Bloomberg Línea — Desde finales de 2022, la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (DGCP) comenzó a cobrar US$ 170 mensuales. los familiares de reos en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, y en otras prisiones del país centroamericano.
Este pago está destinado a la compra de paquetes alimenticios y de insumos básicos de los presos, pero los parientes solo saben que los US$ 170 se dividen en US$ 35 para alimentación, US$ 70 para misceláneos, US$ 15 para higiene y US$ 30 para vestimenta, según una hoja que los carcelarios han pegado en los muros de las prisiones, reveló una investigación de Infobae publicada el 18 de febrero.
Aunque todo apunta a que la medida ha sido suspendida. La Prensa Gráfica (LPG) mostró un rótulo en las ventanillas de información del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, en el que anunciaba que desde el domingo 19 de febrero “se comunica a todo público que no se comercializa ningún tipo de insumos para los privados de libertad”.
El medio de prensa escrita habló con familiares de privados de libertad que fueron capturados durante el régimen de excepción sobre si compraban los paquetes institucionales, pero dijeron que no lo hacían porque “les salía más caro comprarlos en el centro penal que en las ventas de la calle”. Además, que desconfiaban de si les entregaban todos los insumos a cada reo.
Críticas al cobro de paquetes
Aunque las autoridades de la DGCP no se han pronunciado al respecto, el presidente Nayib Bukele citó con un emoji el tuit de Infobae en el que se daba a conocer sobre el cobro a los presos en las cárceles.
Asimismo, Christian Guevara, diputado por San Salvador y jefe de fracción del oficialista Nuevas Ideas, se pronunció al respecto y dijo: “¿Y que acaso tienen una corona los mareros para que les estemos pagando todo?”.
La oenegé Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) ha sido una de las principales críticas del accionar del gobierno tras el anuncio en marzo de 2022 de la guerra contra las pandillas y el régimen de excepción, que ha sido prorrogado en nueve ocasiones.
“A Bukele no le basta encarcelar a nuestros seres queridos inocentes y provocarles la muerte. Ahora pretende hacer negocios con ellos”, dijo la organización en redes sociales. Esta iniciativa ha recopilado denuncias y testimonios de personas que han sido encarceladas bajo la presunción de estar vinculados con maras y pandillas, aunque no se les haya hecho un proceso judicial.
“Yo estoy enferma, no puedo costear ese paquete y mi hijo totalmente inocente pagando delito que no existe”, dijo Rosy Hernández.
A pesar que aparentemente el cobro ha sido suspendido, aún persiste temor entre los parientes. “Yo no tengo cómo hacer ese gasto si mi familiar detenido es quien era el sostén de sus hijos y yo”, dijo María Antonia Martínez, en un comentario por Facebook.
También Alfredo Mejía, representante del Movir, refirió que la venta de estos productos en los centros penales era una manera de chantajear a las familias, por la manera en que se ofrecían. “Los custodios decían que el paquete que pagáramos en el penal se lo daban el mismo día al reo, pero el paquete que uno llevaba se lo daban hasta los 15 días. Era como una presión para comprarlo allí”, dijo a LPG.
Traslado a la nueva cárcel
El ministro de Justica y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que hasta la fecha se han capturado a 64.512 “terroristas” bajo el régimen de excepción y destacó que las estrategias de seguridad van más allá del patrullaje en el territorio.
“Todo el gabinete está trabajando en exterminar por completo este cáncer de las pandillas que han existido por más de dos décadas. Cada una de las fases conlleva una gran cantidad de análisis e información para continuar con los lineamientos del Plan Control Territorial (PCT) que se ha convertido en un modelo a seguir en Latinoamérica”, dijo Villatoro.
Como parte de la guerra contra las pandillas, presentó el 31 de enero el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), centro penitenciario con capacidad para 40.000 reclusos.
En las últimas horas, diferentes reportes en redes sociales alertaron sobre el traslado de reos del complejo penitenciario de Izalco y la penitenciaría La Esperanza, en Mariona, hacia el nuevo penal de Tecoluca, en San Vicente.
Según las denuncias, un contingente de buses custodiado por helicópteros, drones y vehículos militares, salió desde el penal de Izalco, pasando por Lourdes, el bulevar Monseñor Romero, luego tomaron la autopista al aeropuerto con rumbo a Zacatecoluca.
