Bogotá — El control que asumió el presidente Gustavo Petro sobre las tarifas de los servicios públicos por tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético en Colombia y afectaría el flujo de inversiones en el país, según una nota del vicepresidente y responsable de la división de Créditos en Moody’s Investors Service, Adrián Garza.
“El nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un período de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”, alertó el ejecutivo.
En opinión de Adrián Garza, “las iniciativas gubernamentales están destinadas a controlar las tarifas en medio de un ambiente de alta inflación”.
“Si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”, apuntó.
En días pasados, la firma de calificación crediticia Fitch Ratings alertó en un informe sobre los estragos que generaría en materia de inversiones y confiabilidad el control del presidente Petro en las tarifas.
Para Fitch Ratings “las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al impedir aumentos de precios para compensar la escalada de los costes de producción”.
Advierte que la independencia del regulador colombiano “ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas”.
Ante este panorama, la reducción de inversiones en los proyectos de distribución y transmisión requeridos “podría afectar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico e incrementar las tarifas ante el riesgo de potenciales mayores pérdidas de energía y costos de restricción, especialmente en la región costera”.
El jueves pasado el Gobierno expidió el Decreto 0227 de febrero de 2023, mediante el cual el presidente Gustavo Petro reasume por tres meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El presidente reasumirá la fijación de las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados; la determinación de las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia; la definición de la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por los centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho.
Recientemente, un grupo de 15 exministros, dos exviceministors y ocho excomisionados de la CREG le advirtieron mediante una carta al presidente Gustavo Petro los presuntos riesgos que genera para el país asumir estas funciones.
“La intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”, dijeron en la misiva.
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