Bloomberg Opinión — Luego de ganar la reelección en noviembre con casi el 60% de los votos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, contaba con capital político para gastar en cualquier número de prioridades. Lamentablemente, se ha decantado por una de las opciones más irreflexivas: permitir al público portar armas de fuego ocultas sin licencia.
La política es tan mala como suena. Elimina cualquier requisito de que un propietario de armas obtenga una licencia o realice un curso de formación para llevar un arma oculta en público (sigue siendo necesaria una licencia para llevar un arma de fuego de forma visible). El proyecto de ley avanza ahora en la legislatura y, dada su supermayoría republicana y el respaldo del gobernador, es probable que se convierta en ley. Florida se convertiría así en el 26º estado en legalizar la “portación sin permiso” (o “portación constitucional”, como la llaman los fundamentalistas).
Es un giro decepcionante justo cinco años después de que en 2018 se produjera en Florida el peor tiroteo masivo en un instituto del país, cuando un joven de 19 años armado con un rifle semiautomático estilo AR-15 abrió fuego en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, matando a 14 estudiantes y tres miembros del personal, e hiriendo a otras 17 personas.
Aunque es una historia trágicamente familiar, lo que siguió fue más inusual. A pesar de tener un gobernador y una asamblea legislativa republicanos, el estado actuó con prontitud para reforzar sus leyes sobre armas de fuego: Menos de un mes después del tiroteo, Florida había elevado a 21 años la edad mínima para comprar armas de fuego, había impuesto un periodo de espera de tres días para la compra de armas largas, había ilegalizado los bump stocks (dispositivos que permiten que un arma semiautomática dispare más rápidamente) y había autorizado una ley de bandera roja que permite a las autoridades confiscar temporalmente las armas de fuego de quienes demuestren intención de hacerse daño a sí mismos o a otros.
Ahora, cinco años después, Florida va en la dirección contraria, y por ninguna buena razón. Incluso con las medidas posteriores a Parkland, el estado apenas era restrictivo con las armas: Fue uno de los primeros en aprobar una ley de “stand-your-ground” (que permite el uso de la fuerza mortal en defensa propia incluso cuando no hay una amenaza letal), no tiene un requisito universal de verificación de antecedentes, y ya permite a los propietarios con licencia llevar armas de fuego ocultas en público (una política que en sí misma conduce a un aumento de los homicidios con armas de fuego).
Una ley de portabilidad sin permiso probablemente empeorará las cosas. Según un análisis, los homicidios con armas de fuego aumentaron un 22% de media en los tres años posteriores a la aprobación de una medida de este tipo en los estados del país. Otro estudio reveló que la portación sin necesidad de sacar permisos provocó un aumento del 13% en los tiroteos con la policía, lo que quizá explique por qué las organizaciones policiales han sido algunas de las que más se han opuesto a la portación sin licencia allí donde se ha propuesto.
Los intentos anteriores de codificar esta política en Florida se han estancado en los comités legislativos. Había poco que obligara a DeSantis a respaldar la idea, excepto, quizás, la política. Al igual que su ofensiva contra la inversión ESG, su lucha con Walt Disney Co. (DIS) y su oposición vocal a la teoría crítica de la raza, gran parte de la agenda del gobernador últimamente parece diseñada para marcar casillas que probablemente atraigan a una audiencia conservadora nacional.
Pero, a diferencia de esas otras opciones políticas, esta podría tener consecuencias fatales.
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