Caracas — Tres semanas han transcurrido desde que la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, advertía de nuevas y próximas medidas salariales, lo que a la fecha no se ha concretado, ni siquiera tomando en consideración las protestas laborales que exigen mejores beneficios en todo el país.
Un ajuste del ingreso mínimo de los trabajadores, que ha descendido a US$5,67 desde su última actualización en marzo del año pasado, no podrá verse efectivo en los próximos meses, de acuerdo a un funcionario del Ministerio del Trabajo venezolano.
Las expectativas que crecieron desde la declaración de Rodríguez frente a una movilización de docentes afectos a la administración de Nicolás Maduro, se han ido desplomando a medida que crece la inflación en el país que experimentó un leve repunte económico, con una proyección inferior para este 2023.
El reciente estancamiento de la industria petrolera venezolana, luego de mostrar señales de recuperación, mantiene en cifras rojas las posibilidades de drásticas medidas económicas para el área social, pese a que el 77,1% del presupuesto nacional aprobado sería destinado a fortalecer dicho sector.
El último aumento del salario mínimo en Venezuela correspondía en ese entonces a medio petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos, lo que representaba US$29 (130 bolívares) según el tipo de cambio oficial, que sufrió la misma devaluación del bolívar frente al dólar, con un 75% de reducción.
Algunas consultoras financieras estimaban un posible incremento de las remuneraciones en el país a un petro, equivalente a US$60 (1.320 bolívares) durante el mes de enero, que poco a poco se fue disipando.
La firma Síntesis Financiera dijo más recientemente que el aumento del salario mínimo no se ejecutaría hasta mayo, y en su lugar, se darían aumentos progresivos de la bonificación social conocida como el ‘Bono contra la Guerra Económica’, el que es otorgado por el Estado a través del sistema Patria.
Y es que desde principios del año, los montos para los más de seis bonos entregados mensualmente a los inscritos en el sistema han sido ajustados en hasta 63,65% para enero, en un intento por contener las masivas protestas de trabajadores públicos que exigen además de mejores sueldos, la restitución de sus beneficios, con la derogación de un instructivo aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
