Bloomberg Línea — Cerca de un centenar de personalidades de la sociedad civil nicaragüense fueron despojadas de su nacionalidad el miércoles 15 de febrero por una resolución del Poder Judicial apegada a un ordenamiento del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre las 94 personas declaradas “traidoras de la Patria”, sin siquiera un juicio, se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el periodista Carlos F. Chamorro, y el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, quién está exiliado en Miami.
Ramírez (de 80 años), que está exiliado en España, rompió con el Frente Sandinista a mediados de la década de 1990, cuando fundó un movimiento político que prometió adherirse a los principios democráticos, y aunque perdió en una candidatura a la presidencia en 1996, ha tenido mucho más éxito en su carrera de escritor, ganando el Premio Cervantes 2017 otorgado por el gobierno español.
El jefe de la corte de apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó una resolución que declara a los exiliados como “prófugos de la justicia”. “Los acusados ejecutaron y continúan realizando actos criminales en detrimento de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”, dijo el juez al agregar que fomentaron el sabotaje económico del gobierno de Ortega.
“Debido a estos hechos, los acusados ya no pueden ser considerados ciudadanos nicaragüenses”, dijo Rodríguez Mejía. Ante ello, la oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “alarma” por la acción.
“Condenamos en los términos más enérgicos posibles la nueva ola de violaciones (de los derechos humanos) y pedimos al Estado que cese inmediatamente la persecución y las represalias” contra los disidentes y defensores de los derechos humanos, tuiteó la oficina.
Asimismo, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó las acciones del gobierno. “Este acto deplorable aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen”.
A las reacciones también se sumó Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien consideró que “quitar la nacionalidad a una persona por sus opiniones es contrario a todo derecho y es otra forma de tortura ejercida por la dictadura en Nicaragua”.
La semana pasada, el gobierno de Ortega-Murillo liberó y expulsó a Washington D.C. un grupo de 222 disidentes encarcelados, retirando su ciudadanía, después que la Asamblea Nacional de Nicaragua iniciara el proceso para reformar el artículo 21 de la Constitución Política con el propósito de legalizar el despojo de la nacionalidad a los nicaragüenses considerados “traidores de la patria”.
