Bogotá — El Consejo de Estado tumbó este jueves el decreto que le da control al presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las tarifas en los servicios públicos, una medida que en su momento fue cuestionada por distintos sectores políticos y por las mismas agencias de calificación de riesgo.
El máximo juez de la administración pública decretó “la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023″.
“El despacho reitera que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación”, dice el auto por medio de cual se decreta medida cautelar de urgencia.
Dado lo anterior “no se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG y a la CRA”.
Explica que “lo que se encuentra irregular es que el primer mandatario de la nación haya decidido arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación”.
A finales de febrero el Gobierno expidió el Decreto 0227 de febrero de 2023, mediante el cual el presidente Gustavo Petro reasume por tres meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El presidente reasumió la fijación de las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados; la determinación de las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia; la definición de la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por los centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho.
En días pasados, el vicepresidente y responsable de la división de Créditos en Moody’s Investors Service, Adrián Garza, advirtió que el control que asumió el presidente Gustavo Petro sobre las tarifas de los servicios públicos por tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético en Colombia y afectaría el flujo de inversiones en el país.
“El nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un período de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”, alertó el ejecutivo.
En opinión de Adrián Garza, “las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”.
Por su parte, Fitch Ratings señala que “las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al impedir aumentos de precios para compensar la escalada de los costes de producción”.
Advierte que la independencia del regulador colombiano “ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas”.
Ante este panorama, la reducción de inversiones en los proyectos de distribución y transmisión requeridos “podría afectar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico e incrementar las tarifas ante el riesgo de potenciales mayores pérdidas de energía y costos de restricción, especialmente en la región costera”.
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