Bogotá — Una constructora colombiana será intervenida por sus actividades de captación masiva y habitual de dineros del público sin la debida autorización de las autoridades, informó este jueves la Superintendencia de Sociedades.
La entidad decretó la intervención, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S. y de Jorge Peña Piñeros, en su condición de representante legal de la sociedad.
Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S. realizó varios proyectos de construcción en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).
La Superintendencia dijo que esta actuación judicial se suma a otros cinco procesos de intervención iniciados respecto de sociedades cuyo objeto social está relacionado con la prestación de servicios inmobiliarios y de construcción de proyectos de vivienda.
“El proceso de intervención judicial tiene como propósito fundamental la devolución de los dineros entregados a los captadores”, indicó la entidad.
El juez está facultado para aprehender todos los bienes de los sujetos intervenidos y es necesario que los afectados presenten sus reclamaciones al agente interventor designado, “persona facultada para decidir sobre las mismas”.
Según la entidad, los destinatarios de la devolución, hasta donde lo permita el monto del activo inventariado y valorado en el proceso, serán los afectados que reconozca el agente interventor.
“Los afectados que se presenten al proceso extemporáneamente y que sean reconocidos en esa calidad por la interventora, tendrán derecho al pago de su reclamación después de que se logren pagar las reclamaciones de los afectados que se hayan presentado oportunamente, siempre y cuando queden recursos disponibles”, indicó.
En enero la Superintendencia de Sociedades informó que durante el segundo semestre del 2022 se iniciaron cuatro procesos de intervención judicial por captación ilegal de recursos del público.
Se trataba, dijo, de sociedades que desarrollaban actividades relacionadas con la prestación de servicios inmobiliarios y de construcción de proyectos de vivienda.
“Los esquemas de captación que se han identificado, en estos casos, están relacionados con la oferta al público de rendimientos financieros sobre recursos entregados a través de la celebración de diferentes modalidades contractuales, en su mayoría, denominadas como ‘inversión de capital’, ‘préstamos de capital’ y ‘anticresis de apartamento’, entre otros.
A la fecha, en tres de estos procesos se han reconocido 1.117 afectados por la suma de $22.806 millones, en los términos del artículo 10 del Decreto Legislativo 4334 de 2008.
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