Bloomberg Línea — Una encuesta hecha por la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) a 45 empresas de diversas ramas del sector productivo, reveló que el 40% de ellas está sujeta a extorsiones.
El sondeo mostró que el 75% aseguró ser víctima de este delito desde hace tres años, mientras que el resto desde hace más de siete años. Además, el monto que paga una empresa es de 500.000 quetzales (US$ 64.071) anuales.
Otro dato es que el 50% de las empresas encuestadas consideró que las extorsiones aumentaron en un 10% en 2022, principalmente en la región metropolitana y el sur del país centroamericano.
“Este flagelo incrementa los costos de operación y afecta a una proporción importante de medianas empresas”, dijo Enrique Lacs, director ejecutivo de la CGAB, al agregar que este delito va en aumento en 2023 “y no se perciben condiciones de cambio que permitan frenar el fenómeno criminal”.
Estrategia coherente contra la extorsión
En 2022 hubo 14.725 denuncias ante al Ministerio Público por el delito de extorsión, lo que refleja un incremento del 11% con relación a 2021, cuando fueron 13.288, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
De acuerdo con la CGAB, aunque las cifras sobre este delito son elevadas, la realidad podría ser incluso mayor ya que existe un subregistro de casos que no se documenta ante las autoridades.
Las ganancias que perciben los grupos delictivos, principalmente de maras y pandillas que se dedican a la extorsión en Guatemala, rondan entre US$40 millones y US$57 millones al año, según el informe Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo el dinero, que presentó la entidad Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington D.C.
La CGAB dijo que en este año electoral “es importante conocer qué acciones pretenden implementar los candidatos a la presidencia de la Republica, para combatir este flagelo”, al tiempo de exhortar a desarrollar “una estrategia coherente y a las autoridades del gobierno exige actuar conforme a la ley y ponerle un alto a estos criminales”.
Guatemala, junto con El Salvador y Honduras, son los países más afectados por las maras y pandillas. Tanto lo gobiernos de Nayib Bukele como Xiomara Castro han implementado regímenes de excepción en busca de combatirlas.
