Bogotá — La firma de calificación crediticia Fitch Ratings alertó en un informe sobre los estragos que generaría en materia de inversiones y confiabilidad el plan del presidente Gustavo Petro en Colombia de asumir temporalmente la responsabilidad de fijar las tarifas de servicios públicos del hogar.
El proyecto de decreto de la Administración Petro representaría una intensificación de la intervención política para contener el aumento de las tarifas eléctricas en Colombia, dice Fitch Ratings.
La inflación cerró el año pasado en Colombia en 13,12%, la más alta del siglo, y los precios de los servicios de electricidad subieron un 22,4%, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El decreto del Gobierno se refiere a “reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142, serán ejercidas por el presidente de la República”.
El plan de Petro de fijar tarifas en servicios públicos hundió a las empresas eléctricas colombianas colombianas en bolsa luego del anuncio.
Para Fitch Ratings “las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al impedir aumentos de precios para compensar la escalada de los costes de producción”.
“La falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que no siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, los gastos de administración, operación y mantenimiento y un retorno justo sobre el capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema, así como la calidad del servicio”, dice el documento.
En este sentido, Fitch Ratings advierte que la independencia del regulador colombiano “ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas”.
Fitch Ratings prevé que la demanda colombiana de electricidad crecerá en 1.500 GWh (aproximadamente un 2%), encima del crecimiento de 2.500 GWh del año pasado.
Con lo cual se requerirían adiciones de capacidad de 1GW anual para satisfacer el crecimiento de la demanda sin presionar adicionalmente los precios de la energía.
En este sentido, recuerda que durante 2022 entraron en operación comercial 25 proyectos con 995MW de capacidad efectiva neta, de los cuales 580MW correspondieron a las dos primeras unidades del proyecto Ituango a finales del año pasado.
Ante este panorama, la reducción de inversiones en los proyectos de distribución y transmisión requeridos “podría afectar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico e incrementar las tarifas ante el riesgo de potenciales mayores pérdidas de energía y costos de restricción, especialmente en la región costera”.
“Estas presiones podrían exacerbarse en un evento climático de El Niño, en el que las actuales centrales eléctricas de gas de mayor coste marginal tendrían que ser despachadas”, dice el informe.
Es así que “un cambio estructural material en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política sigue siendo una preocupación para las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente para las empresas de distribución de gas natural y agua. Estos sectores comprenden aproximadamente el 55% de la cartera de empresas no financieras calificadas por Fitch en Colombia”.
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