Lima — Los últimos meses han sido complejos para el escenario sociopolítico de Perú, aunque el país sudamericano ha enfrentado tumulto político y crisis institucionales durante varios años. El escenario ha puesto a prueba a una de las economías más resilientes de América Latina, y son cada vez más los operadores que advierten sobre más riesgos a la baja para la actividad económica peruana.
En un reporte de indicadores crediticios de corporativos en Perú al que accedió Bloomberg Línea, la agencia Fitch Ratings consideró que la inestabilidad política que también impacta a la economía del país andino sigue planteando un riesgo material a la baja para la inversión externa y el crecimiento económico.
Así, Fitch anticipa que habrá una limitada actividad del mercado internacional de deuda corporativa este 2023 y advierte sobre los riesgos que enfrenta la trayectoria macrofiscal del país en el mediano plazo si las condiciones adversas se mantienen.
La agencia prevé que el crecimiento medio del PBI de Perú este año y el 2024 estará en 2%, por debajo de la media de 2,8% que registran los países con calificación ‘BBB’, que es el rating crediticio otorgado por la firma a la deuda peruana.
“El debilitamiento de la inversión y de las perspectivas económicas, si persiste este 2023 y el 2024, como prevé Fitch, podría socavar la trayectoria macroeconómica y fiscal del soberano, en relación con sus homólogos ‘BBB’. Las políticas monetarias y fiscales más restrictivas ralentizaron la demanda interna”, detalló Fitch en su informe.
Héctor Collantes, director asociado de la agencia, apuntó que las causas del malestar social en Perú que se ha vivido los últimos meses, tras la asunción al mando de Dina Boluarte, son múltiples, pero remarcó que el principal desencadenante es político “y los problemas se concentran geográficamente”. “Por ello los efectos se distribuyen de forma desigual”, dijo.
“Aunque los bloqueos de carreteras activos se han reducido a seis el 27 de febrero de 2023 desde un máximo de 127 el 19 de enero de 2023 y los principios proempresariales del marco legal peruano se mantienen, no hay una salida clara de la crisis”, resaltó el ejecutivo.
Aunque en febrero las expectativas empresariales en Perú se ha recuperado a niveles de hace seis meses atrás, lo que espera el sector privado y los consumidores de la actividad peruana se mantiene en el tramo pesimista y los indicadores se muestran deprimidos. Fitch mencionó, por ejemplo, que la lectura del Índice de Confianza del Consumidor de Apoyo Consultoría en febrero fue de 37, siete puntos menos que en enero, lo que pone en peligro una incipiente recuperación.
“Estas cifras son similares a las observadas en crisis anteriores, como en 2020 o 2008″, enfatizó la firma.
Frente a los riesgos que se perciben para la inversión externa y el crecimiento económico de Perú, Fitch Ratings recordó que la presidenta Dina Boluarte surgió “de una relativa oscuridad y es una figura polarizadora”, destacando que tiene, además, escaso apoyo desde el Congreso de la República. “Muchos inversionistas y mercados esperan cualquier señal de cambio político para plantearse futuras inversiones”, detalló Fitch.
PERSPECTIVAS PARA EMPRESAS Y PRINCIPALES SECTORES EN PERÚ
La agencia explicó que las necesidades de refinanciamiento que manejan las empresas corporativas en el país andino son manejables, con un 62% de la deuda corporativa total vinculada a la emisión de bonos de Estados Unidos; la mayoría de vencimientos de deuda internacional con fechas posteriores al 2025; y menos del 8% de los bonos corporativos con vencimientos entre este 2023 y el 2024.
“Estimamos que US$3.100 millones de deuda total vencen en los próximos dos años, de los cuales menos de US$1.600 millones corresponden a deuda bancaria corporativa. Esta situación es manejable, ya que el stock de préstamos corporativos comerciales en Perú era de US$59 mil millones, de los cuales US$23 mil millones están en moneda extranjera a octubre de 2022″, detalló el informe.
Según Fitch, en la cartera corporativa peruana que califica el 67% de emisores tiene perspectivas estables, el 21% perspectivas negativas y un 12% perspectivas positivas al 27 de febrero. Pero han continuado las rebajas de calificación frente a nueva deuda, presiones inflacionarias e interrupciones en la cadena de suministros de algunos rubros como el minero.
“Telefónica del Perú fue rebajada a ‘BB-’ desde ‘BB’ el 27 de febrero debido a pasivos fiscales que podrían aumentar materialmente el apalancamiento de las necesidades de financiación. La Compañía de Minas Buenaventura fue rebajada a “BB-” desde “BB” debido a una producción inferior a la esperada y a unos costes más elevados tras la revisión de los planes mineros, así como a unas métricas de apalancamiento elevadas”, explicó Fitch.
La agencia dio advertencias sobre dos rubros clave para la economía peruana: minería y gas. En el caso de las explotaciones mineras, Fitch resaltó que las protestas se están concentrando en regiones donde predominan estas actividades como Cusco y Puno y, en ese escenario, la mayoría de las empresas de los sectores de los recursos naturales o la minería presentan un alto riesgo general de interrupción de la actividad.
“Aparte de las potenciales pérdidas de producción en el primer trimestre, se espera que la plena puesta en marcha de la mina Quellaveco aumente la producción de cobre en 8% en 2023. Se espera que la inversión minera total caiga 16% en 2023, ensombreciendo el crecimiento minero futuro”, reveló la firma.
Mientras tanto, las amenazas a los activos de gas que son claves para el país prevalecen para empresas de servicios públicos y energía: Fitch puntualizó que las compañías que dependen del gas natural del yacimiento de Camisea, que suministra casi el 40% de la electricidad de Perú, enfrentan un elevado riesgo.
