Ciudad de Panamá — Este jueves 23 de febrero la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantun Minerals, Ltd., suspendió el procesamiento de cobre en el caribe panameño, alegando que se ha quedado sin espacio para almacenar el metal, debido al cierre de su puerto.
“Minera Panamá iniciará una desmovilización parcial de su fuerza laboral de más de 8.000 trabajadores y contratistas, de los cuales se espera que el impacto aumente significativamente en las siguientes semanas si no se reanudan los envíos del concentrado. Además de las reducciones de la fuerza laboral, la mina ha dejado de comprar suministros y servicios que equivalen a 20 millones de dólares en ingresos semanales a más de 2,000 empresas panameñas”, cita un comunicado de la empresa.
Al respecto, Ebrahim Asvat, abogado que negocia en nombre del gobierno panameño, expresó que la trasnacional minera que “genera miles de millones de dólares en utilidades y le entrega una bicoca a Panamá, ahora utiliza a los trabajadores y proveedores como medio para doblegar al Estado panameño”, según su cuenta de Twitter.
Desde diciembre del año pasado la minera y el gobierno panameño mantienen serias diferencias por la firma de un contrato, en el cual Panamá busca recibir una mayor rentabilidad por la extracción de su recurso mineral, por el que actualmente solo recibe un 2% de las ganancias de Minera Panamá.
Por la operación minera la nación canalera aspira a recibir al menos US$375 millones anuales.
Hasta el momento, la minera ha interpuesto al menos 10 recursos de reconsideración contra la orden gubernamental dada en diciembre pasado de cesar la extracción y exportación del mineral, y para que se realice el mantenimiento de los equipos y bienes de la mina, mientras se resuelve el conflicto, según informó el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.
A finales de 2022 el presidente de la República, Laurentino Cortizo, instruyó al titular del Ministerio de Ambiente, Milciades Concepción, a adoptar las medidas para supervisar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero.
De igual manera, ordenó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, a supervisar, velar y verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores y la minera, en vías de mantener la fuente de empleo y la protección de las prestaciones laborales.
En medio de estas diferencias, las empresas proveedoras de la minera elevaron su voz ante las autoridades panameñas, a quienes le solicitaron reconsiderar la orden de suspender las operaciones de la empresa y retomar el diálogo para finiquitar la firma de un nuevo convenio.
“El solo hecho de que la situación se esté prolongando nos ha puesto bajo sospecha ante terceros y muy especialmente ante la banca, que ha bloqueado las líneas de financiación para la adquisición de los equipos con los que prestamos servicio y está generando dificultades en nuestra tesorería”, afirman las proveedoras.
En una declaración de apoyo a la minera, las empresas proveedoras sostienen que en 10 años han estado brindando un servicio continúo, siempre bajo una supervisión “estricta y rigurosa”, por lo que instan a que se mantenga la cadena de producción.
Por su parte, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) indicó que durante los últimos meses de manera incansable le ha manifestado a Minera Panamá, S.A. (MPSA) la importancia de finalizar el acuerdo previamente acordado el 17 de enero de 2022 para garantizar la operación de la mina Cobre Panamá.
El Gobierno Nacional exhorta a MPSA a cumplir con las regulaciones y procesos necesarios para el funcionamiento seguro de la mina “y se abstenga de crear el desasosiego e incertidumbre sobre la estabilidad de los miles de trabajadores y proveedores que dependen de la actividad minera”, cita un comunicado del ministerio.
“Utilizar mecanismos de presión, no contribuyen a mejorar los niveles de entendimiento que tanto el Estado como MPSA requieren para una relación justa, equilibrada y satisfactoria de los intereses tanto nacionales como de la inversión extranjera”, añade el pronunciamiento oficial.
La nota afirma que Panamá ha demostrado continuamente su compromiso en mantener conversaciones basadas en la buena fe y confianza legítima, sin embargo, Minera Panamá ha demostrado todo lo contrario, ya que no han honrado su palabra y se rehúsan a firmar el acuerdo con los términos previamente aceptados.
“Incurriendo en tácticas dilatorias que han alargado el proceso por más de un año, intentando cambiar el acuerdo en donde el Estado Panameño no recibirá la compensación justa que merece por sus recursos naturales, actuando en contra de los intereses del pueblo panameño y los trabajadores de la mina Cobre Panamá”.
