Bogotá — Un centenar de exfuncionarios divulgaron una carta en que la critican el control que ejerce el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las tarifas de los servicios públicos por tres meses y advirtieron que las “malas decisiones pueden retroceder al país 50 años”.
La carta, firmada por más de cien exfuncionarios colombianos, está dirigida directamente al presidente Gustavo Petro por parte de congresistas y magistrados de altas cortes.
Los exfuncionarios advierten que “menores inversiones resultarán rápidamente en un aumento de riesgo en la confiabilidad energética y hará retroceder en los avances en cobertura, calidad y eficiencia”.
Asimismo, en la carta señalan que el marco actual ha permitido a Colombia dejar atrás un período de apagones de la década de 1990 para “lograr un sistema con confiabilidad energética”.
“Una cobertura que pasó de 74% a cerca del 98% en electricidad y de 9% a 64% en gas y una calidad adecuada, con excepción de aquellas geografías que no han contado con un prestador de servicios idóneo”, indicaron.
A finales de febrero el Gobierno expidió el Decreto 0227 de febrero de 2023, mediante el cual el presidente Gustavo Petro reasume por tres meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El presidente reasume la fijación de las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados; la determinación de las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia; la definición de la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por los centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho.
En la carta dirigida al Gobierno, los exfuncionarios manifiestan que “es innecesario e improcedente derogar las leyes 142 y 143 de 1994, o desconocer las comisiones de regulación”.
“Esto solo llevará a una alta incertidumbre sobre las reglas de juego, lo que afectará de manera inmediata las inversiones en servicios públicos”, insisten.
Aun así, son conscientes de que hay desafíos que se deben entrar a resolver de forma indemediata, entre los cuales citan la cobertura en zonas rurales aisladas y la mejora de los servicios en la costa Caribe del país sudamericano.
En días pasados, el vicepresidente y responsable de la división de Créditos en Moody’s Investors Service, Adrián Garza, advirtió que el control que asumió el presidente Gustavo Petro sobre las tarifas de los servicios públicos por tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético en Colombia y afectaría el flujo de inversiones en el país.
“El nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un período de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”, alertó el ejecutivo.
En opinión de Adrián Garza, “las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”.
Por su parte, Fitch Ratings señala que “las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al impedir aumentos de precios para compensar la escalada de los costes de producción”.
Advierte que la independencia del regulador colombiano “ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas”.
Ante este panorama, la reducción de inversiones en los proyectos de distribución y transmisión requeridos “podría afectar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico e incrementar las tarifas ante el riesgo de potenciales mayores pérdidas de energía y costos de restricción, especialmente en la región costera”.
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