Bogotá — Las discusiones sobre la velocidad en la que debería realizarse la transición energética en Colombia toman fuerza a medida que el Gobierno trabaja en la hoja de ruta que marcará los pasos a seguir y que se espera que se divulgue en los próximos meses.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ya reiteró el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) que no se van a conceder nuevos contratos de exploración petrolera en la actual Administración.
En diciembre, el Ministerio de Minas y Energía presentó un informe en el que concluyó que los contratos vigentes le garantizarían autosuficiencia a Colombia y excedentes de recursos hasta más allá del año 2037.
Pero el documento fue cuestionado ante los presuntos errores técnicos en el cálculo de la autosuficiencia que tendría el país y por la falta de conclusiones frente a la viabilidad de los tiempos en los que se pretende realizar la transición energética.
Por ahora, el debate sobre la transición energética crece no solo en Colombia, sino en distintos mercados de Latinoamérica que hoy siguen siendo altamente dependientes al petróleo.
Para el socio sénior y líder regional de Sostenibilidad en McKinsey, Xavier Costantini, “Latinoamérica puede consolidarse como una de las regiones líderes en la transición energética”.
“Gracias a una matriz comparativamente más limpia que otras y la abundancia, variedad y calidad de sus recursos de energía renovable, Latinoamérica puede ser una de las primeras en alcanzar net zero”, dijo en el marco de la presentación del informe “La transición energética: Una agenda región por región para la acción a corto plazo”.
Para el directivo, la región “puede posicionarse como un exportador a gran escala de energía y productos sostenibles derivados de las energías renovables o biomasa – hidrógeno verde, e-fuels, materiales sustentables; así como créditos de carbono vinculados a soluciones basadas en la naturaleza – reforestación, conservación, agricultura sustentable”.
De acuerdo al informe, los combustibles fósiles representan en la región el 70% del consumo total de energía primaria, frente al 82% de media mundial, debido sobre todo a la proporción de generación hidroeléctrica.
Según las estimaciones de McKinsey, el transporte es la fuente más importante de emisiones de CO2, con un 45%, casi el doble de la media mundial (23%).
Le siguen la industria con el 28% y el sector energético con el 18% de la participación de las emisiones de CO2 en la región.
Y si bien Latinoamérica exportó 1.500 millones de barriles de petróleo en 2021 y tiene una vocación importante en los combustibles fósiles, “tiene un importante potencial renovable, tanto eólico como solar”.
De hecho, aporta el 20% de la oferta mundial de créditos del mercado de carbono, además de la producción de hidrógeno verde especialmente en países como Uruguay, México y Colombia.
Para McKinsey, estas son las seis medidas prioritarias para que Latinoamérica, incluyendo a mercados como Colombia en donde aumenta el debate, puedan avanzar hacia una transición energética más ordenada:
1. Racionalizar, acelerar y aumentar la certidumbre en la concesión de permisos para proyectos y promover marcos más sencillos para la colaboración público-privada.
2. Mejorar y estabilizar los esquemas de precios, los diseños de mercado y las garantías para reducir el riesgo de las inversiones en la transición energética y mejorar el acceso al capital nacional e internacional.
3. Introducir medidas del lado de la demanda para promover el cambio de los combustibles fósiles a la electricidad y otras alternativas energéticas eficientes en el transporte.
4. Desarrollar mecanismos y mercados regulados de seguimiento del carbono e impulsar incentivos ecológicos para descarbonizar la huella de la industria.
5. Promover la fabricación local de piezas y equipos, y exportar materias primas y productos de energía limpia.
6. Desarrollar una mano de obra regional cualificada para apoyar la transición y crear beneficios socioeconómicos.
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