Buenos Aires — Durante la semana pasada un conflicto surgió entre el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza, gobernada por el radicalismo. La decisión de un instituto nacional de entregar a una comunidad mapuche tierras cuya propiedad hasta entonces era privada desató el enojo de la administración provincial, que ya presentó recursos de reconsideración y amenaza con ir a la Corte Suprema de Justicia. Se trata de 25 mil hectáreas.
Lo que despertó más polémica en la provincia cuyana es que las tierras en cuestión, están en la zona mendocina del bloque Vaca Muerta, que se extiende principalmente en la provincia de Neuquén, y en donde se haya el segundo reservorio de gas no convencional del mundo y el cuarto en petróleo no convencional.
Dentro de ese bloque hay tierras que están siendo exploradas por YPF, la empresa de energía e hidrocarburos más importante del país que tiene al estado como principal accionista. No obstante, las tierras otorgadas a la comunidad mapuche no coinciden con las que son propiedad de YPF.
Orígen del conflicto
Esta nueva disputa política se desató con la resolución 47/2023 publicada el pasado 26 de enero en el Boletín Oficial y firmada por Alejandro Fabián Marmoni, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza”.
Reclamo de Mendoza
El viernes pasado, el Gobierno mendocino presentó tres recursos reconsideración en contra de las resoluciones del INAI por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches.
En la presentación, el Gobierno de Mendoza argumentó que hubo irregularidades en las resoluciones, “tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la Provincia”, como también “en la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades”.
Según Víctor Ibañez, ministro de Gobierno de Mendoza, “las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”.
Entre otros aspectos, la provincia cuestionó la falta de bibliografía y antecedentes para determinar que esas tierras correspondían a comunidades mapuches y afirman que el INAI no pudo confirmar la presencia de mapuches en la provincia mendocina.
Respaldo en el Congreso
El rechazo de Mendoza a esta medida tuvo eco en el Congreso de la Nación. Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y Juntos por el Cambio citaron a Marmoni, titular del INAI, “para que explique por qué se violó la ley 26.160 (2006) al adjudicarse en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de la Provincia de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el gobierno provincial”.
Vaca Muerta en Mendoza
Parte de las hectáreas reconocidas a la comunidad mapuche integran el bloque de Vaca Muerta en el sur de Mendoza.
Son áreas en las cuales se detectaron “los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta, en el sur de Malargüe”, según la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza. “Es en la zona donde se hicieron las primeras exploraciones petrolíferas de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza”, dice la argumentación contra las resoluciones.
Según el gobierno de la provincia, una de las áreas reconocidas a los mapuches “cuenta con 23 pozos exploratorios que son operados por Emesa, empresa cuyos accionistas son la Provincia de Mendoza y sus municipios”.
En octubre del 2022, YPF anunció una inversión por US$364 millones para actividades upstream, de exploración y producción, en la zona del sur de Malargüe. Según confirmaron fuentes de la empresa a Bloomberg Línea, las áreas donde se llevarán a cabo las exploraciones, no están entre las reconocidas por la INAI a la comunidad mapuche.
