Bogotá — Para lograr la transición energética que quiere el presidente Gustavo Petro para Colombia, el papel del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es primordial, principalmente porque bajo su mando están muchas de las estrategias que buscan avanzar hacia las energías renovables.
No en vano el Presidente designó para esta cartera a Susana Muhamad, una ambientalista y politóloga que ha sido parte de la plataforma Paz a la Calle y miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y que hoy, al completarse seis meses de Gobierno, plantea ejes claves en materia de yacimientos no convencionales, licencias ambientales, consultas previas y canje de deuda por acción climática.
En entrevista con Bloomberg Línea, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, se refirió a estos asuntos.
B.L ¿Cómo se ve desde la cartera de Ambiente la transición energética del Gobierno Petro?
Susana Muhamad: La transición energética, como dice el presidente, la descarbonización de la economía es un proceso fundamental por varias razones: porque Colombia es un país dependiente de la exportación de carbón y de petróleo en su balanza comercial, y también para los ingresos fiscales del Gobierno. Para nosotros no es solamente el cambio de la matriz energética, que en términos de energía eléctrica es relativamente limpia en Colombia, sino cómo remplazamos esos ingresos fiscales y los ingresos de la balanza de comercio con otros sectores productivos.
Por eso en las cumbres climáticas hemos dicho que Colombia es uno de los pocos países productores y exportadores, dependiente altamente de estas exportaciones, que está absolutamente comprometido con ese cambio y esa transición, pero para hacerla necesitamos unas alianzas mundiales. Esto no lo podemos hacer solos. Generar nuevos sectores productivos en los tiempos que nos toma la transición es un reto gigante y estamos trabajando por la posibilidad de un apoyo del G7 para esa transición decidida de Colombia.
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Yo creo que Occidente debe vernos como un país con estabilidad democrática, que quiere hacer esta transición, un país comprometido y que hace parte de las Coaliciones de Alta Ambición. Pero que a pesar de eso, pues no lo puede hacer solo. Esperamos consolidar mucho más esa cooperación internacional para el proceso.
B.L Su cartera lidera en el Congreso el proyecto de ley de prohibición del fracking y los yacimientos no convencionales en Colombia. Pero el fracking en Estados Unidos es precisamente el negocio más rentable de Ecopetrol y con un alto potencial acá. ¿Qué alternativas proponen entonces con ese nivel de rentabilidad?
S.M. Es una balanza compleja. Hay que decir primero que hoy no hay fracking en Colombia. El fracking no está contado ni en las reservas de hidrocarburos del país ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Hoy el fracking no existe en Colombia. Lo que se habla es de un potencial posible pero que no ha sido ni cuantificado ni incorporado en las cuentas futuras de los próximos 10 años en el país.
Por lo tanto, cerrar esa frontera extractivista es también poner un límite ambiental para precisamente incentivar las inversiones extranjeras y la innovación hacia las energías alternativas. Colombia es uno de los países del mundo con más potencial en esa materia, tenemos viento, sol, geotermia, y lo que necesitamos es invertir todos nuestros esfuerzos, no en ampliar la frontera extractivista sino en profundizar el conocimiento y las capacidades de este proceso. El hidrógeno verde también hace parte de esa ecuación.
Pero no es solo eso, tenemos que remplazar sectores productivos enteros. La apuesta es el desarrollo de la agroindustria como un motor económico, social y ambiental del país; y también de la reindustrialización con base en energías limpias. Yo creo que Colombia se vuelve altamente competitiva si logra una reindustrialización descarbonizada. Esa es la apuesta, eso pone a Colombia en el mapa del siglo XXI.
¿Qué pasa con cosas como el fracking? Que va a ocupar otro tipo de recursos, el suelo, el agua, es una reflexión más estratégica. En un contexto de crisis climática, donde esos recursos cada vez van a ser más escasos, es sabio profundizar los impactos del extractivismo en el territorio y profundizar nuestra dependencia económica, o más bien generar economías regenerativas, economías con base en la biodiversidad, el agua, el suelo, que nos hagan más resilientes al clima, que nos generen prosperidad.
Yo no sé si en cálculos económicos la exportación del gas del fracking o del petróleo va a compensar, pero sí estoy segura que si se meten a la ecuación los impactos ambientales, de vulnerabilidad de la población y los impactos climáticos, yo creo que la cuenta sí es negativa para el fracking. Y usar ese suelo y esa agua para otras actividades que generen resiliencia climática a la población en el fondo nos va a ahorrar no solo costos sino vidas.
BL. Qué tan fácil es esa migración hacia el hidrógeno verde y blanco, y el remplazo del hidrógeno azul?
S.M. Va de la mano de generar un potente sector de energías renovables. Multiplicar la capacidad de generación de estas energías es lo que da la potencialidad del hidrógeno verde, y el hidrógeno blanco es más sencillo porque ya se encuentra en la naturaleza, tiene técnicas de exploración y explotación similares que los hidrocarburos pero generando algo que no origina emisiones de gases efecto invernadero.
Por lo tanto toda inversión extranjera, toda apuesta económica, toda apuesta de investigación, debe ir hacia el desarrollo de esa industria y no seguir gastando recursos de inversión, institucionales… ¡porque ojo! Ni el fracking ni los otros no convencionales están probados que se pueden explotar de forma segura en Colombia. Faltaban muchos años de desarrollo y yo creo que esos años de desarrollo debemos metérselos de una vez a las alternativas. Esa también es la idea del proyecto de ley de cerrar esa puerta como una decisión política.
B.L Hablemos de otros dos temas cuyo manejo también ha resultado difícil en el país. El primero: las consultas previas, ¿cuál es la posición del Minambiente en este asunto?
S.M. Considero que el tema de consultas previas requiere concertaciones sociales de fondo a escala regional. Se ha vuelto un área de conflicto porque las consultas previas no eran realmente para una consulta de fondo a esos territorios étnicos, que los involucrara en los procesos de desarrollo que se estaban planteando, se veía más como un requisito de paso.
Nosotros concebimos que la planificación del territorio y el desarrollo de estas nuevas industrias no se puede hacer sin una gran concertación social que incluye a los territorios donde se va a desarrollar, sin una participación no solo en el empleo sino en la copropiedad de los procesos industriales de los actores que hacen parte de estos procesos. Y también de un acuerdo laboral de reconversión, porque esto implica un cambio de las formas de trabajo que tenía la industria extractiva.
Por ejemplo, si queremos que La Guajira pase de ser el principal punto de extracción de carbón, casi uno de los más grandes del mundo, a que se convierta en el gran punto potencial de la energía renovable, eso se tiene que hacer con los trabajadores del carbón, que tienen que migrar también a ser parte de esas nuevas industrias.
Hoy el Gobierno Nacional tiene una gerencia para La Guajira, que es donde hay más comunidades Wayúu, y nosotros tenemos que llegar es a una concertación general con ellos. Después sí podemos ir viendo las consultas previas en cada uno de los territorios. Pero sin ese acuerdo político de fondo creo que va a ser muy difícil el desarrollo de esto. Además el hueco de no tomar en serio las consultas previas lo que generó del otro lado fue oportunismo al usar la consulta previa como una forma de presión al Gobierno para obtener lo que el Estado Social de Derecho no estaba dando.
Es complejo pero si nosotros estratégicamente no trabajamos en eso puede ser uno de los obstáculos para avanzar en estos propósitos, pero no visto como si la comunidad fuera un obstáculo, sino que la falta de concertación social es un inconveniente. Estamos muy comprometidos en que los programas de desarrollo cuenten no con la participación nominal sino incidente en las decisiones de la gente que va a ser afectada. Por eso también el Congreso de la República ratificó el Acuerdo de Escazú, eso hace parte de ese compromiso.
B.L Y el segundo tema tiene que ver con las licencias ambientales. Negarlas como en el caso de Anglogold en la mina Quebradona ¿no desincentiva la inversión?
S.M. Lo de Anglogold tiene dos partes. La primera es que la licencia ambiental se negó en el Gobierno pasado porque estaba deficiente el estudio de impacto ambiental. Yo también quiero enviar un mensaje a los inversionistas: este es un país serio en lo ambiental y en Colombia se debe respetar la normatividad ambiental. Acá se tienen que considerar seriamente los impactos ambientales, se tiene que demostrar la mitigación, se tienen que hacer las compensaciones. Estamos fortaleciendo el sector ambiental con el sector empresarial y productivo para que todos y todas nos pongamos serios sobre eso.
Ahora, en este momento la decisión que se tomó es más estratégica. Es muy parecida a la del fracking. ¿Cuál es la vocación de un territorio? A pesar de que ahí estén los minerales ha habido todo un movimiento social de quienes quieren mantener su vocación agrícola y ecoturística, que esa es la potencialidad económica. Y hay un tema de un recurso no muy visto pero muy importante en este país porque de eso va a depender la industria del turismo, que junto con la agricultura queremos que sea una potencia turística, que es el paisaje.
Usted puede generar gran minería en diferentes sitios pero si usted va a generar la gran minería en los lugares más privilegiados de paisajes en el país, usted tiene que tomar una decisión política. No puede decir que va a fomentar el turismo de naturaleza y la belleza del país como uno de los activos más importantes y al mismo tiempo, sistemáticamente, destruir esos lugares para sacar minerales.
Eso no quiere decir que no se haga minería en Colombia y que la minería no sea importante también para la transición energética, sino que hay que tener una planificación muy cuidadosa de dónde se va a hacer esa minería, con qué consecuencias, a qué escalas, con qué técnicas, con qué actores. Y el país no ha hecho eso, el país simplemente abrió la frontera minera indiscriminadamente. Esto no lo digo yo, lo dice una sentencia del Consejo de Estado que señala que el desarrollo de la minería fue a pesar de los activos ambientales del país, pasando por encima de las comunidades y que eso tenía que corregirse, y nos da dos años para hacerlo.
Entonces parte del tema de Jericó genera un conflicto con unas inversiones pero yo creo que es más fácil si el país se ordena y es claro con los inversionistas desde el principio… en dónde planificadamente el país quiere hacer minería para que esa inversión llegue. Que el Gobierno trabaje la concertación social previamente para que cuando lleguen las empresas no estén expuestas a tomar el rol del Gobierno, que también ha pasado mucho.
B.L ¿Cómo ha avanzado la propuesta de canje de deuda por acción climática?
S.M. Tenemos conversaciones adelantadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la banca privada. Y eso tiene dos niveles: uno que es el canje de deuda concreto colombiano, que tiene que pasar por la estructuración de los programas ambientales a partir de los cuales se haría ese canje, que puede ser vía bonos de deuda pública verdes o azules que expida el Gobierno Nacional, o a través de garantías que nos den los bancos para lograr refinanciar deuda, que el cambio de esa deuda pues genere la inversión en lo ambiental.
Y el segundo, que es más político. Hemos sido muy activos en hablar con los interlocutores del G7, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), con la gran banca multilateral, y es la necesidad de la reforma al sistema financiero mundial para que responda a la crisis climática. La propuesta que pone Colombia, y que además estamos trabajando para llevar a la Cumbre que se hará en París, convocada por el presidente Emmanuel Macron, es que se haga un canje de deuda por acción climática, sistemático, para todo el mundo en desarrollo y para los países de renta media durante los 10 ó 7 años que nos quedan para cumplir las metas del Acuerdo de París.
Nos la hemos pasado hablando de la financiación para el clima, que de dónde viene esta financiación, y la respuesta en una proporción alta es más crédito. Los países hoy no tienen condiciones de asumir más deuda, ese es un punto.
O dos, de cooperación internacional que nunca va a ser suficiente. Este problema crítico de la crisis climática no se resuelve solo con cooperación internacional diciendo que esos países tienen que cumplir los compromisos que no han cumplido, pero que sí requiere la liberación como un acuerdo multilateral que no genere inflación.
Esto sería un espacio fiscal directo a los gobiernos para acción climática que permita de una vez acción directa, inmediatamente.
