Bogotá — Las declaraciones y acciones de los diferentes ministros de Gustavo Petro no se quedaron solo en polémica y pronunciamientos en redes sociales. Pasaron al terreno penal y disciplinario.
Bloomberg Línea presenta las denuncias que hay hoy en entes de control contra miembros del gabinete ministerial y al cumplirse seis meses de la administración del primer gobierno de izquierda en la historia colombiana.
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La más reciente es la radicada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático y exconcejal de Bogotá, Andrés Forero. Se trata de una queja disciplinaria contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, ante la Procuraduría General de la Nación y por un presunto conflicto de intereses.
Lo que ha dicho Forero es que la Ministra no evidenció en el Registro de Conflictos de Interés que hizo parte de la Junta Directiva de la Corporación Latinoamericana Sur y que fue representante legal de la Federación Médica Colombiana. Y que a pesar de eso favoreció a estas dos organizaciones en la reforma a la salud que construyó.
Por lo que el congresista pide al ente de control que investigue si la jefe de la cartera de Salud violó el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.
Asimismo, el pasado 6 de febrero el concejal de Colombia Justa Libres, Emel Rojas, denunció en la Fiscalía General de la Nación a la ministra Carolina Corcho.
“Mediante una Resolución le quita la potestad a los padres de asistir a sus hijas menores de 14 años en los procedimientos de aborto, por un presunto prevaricato adicional, por violar la Ley y promover el aborto en Colombia”, señaló el concejal Rojas.
Y agregó que “no vamos a permitir que este Gobierno que dice que Colombia es la potencia de la vida, esté promoviendo y legalizando la muerte”.
Por otro lado, el 3 de febrero el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia disciplinaria contra el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, “por sus intimidantes declaraciones contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la ciudadanía de la capital colombiana y las demás obras de la ciudad”.
Y es que recordemos que el 2 de febrero el jefe de la cartera de Transporte manifestó: “Es muy claro, si no se aceptan como se ha venido diciendo que se haga, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”.
En el documento radicado por el exsuperintendente, y conocido por Bloomberg Línea, se expone que “es evidente que, con ocasión de la declaración pública proferida por parte del amenazante y extorsionista ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, este desconoció los deberes de los funcionarios públicos; incurrió en faltas disciplinarias; vulneró derechos de la ciudad de Bogotá como ente territorial; y conculcó de manera especial los derechos de todos los habitantes de la ciudad”.
Por lo que solicita que el ente de control inicie una investigación disciplinaria contra el ministro Reyes por sus pronunciamientos.
Siguiendo con la lista y por las declaraciones de la reforma a la salud y por, presuntamente, no haber dado trámite alguno al ajuste de los presupuestos máximos del 2022, fue denunciada penalmente la ministra de Salud, Carolina Corcho, por dos presuntos delitos: prevaricato por omisión y pánico económico.
La acusación fue radicada el 31 de enero por ciudadanos de la oposición y por el director del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.
En su contenido argumentan que la Ministra “prevaricó al retrasar injustificadamente el segundo ajuste a los precios máximos del año 2021 y negándose a gestionar y pagar los recursos para realizar oportunamente el pago a las EPS y EOC de los valores a su favor correspondientes al tercer ajuste de presupuestos máximos de 2021, ni ha dado trámite alguno al ajuste de presupuestos máximos del 2022″.
Adicional a eso, que “ha generado pánico económico con sus irresponsables y temerarias declaraciones sobre su intención de acabar con las EPS, llevando a los usuarios, accionistas, inversionistas y quienes prestan servicios a estas entidades a querer retirar los apoyos al Sistema de Salud que tanto beneficio han llevado a los colombianos”.
Esa denuncia fue interpuesta ante el fiscal delegado de reparto de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia.
También en esa fecha el exsenador Jorge Enrique Robledo radicó ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra la ministra de Minas, Irene Vélez, por “dar cifras falsas sobre reservas de hidrocarburos y poner firmas de funcionarios que no firmaron. Y por violar la Constitución y la Ley por no firmar nuevos contratos para buscar hidrocarburos”.
Esto en medio de la polémica que generó el informe que presentó la cartera de Minas y Energía sobre el Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa. Un documento criticado ampliamente por su contenido y frente al cual la ministra Vélez señaló no tener falsedad alguna.
