criticado por la sociedad civil organizada panameña.
Entre los aspectos más destacados del nuevo contrato que reemplaza el vigente declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia -el 21 de diciembre de 2017- se mencionan “mayores protecciones laborales y medioambientales, disposiciones anticorrupción, obligaciones en transparencia por parte de Minera Panamá, la obligación de que Minera Panamá haga la transición a fuentes de energía limpia y mayores poderes de supervisión y de adoptar medidas contra la evasión fiscal por parte del Estado”.
“Después de un largo y arduo proceso de conversaciones, el contrato de concesión propuesto delínea las bases para el futuro de Cobre Panamá. Esperamos una larga y constructiva asociación con Panamá en los años por venir”, indicó por su parte Tristán Pascall, Ceo de First Quantum Minerals.
Las negociaciones de este contrato se iniciaron en septiembre de 2021 y finalizaron en enero 2022, el gobierno le dio el plazo final a la empresa para firmarlo en diciembre de 2022 pero al no efectuarse la misma se dio un enfrentamiento entre las partes que concluyó con la orden de cesar operaciones e incluso mensajes de propaganda de parte y parte.
Este contrato estará disponible durante el periodo de consulta pública, será presentado al Consejo de Gabinete para autorizar al Ministro de Comercio e Industrias a su respectiva firma, se revisará por la Contraloría General de la República, para su aprobación en la Asamblea Nacional y final firma por el mandatario Cortizo.