Bloomberg Línea — El 28 de diciembre de 2022 fue detenido el gobernador de Santa Cruz y principal líder opositor al Gobierno de Bolivia, Fernando Luis Camacho Vaca, quien desde hace dos meses permanece detenido en el penal de Chonchorro.
El partido gobernante a nivel nacional, MAS, viene insistiendo para que asuma en el cargo de Camacho su vicegobernador Mario Aguilera. Sin embargo, el propio número dos de Camacho declaró hace dos semanas: “No soy traidor ni cobarde, si el gobernador (Luis Fernando Camacho) renuncia, me voy con él”.
Ahora bien, ¿cuál es la situación de Camacho? Su familia y partidarios consideran que fue “secuestrado” por el Gobierno, mientras que las autoridades nacionales creen que está justamente encarcelado por, supuestamente, haber atentado contra la democracia en 2019.
¿Cuál es la situación de Camacho?
A los pocos días de haber sido detenido, Camacho fue condenado a 4 meses de prisión. Durante el primer tiempo de su detención, los familiares aseguraron que estaba en peligro su vida, debido a la fragilidad de su salud por padecer el síndrome Churg-Strauss. En ese momento, el servicio penitenciario de Bolivia se comprometió a darle la debida atención.
Según informó en las últimas horas el diario cruceño El Deber, Martín Camacho, abogado del gobernador, explicó que existe un recurso abstracto que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional en Sucre (TCP) “para dilucidar la constitucionalidad del delito de terrorismo”, tomando en cuenta jurisprudencia actual.
Según explica el matutino, el Decreto 138, del 20 de mayo de 2009, había dejado establecido a la ciudad de La Paz “como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento del delito de terrorismo”. La norma se dio en el contexto del caso Rozsa por el que el Estado está siendo procesado por “ejecuciones sumarias”, pero en el ámbito legal internacional.
No obstante, el letrado reconoció que que además de este delito “se amplió la acusación a cohecho y seducción de tropas, dentro del mismo proceso Golpe I” por el que está siendo investigado Camacho.
Camacho fue procesado por un supuesto golpe de Estado de 2019, pero, además, el Gobierno y el MAS vincularon al opositor con la represión y las masacres de Sacaba y Senkata que se dieron al inicio de la transición que estuvo a cargo de la expresidenta Jeanine Áñez.
“La Fiscalía no ha realizado hasta el momento ningún tipo de acto investigativo. Hemos solicitado inspecciones técnicas oculares; hemos solicitado que se tomen declaraciones a testigos, todas nuestras peticiones de proporción de prueba han sido rechazadas y estamos siguiendo la vía constitucional”, afirmó el abogado a El Deber.
En las útlimas horas, el MAS presentó un proyecto de ley señalando el principio de la responsabilidad con la función pública para que el vicegobernador Aguilera asuma las funciones con todas las facultades ejecutivas.
En tanto, la alianza Creemos, que está a cargo de la Gobernación, propuso un proyecto de ley para que las llaves del interinato estén, en este caso, en manos de Camacho, a través de una petición de “licencia”.
