EE.UU. pide a México revisar denegación de derechos laborales en Unique Fabricating

Esta es la séptima vez que Estados Unidos envía a México una solicitud para que revise una situación en una instalación mexicana

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Ciudad de México — Estados Unidos pidió a México que revise la supuesta denegación de los derechos de los trabajadores de la fábrica Unique Fabricating, lo que supone la segunda vez en lo que va de 2023 que el país estadounidense invoca el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y la séptima en total.

La representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció hoy que Estados Unidos ha pedido a México que revise si a los trabajadores de una instalación de Unique Fabricating en Santiago de Querétaro, Querétaro, se les están negando los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

La solicitud, que se hizo en respuesta a una petición, marca la séptima vez que Estados Unidos ha invocado formalmente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La embajadora Katherine Tai dijo que esperan trabajar con el Gobierno de México para abordar con prontitud la solicitud.

En relación con la solicitud de EE.UU., la embajadora Tai ha ordenado al Secretario del Tesoro que suspenda la liquidación de todas las entradas no liquidadas de mercancías procedentes de las instalaciones de Unique Fabricating.

El 2 de febrero se recibió una petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Transformación, Construcción, Automotriz, Agropecuaria, Plásticos y de la Industria en General, del Comercio y Servicios Similares, Anexos y Conexos del Estado de Querétaro, “Ángel Castillo Reséndiz” (“el Sindicato de la Transformación”).

La petición alegaba que a los trabajadores de una de las instalaciones de componentes automotrices de Unique Fabricating en Santiago de Querétaro se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva.

El Comité de Control y Aplicación de la Legislación (CCI) determinó que existen “pruebas suficientes y creíbles” de una denegación de derechos que permiten invocar de buena fe los mecanismos de aplicación.

México dispone de diez días para aceptar llevar a cabo la revisión y, si acepta, de 45 días a partir de hoy para completarla.