Bloomberg Linea — El presidente salvadoreño Nayib Bukele sorprendió recientemente al celebrar en un tuit que el país ha sumado 300 días sin homicidios, un logro para una nación que en tres días de marzo de 2022 reportó la muerte violenta de 88 personas.
“¡Hemos llegado a 300 días sin homicidios! Para ponerlo en contexto, el Gobierno anterior no tuvo un solo día sin homicidios, y el anterior a ese, solo tuvo 1. Un día sin homicidios en 10 años. Pero gracias a Dios, ahora vivimos en un país diferente”, escribió Bukele.
Las estadísticas oficiales de El Salvador señalan que enero de 2023 ha sido el mes más seguro en 201 años de historia de ese país, pues ese mes solo se registraron 11 homicidios.
Por estas y otras cifras, Bukele declaró el 7 de febrero que la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes era la más baja en toda América. “La tasa de homicidios anualizada de El Salvador es de 1,8 por cada 100.000 habitantes. La más baja de toda América, por debajo de la de Canadá”, aseguró desde su cuenta de Twitter.
El Salvador no ha sido el único país afectado por la violencia, principalmente derivada de la actividad de las maras y pandillas. Un análisis publicado por Naciones Unidas en mayo de 2022 mostró que nueve de los diez países con mayor cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes están en América, y cuatro de ellos en Centroamérica: El Salvador, Belice, Honduras y Guatemala.
¿Qué está pasando en El Salvador?
A finales de marzo de 2022, tras la ola de violencia y asesinatos a los que el gobierno responsabilizó a la Mara Salvatrucha, Bukele anunció la guerra contra las pandillas y un régimen de excepción -prorrogado en nueve ocasiones desde entonces- que ha incluido el despliegue de militares y fuerzas del orden para entrar a los vecindarios con presencia conocida de pandillas.
El gobierno asegura que esta “efectiva estrategia de seguridad” ha dejado la captura de casi 63.000 personas, equivalente al 1% de la población, a quienes se les ha llamado “terroristas” sin un juicio.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado el accionar del Estado. La organización Cristosal ha registrado al menos 102 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción, mientras Human Rights Watch obtuvo acceso a datos oficiales de 1.082 menores detenidos hasta agosto de 2022 y otras organizaciones reportan 4.500 denuncias contra las fuerzas de seguridad.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), integrado por familias víctimas del régimen, ha registrado varios testimonios de personas capturadas bajo esta medida, mismos que se comparten en su cuenta de Facebook.
“Él vendía pan en una motocicleta. Pasó casi nueve meses detenido y no parecía el mismo, estaba muy delgado. Al menos hubieran permitido que su mamá lo viera con vida cuando estaba en el hospital para despedirse de él. Le hubieran avisado que estaba enfermo”, dijo una familiar de Noé Alexander Rivera Vásquez, de 23 años, quien se encontraba detenido en el Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas, en Santa Ana y falleció a principios de febrero por complicaciones respiratorias, según Medicina Legal.
Semanas atrás, Bukele presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como parte de su plan antipandillas. Esta megacárcel tiene capacidad para albergar 40,000 reclusos y cuenta con “tecnología de punta” y estrictos controles de seguridad.
El Salvador planea compartir su experiencia
Bukele ha puesto a disposición de otros países su experiencia con el plan de seguridad Control Territorial. En ese sentido, dijo que “El Salvador ayudará a Haití, instalando una oficina de cooperación en dicho país, con el objetivo de reducir los altos índices de criminalidad”.
“Mientras otros Estados se encuentran cerrando oficinas en Haití por los altos índices de violencia, El Salvador abrirá una con el deseo de coadyuvar en el combate de las estructuras criminales”, dijo el vicepresidente Félix Ulloa, en la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se desarrolló en Buenos Aires.
Días atrás, Ulloa anunció que cuando el país ostente la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) durante seis meses, a partir de junio de 2023, buscarán hacer diversos encuentros como un foro sobre Modelos de Seguridad en Centroamérica donde se exponga “el éxito del Plan Control Territorial”.
El vicepresidente dijo que el régimen de excepción no viola los derechos humanos ni suspende las libertades públicas, únicamente aquellas de carácter judicial. “La guerra contra las pandillas se sustenta en el ‘Jus ad bellum’, que en el Derecho Internacional faculta al Estado a salir en defensa del pueblo cuando es agredido y señaló que ésta se ejecuta sin derramamiento de sangre”.
