Bogotá — El Gobierno colombiano radicó este lunes ante el Congreso el proyecto de Ley de la reforma a la salud, compuesto por 152 artículos, que se centra en el fortalecimiento de los hospitales públicos y la recuperación de la administración pública de los recursos.
“Aquí se van a requerir las capacidades del sector privado en la prestación de servicios de salud, en sus clínicas, en sus hospitales”, había adelantado más temprano la ministra de Salud colombiana, Carolina Corcho.
La reforma a salud de Petro propone un modelo mixto de funcionamiento en el que los Centros de Atención Primaria (CAP), centros especializados del servicio y las redes integrales e integradas de salud estarán conformados por entidades públicas, privadas y de orden mixto.
“El punto de entrada serán los CAP, cuya función no será solamente atender a los pacientes, sino organizar el territorio en un promedio de 25.000 personas por cada uno y distribuidos según el lugar de vivienda o trabajo”, informó el Gobierno.
Agregó que tras esta forma, los equipos médicos visitarán de manera “permanente, rutinaria y constante a las familias de dicho territorio, estén donde estén”, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible o atenderla aún en un estado primario en donde todavía sea posible salvar la vida.
“Vamos a transformar el sistema para cubrir todo el territorio nacional, sin excepciones, e incluir a todos los ciudadanos sin necesidad de tener un carnet de afiliación. La salud es un derecho y no debe ser un privilegio o un negocio”, destacó.
El documento indica que para lograr la transición a este sistema, el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) se fortalecerá para convertirse en un pagador único.
Mientras tanto, las EPS que hoy se encuentren en liquidación serán eliminadas y las EPS con estados financieros óptimos acogerán, “de manera progresiva y ordenada”, a sus pacientes para que no queden sin cobertura.
Asimismo, se fortalecerá la Nueva EPS para cubrir los territorios que por la liquidación de algunas EPS queden sin dicho aseguramiento.
“Una vez termine la transición, que se mantendrá el tiempo que sea necesario, las EPS que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar su objeto social como IPS y/o auditoras del cobro al ADRES”, informó el Gobierno.
El documento también plantea que los planes complementarios, medicina prepagada o pólizas de salud seguirán funcionando con normalidad y no serán afectados por el proyecto.
De otra parte, el proyecto apunta a la recuperación de la autonomía médica y la autorregulación, “con ética y evidencia científica”.
También “contempla incluir criterios para mejorar las condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidad para incrementar sus conocimientos y garantizar la educación continua y de actualización a todo el personal, especialmente a quienes están en territorios”.
El proyecto presentado por el Gobierno tiene el acompañamiento técnico de la comisión conformada por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud desde agosto de 2022.
Según el Gobierno, este acompañamiento tuvo como principal objetivo el desarrollo de un diálogo técnico y estratégico sobre la propuesta y el período de transición, así como compartir experiencias de otros países.
Luego de su radicación, el debate legislativo del proyecto de ley se iniciará en las comisiones séptimas de Cámara y Senado.
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