Lima — El Congreso de la República de Perú aprobó, con 59 votos a favor, una denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del expresidente Pedro Castillo, por supuestamente integrar una organización criminal y otros ilícitos penales junto a dos de sus exministros de Estado.
El informe final de la denuncia constitucional aprobado por el Parlamento recomienda acusar a Castillo por presunta comisión de delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión, y fue discutido en el Pleno del Congreso desde tempranas horas de este viernes 17 de febrero.
Hoy es, además, el último día de legislatura que tiene el Parlamento peruano en agenda, y algunos esperan que se pueda traer a la mesa el debate sobre el adelanto de elecciones -aunque no hay consenso desde las bancadas congresales para que ello se dé-.
Pedro Castillo, expresidente de Perú, fue destituido el pasado 7 de diciembre tras el intento de un autogolpe de Estado mientras aún era la máxima autoridad del país andino; un evento que generó el rechazo desde los poderes Legislativo y Judicial y que culminó en su vacancia del cargo por incapacidad moral, y posterior detención preventiva por 18 meses por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
Tras los 59 votos a favor de la acusación constitucional contra Castillo, también se aprobó ampliar esta acusación contra los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva. Los tres expedientes serán enviados a la Fiscal de la Nación para que se proceda con las acusaciones e investigación de los supuestos delitos que habrían cometido las ex autoridades.
El expresidente Castillo, actualmente detenido en el penal de Barbadillo en la ciudad de Lima, no asistió a las citaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente mientras se elaboraba el informe de acusación presentado por la Fiscalía. Su abogado, Eduardo Pachas, se hizo presente en su defensa durante la sesión del Pleno para rechazar las conclusiones del informe debatido.
Tras esta aprobación en el Parlamento que sumó también 22 votos en contra -de parlamentarios aliados al exgobierno de Castillo-, la fiscal Patricia Benavides podrá formalizar la investigación contra Castillo, Alvarado y Silva para iniciar el proceso penal en su contra, que avanza en paralelo a los supuestos delitos de rebelión y conspiración que habría cometido el exmandatario peruano cuando intentó orquestrar un autogolpe de Estado.
La Fiscalía peruana precisa que Pedro Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal que se habría enquistado en el Estado durante su gobierno, especialmente en los ministerios de Transporte y Comunicaciones -que fue liderado por Silva- y Vivienda, Construcción y Saneamiento -liderado anteriormente por Alvarado-. Se le acusa a Castillo y a los dos exministros de dirigir de forma irregular proyectos públicos mediante licitaciones concertadas, en perjuicio del país.
A diferencia de la acusación constitucional contra Castillo, hubo una amplia mayoría a favor de acusar constitucionalmente a los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. En el primer caso se sumaron 81 votos a favor, y en el segundo 87 votos favorables.
